'Consultitis' aguda

¿Qué tienen en común el tercer canal de televisión, el aeropuerto El Dorado, Isagén y la ETB? Que son negocios multimillonarios, que de una forma u otra están embolatados y que su suerte está en manos de un juez.

El caso más reciente es el de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).Un juez atendió una acción popular y ordenó congelar el proceso de búsqueda de un aliado estratégico.

En el caso del tercer canal de televisión, el gobierno está a la expectativa de un concepto del Consejo de Estado para saber si el Grupo Planeta puede participar de la licitación, a pesar de que tiene una licencia vigente a través de Citytv.

Algo similar pasa con la venta de un porcentaje de Isagén, proceso que le podría dejar al gobierno ingresos por más de tres billones de pesos. El gobierno, como en el caso anterior, decidió elevar una consulta al Consejo de Estado para que éste le responda si puede o no venderles a las Empresas Públicas de Medellín (EPM). El gobierno no tiene claro si con esa venta provocaría una concentración indebida en el mercado energético por tener EPM una posición dominante.

La incertidumbre es peor con el aeropuerto El Dorado. El Ministerio de Transporte le hizo una consulta también al Consejo de Estado para saber si puede hacer unos cambios en el contrato de concesión. La respuesta del Consejo de Estado dejó más dudas que certezas, entre otras porque el Ministerio no preguntó explícitamente si podía hacer el cambio para permitir tumbar el edificio actual del terminal aéreo y por eso hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

¿Qué es lo que está pasando? No es simple coincidencia que sobre estos importantes negocios haya tantas dudas jurídicas. Tal vez con excepción de la ETB, en el que la acción popular es una manera del sindicato de poner un palo en la rueda a un proceso de indiscutible importancia, en los otros tres casos las consultas al Consejo de Estado son un intento del gobierno de blindar a los funcionarios encargados de tomar decisiones polémicas.

Esas dudas jurídicas debieron resolverse desde el principio, para evitar la incertidumbre actual. Por ejemplo, ¿por qué ninguno de los responsables se preguntó desde el comienzo si el Grupo Planeta podía participar en la licitación del tercer canal? O ¿por qué en el caso de Isagén se inventaron a última hora una salida creativa pero complicada jurídicamente, si ya el proceso de privatización abierto estaba a punto de oficializarse? ¿Por qué seguir alargando el debate sobre el aeropuerto cuando hay urgencia de avanzar en las obras? Es claro que en todos estos negocios faltó previsión.

No es casualidad que asuntos tan importantes estén enredados y a la espera de un pronunciamiento legal. La estrategia del gobierno de recurrir a los conceptos del Consejo de Estado parecen no estar resolviendo los temas de fondo, en algunos casos porque esos intentos de hacerles modificaciones a los meganegocios entrañan ciertas licencias non sanctas con la norma.

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