Desafortunadamente, en Colombia toca pensar mal para entender que muchas de las nuevas metodologías o maneras de hacer controles conllevan siempre veneno: el de tener por detrás alguien haciendo negocios por cuenta del Estado y, por ende, de todos los colombianos.
Todavía recuerdo cuando se instauró a principios del siglo lo que se llamó la “revisión tecnomecánica y de gases”, la cual tenía todos los sentidos. De hecho, en casi todos los países del mundo existen medidas parecidas. En lo que nos diferenciamos con el resto del mundo es que una medida buena termina convertida en una mina de oro para determinadas personas.
Hoy en día, el llamado Clan Torres, una familia de la Costa, es el mayor beneficiario de esta medida. Tiene centros de diagnóstico automotriz (CDS) por todo el país y, como el número de carros aumenta año a año, el negocio cada día se pone mejor.
Las estimaciones de evasión en carros y motos de esta revisión son del 57 % y el 75 %, respectivamente, un monto altísimo. Aun así, es un negociazo para el clan, que tuvo plata hasta para regalar en la campaña de Petro en 2022 y, por cuenta de ese poder, hoy en día tiene hasta bancada parlamentaria. Una norma con esa evasión debe mostrar lo vergonzoso para un Estado por no haber podido hacerla funcionar.
Imagínense cómo estarían si la evasión bajara a un 20 %.
Algo parecido pasa con las máquinas de fotomultas. Es claro que incumplir el límite de velocidad debe acarrear sanciones, así pasa en todo el mundo. