Ya no tan mimados

Los primeros seis meses de este gobierno dejan sobre el tapete una curiosa paradoja. Juan Manuel Santos, que llegó a la Presidencia de la República rodeado por el sector empresarial colombiano -que tenía la convicción de que seguiría la misma línea económica de su antecesor Álvaro Uribe- ha empezado a tener no pocos pulsos con los gremios económicos.

Ciertamente no se equivocaron los hombres de negocios; Santos ha mostrado que efectivamente es un hombre pro empresa privada, que sabe que para cumplir su promesa de llevar prosperidad para todos necesita de una economía pujante y en crecimiento y de un sector privado igualmente vigoroso y aliado.

Su programa de gobierno está centrado precisamente en impulsar varios sectores líderes, las llamadas locomotoras, para que las empresas se muevan en un ambiente más competitivo.

Además, Santos se ha encargado de promover la economía del país en cuanto foro internacional ha asistido y está empeñado en que Colombia integre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), lo cual le permitiría al país hacer parte del club de las economías sobresalientes.

Sin embargo, esto no parece ser suficiente para tener contentos a todos los empresarios. En los últimos meses se ha visto un descontento de algunos sectores económicos que se han sentido afectados por las decisiones que han tomado varios de los ministros del despacho. Está quedando, incluso, la sensación de que algunos comienzan a distanciarse, aunque no lo digan abiertamente.

El choque más evidente es el que sostiene el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con la banca. Varias de las medidas que se incluyeron en la reforma tributaria, aprobada el año pasado, le cayeron pésimamente al sector financiero. El gobierno buscó taponar algunos orificios por donde se estaría eludiendo el impuesto bancario (4 por mil) y eso a los banqueros les sonó terrible, porque quedó la sensación de que los estaban acusando de hacerles el quite a los impuestos, cuando ellos alegan que son el sector que más tributa en este país y que estaban actuando conforme a lo que la ley les permitía.

La verdad es que el gobierno sabía que pisaba duros callos, pero con su promesa de no subir tarifas de impuestos y la apremiante necesidad de aumentar el recaudo, no le quedaba otra que taponar huecos y eliminar exenciones. Y, en efecto, ya los ingresos por el 4 por mil se doblaron.

La hoguera terminó de encenderse con el tema de los servicios financieros. En la misma reforma tributaria el gobierno incluyó un artículo que le permite regular las tarifas cuando se presume que las entidades cometen abusos. Los banqueros creen que esto es una intervención innecesaria del gobierno en el libre mercado. Como si fuera poco, el ministro Echeverry hizo pública su opinión de que algunos bancos cobran tarifas muy elevadas por los servicios financieros, lo que no le gustó para nada a la presidenta de la Asobancaria, María Mercedes Cuéllar. En el fondo muchos lo interpretaron como que los estaban poniendo en la picota pública. Esta espinita les quedó clavada.

Otra reforma que levantó ampolla en el sector privado fue la reducción de aranceles. El decreto que incluyó rebajas en 4.000 subpartidas prendió las alarmas de productores de calzado, cuero, textileros y confeccionistas, entre otros, que consideran que el gobierno, en lugar de favorecer la producción nacional, como lo hacen otros países, los está golpeando.

El argumento del gobierno es que acudió a este ajuste arancelario como una medida para frenar la revaluación del peso y buscar mayor competitividad. Pero los empresarios no lo entendieron así y pusieron el grito en el cielo, pues sintieron un duro golpe. "Al final nos quedamos con revaluación y con reforma arancelaria, que afecta a toda la cadena textil", dijo un empresario del sector, muy molesto.

Y ni qué decir del disgusto que sienten los empresarios del sector minero, una de las locomotoras del desarrollo y que fue 'mimado' por el gobierno Uribe. Pocas semanas después de arrancar el gobierno Santos, empezaron las fisuras. La chispa surgió al ser eliminada la deducción del 30 por ciento del impuesto sobre la renta por la reinversión en activos fijos (una 'gabela' introducida por Uribe), el ajuste del esquema arancelario y la fijación de una retención en la fuente para pagos de deuda en el exterior. Todos los empresarios mineros pusieron el grito en el cielo, con el argumento de que esas medidas aumentaban sus costos de operación de manera significativa, cuando ellos son prácticamente el sector que está sacando la cara en el Producto Interno Bruto.

La preocupación llegó a tal punto que decidieron crear su propia vocería, alterna a la de la Andi, gremio que tradicionalmente reunió a las grandes mineras del país. En esa tarea pusieron a Claudia Jiménez, quien había trabajado como asesora del presidente Uribe en temas económicos y ahora dirige el Sector de la Minería a Gran Escala, instancia que defiende los intereses de estas empresas.

Varios empresarios mineros locales y extranjeros han manifestado que, si las medidas no se ajustan, eso podría obligarlos a revisar sus planes de inversión en Colombia. Para Claudia Jiménez, la competitividad requiere estabilidad en las reglas del juego y esas reglas han venido cambiando últimamente.

Otra relación que se rompió en las primeras de cambio de este gobierno fue la de los floricultores con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar. El año pasado, el ministro denunció públicamente el mal uso de algunos de los apoyos dados por el gobierno al sector floricultor y eso provocó una airada protesta de Asocolflores, gremio que los agrupa. El asunto es que, después de lo sucedido con Agro Ingreso Seguro (AIS), el ministerio fue mucho más severo con las exigencias para otorgar apoyos con dineros públicos. La relación se mantiene resquebrajada porque los floricultores consideran que el gobierno los presentó como un gremio que se acostumbró a pedir y que mientras Uribe les daba la mano, este gobierno los señala.

