Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/12/26 22:00

Zidres o la apuesta del campo

Más que un nuevo modelo agrario, las llamadas Zidres podrían ser una herramienta para destrabar la inversión en el sector rural. El reto está en cómo ponerla en marcha.

De acuerdo con el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, impulsor oficial de esta iniciativa, se necesitará un gran gerente de las Zidres para ponerlas a marchar rápidamente. Foto: Alejandro Acosta

El proyecto de Ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Rural (Zidres) -aprobado por el Congreso al cierre de 2015- podría ser la señal que esperaban los inversionistas para retomar su interés por el campo colombiano. No es un secreto que todos los proyectos agroindustriales que surgieron en los últimos cinco años se quedaron engavetados ante la falta de claridad jurídica para invertir en el sector rural. Entre ellos, la altillanura, la zona que podría convertirse en la gran despensa agrícola del país.
Este frenazo se debió, básicamente, al espinoso tema de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) que determina la extensión de tierra considerada vital para que una familia sobreviva dignamente. La Ley 160 de 1994 impide a los inversionistas adquirir más de una UAF de terrenos que fueron baldíos, lo que según los expertos acaba con cualquier iniciativa agroindustrial de envergadura en zonas que requieren enormes inversiones.

Pues bien, con las Zidres se busca despejar esa incertidumbre jurídica en torno a la propiedad de la tierra, pero también hacer más fácil a empresarios y campesinos explotar en forma colaborativa áreas de difícil acceso y producción costosa.

No fue fácil su trámite en el Congreso. A pesar de sus claros objetivos, recibió una dura crítica del Polo Democrático. El senador Jorge Robledo, quien presentó ponencia negativa, dijo en contra del proyecto que este pretende concentrar aún más la tierra en Colombia “a favor de magnates nacionales y extranjeros en uno de los países con mayor concentración de la tierra en el mundo”. Según el parlamentario, con esta ley se está modificando el régimen de baldíos “usando la estrategia del ocultamiento”.

Para el sector privado, las Zidres abren la posibilidad de hacer agroindustria en Colombia, algo que ha sido muy difícil de concretar. El presidente de la SAC, Rafael Mejía, cree que con esta ley se podría destrabar la inversión en el campo que debe ser la prioridad del país para garantizar la seguridad alimentaria.

El proyecto ha comenzado a despertar interés entre los inversionistas. Tan pronto lo aprobó el Legislativo, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, a quien el gobierno designó para impulsar esta iniciativa ante el impedimento del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, recibió las primeras llamadas de empresarios interesados en conocer el alcance y las posibilidades de estas zonas especiales.

Las zonas del futuro

De acuerdo con la nueva ley, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), del Ministerio de Agricultura, definirá las Zidres. La delimitación de cada zona y el plan de inversiones privadas y públicas para desarrollarla deberán estar consignados en un documento Conpes.

Para ser aprobadas, las Zidres deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos que sean áreas geográficas aisladas de los centros urbanos más significativos y que su productividad sea mínima. Que tengan baja densidad poblacional y altos índices de pobreza. Que carezcan de infraestructura mínima para transportar y comercializar los productos, y que, por sus condiciones, resulten inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar. En general, que requieran inversiones elevadas para adecuar la tierra.

Teniendo en cuenta estas características se estima que podría haber Zidres, además de la altillanura, en La Guajira, el sur de Bolívar, la Mojana y el Urabá chocoano, Caquetá y Putumayo, entre otras.

Los particulares podrán proponer para dichas zonas proyectos asociativos que vinculen a los campesinos y el gobierno se compromete a otorgar estímulos especiales, como bienes públicos, es decir, carreteras, distritos de riego, investigación, acceso al crédito, entre otros. La tierra necesaria para los proyectos podrá ser propia, arrendada o entregada en concesión. Jorge Enrique Vélez señala que una de las novedades de esta ley es que prioriza la producción de la tierras sobre la propiedad de la misma.

Así, para ejecutar los proyectos productivos se podrá solicitar al gobierno la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual de bienes inmuebles de la Nación ubicados en las Zidres (como los baldíos). Estas personas pagarán una especie de canon de arrendamiento que entrará a un nuevo Fondo de Desarrollo Rural y Económico.

Si pasan tres años desde que el ministerio autorizó el proyecto, y la empresa asociativa no lo ha comenzado en todo o en parte del área autorizada, se configurará una causal de terminación del contrato. En ese caso deberá devolver a la Nación el predio y pagar como sanción pecuniaria un porcentaje equivalente al 5 por ciento del valor del proyecto.

Estar en una Zidre representa beneficios, siempre y cuando se inscriban ante el Ministerio de Agricultura y se promueva la asociatividad con campesinos y trabajadores agrarios, con el fin de transferirles tecnología y mejorar su calidad de vida.

Para algunos, el mayor beneficio de esta ley es que plantea un nuevo marco jurídico hacia futuro. En esencia despejaría, de una vez por todas, el debate que se abrió en el país sobre la aplicación de la Ley 160 de 1994, relacionada con la acumulación de las UAF.

La nueva norma señala que no podrán adelantar proyectos productivos dentro de las Zidres las personas jurídicas o naturales que ostenten propiedad sobre bienes inmuebles adjudicados como baldíos después de la expedición de la Ley 160 de 1994, que excedan los límites de las UAF y en cuyos títulos de adquisición estén consignadas las prohibiciones y limitaciones que señala esa norma (incisos 9 y 14 del artículo 72 de la Ley 160).

En otras palabras, se ratifica que la Ley 160 no es retroactiva, y que los predios de antes de 1994 no están sujetos a la limitante de la norma. Hay quienes sostienen, sin embargo, que no se despeja completamente el debate sobre los baldíos.

Lo cierto es que si Colombia logra poner en marcha estas zonas y desarrollar allí proyectos agroindustriales, hará una gran contribución a la seguridad alimentaria, no solo del país, sino del planeta.
Como se sabe, el potencial agroindustrial colombiano es inmenso. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO– el mundo necesita incorporar 3,75 millones de hectáreas nuevas de ahora a 2030 si se quiere atender la mayor demanda de alimentos. Según la entidad, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada solo en siete países tropicales, entre los cuales está Colombia.

El desafío es inmenso. De 22 millones de hectáreas consideradas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial, Colombia solo está usando productivamente cerca del 24 por ciento. En contraste, países como Estados Unidos y en la Unión Europea utilizan el 97 por ciento de sus tierras aptas.

Ahora bien, en el papel las Zidres suenan muy bien. El reto está en su implementación y en su reglamentación, para lo cual se han fijado seis meses de plazo. Hay quienes piensan que los procedimientos de inscripción, aprobación y seguimiento de los proyectos podrían complicar las cosas. Javier Hoyos, de la firma Gestión Legislativa y Gobierno, llega a sostener que “esta nueva ley podría no pasar de su texto escrito, dada la complejidad y el costo de su implementación”.

Pero si el gobierno logró, contra viento y marea, sacar adelante este nuevo modelo de desarrollo rural, lo peor que le podría pasar sería dejarlo en el papel. Además de todo lo anterior, porque como están diseñadas, las Zidres podrían jugar un papel muy importante en el posconflicto que ya está encima.

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