Si bien a muchos empresarios les molesta que algunos ministros hicieran públicas las discrepancias, la verdad es que, hasta el momento, todos estos rifirrafes con el sector privado no habían pasado de los titulares de prensa. Pero, la semana pasada, el enfrentamiento de los empresarios del transporte de carga por carretera con el ministro Germán Cardona llegó a los hechos, con la salida a paro de miles de camioneros.

Este es el primer gran pulso del presidente Juan Manuel Santos con un sector clave de la economía. La causa es la decisión del gobierno de eliminar la tabla de fletes, un mecanismo considerado obsoleto para fijar los precios para la movilización de carga por carretera.

El ministro Cardona decidió darse la pela con este tema, que les había traído muchos dolores de cabeza a sus antecesores en esa cartera. El presidente Santos ha apoyado a su ministro y advirtió a los empresarios que no aceptará las presiones de paro. Este pulso medirá la firmeza del gobierno para sacar adelante una reforma que el país está en mora de hacer y que le ha quitado competitividad.

Y la verdad es que hasta el momento Santos ha mostrado que no le tiembla la mano para tomar medidas que pueden pisar poderosos intereses. Lo demostró con la revisión del reajuste del salario mínimo de 3,4 al 4 por ciento, un hecho sin precedentes en el país.

Eso disgustó tanto a los empresarios que hacía mucho tiempo no se veía al presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, reaccionar críticamente contra un gobierno. La decisión denota, dijo el dirigente gremial, una cierta precariedad de las reglas de juego. Para Villegas, esto afectará la confianza sobre las decisiones del equipo económico del gobierno. "¿Qué tal que hubiéramos llegado a un acuerdo entre centrales y gremios para ajuste del salario mínimo y la inflación hubiera sido otra cosa? ¿También hubiera el gobierno decidido otra cosa?", se preguntó, muy molesto, el dirigente gremial.

Muchas otras decisiones han generado malestar en el sector industrial. Se sabe que no les ha caído bien que mientras ellos ofrecieron eliminar una de las gabelas más atractivas que les había dado Uribe, la exención del 30 por ciento al impuesto sobre la renta por reinversión de utilidades, el gobierno Santos no ha cumplido con todo lo que prometió. Por ejemplo, el gobierno les anunció el desmonte de la sobretasa del 20 por ciento de energía, pero finalmente lo difirió a dos años y, según las cuentas de muchos industriales, el impacto en 2011 será mínimo. En cambio, con la emergencia económica por el invierno salieron clavados, porque serán los grandes aportantes de los recursos para la reconstrucción del país.

¿Será este el comienzo del fin de la luna de miel del gobierno con el sector privado? Es difícilmente concebible que un hombre surgido del seno de la empresa privada vaya a enfrentarse con el sector de una manera definitiva. Es evidente que hay diferencias, pero quizá deban atribuirse más bien a un cambio en el estilo de relacionarse con el sector privado, que viene de una luna de miel de ocho años.


Diferencias de forma y no de fondo

Para muchos observadores de la realidad del país, lo que se está evidenciando es un cambio en el estilo del gobierno para relacionarse con el sector privado.

Uribe fue un presidente pro empresa y pro mercado, muy generoso con el sector privado. Algunos piensan que se le fue la mano en las gabelas que dio en el marco de su política bandera de confianza inversionista.

Dentro de su estilo particular de relacionarse con el sector privado, a Uribe le gustaba reunirse con los empresarios directamente y hay quienes afirman que les consultaba las decisiones antes de tomarlas y, muchas veces, hasta ajustaba sus medidas para no desestimularlos. "El gobierno de Uribe nos escuchaba aunque no hiciera lo que pedíamos. Los ministros de Santos ni nos escuchan", dijo un industrial consultado.

Los empresarios se sintieron tan identificados y bien tratados por el gobierno anterior que en las asambleas gremiales Uribe salía casi a hombros.

Con Santos las cosas han sido distintas, y este gobierno no se ha mostrado tan complaciente con ellos. A diferencia del anterior, no es fácil acceder a conversar con el presidente. Varios de los rifirrafes han sido ventilados públicamente por los ministros. Y se han tomado algunas medidas que, evidentemente, no le gustan al sector privado.

Para muchos, la diferencia es más de forma que de fondo, pues Santos viene de la empresa privada y sabe cómo apretar y hasta dónde hacerlo. Por ejemplo, pese a la discusión pública del ministro Echeverry con los banqueros, el gobierno revisó la metodología para calcular la tasa de usura, vieja demanda del sector. Y aunque ha sido tajante frente a no aceptar la presión del paro camionero, dio un mes para discutir el decreto que eliminó la tabla de fletes.

Para sacar las reformas económicas que son difíciles, el gobierno tiene que apretar duro al principio, pero sabe que luego tendrá que hacer las paces. Un elemento que puede estar tras algunas decisiones que le tocan el bolsillo a la empresa privada es la urgencia que tiene el gobierno por conseguir cuantiosos recursos para atender la catástrofe del invierno.

Santos es perfectamente consciente de que necesita al sector privado como aliado. Eso lo ha demostrado con la emergencia invernal, llamando a empresarios que participaron en la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1998, para que ayuden en la atención de la emergencia invernal actual. El hombre llamado a gerenciar los dineros para las obras viene justamente del sector privado, el expresidente de Bancolombia Jorge Londoño.

Es un hecho que a Santos no le conviene que se generen esos descontentos en el sector privado, ni quiere que haya roces entre sus ministros y los empresarios. Se sabe, por ejemplo, que, en el caso del enfrentamiento de la banca con el ministro de Hacienda, no quiere casar peleas con el sector financiero. Aunque esto le ha dado réditos frente a la opinión.

Lo cierto es que después de ocho años en los que el sector empresarial fue el gran mimado del gobierno, no es raro que ahora brinque con un pequeño apretón.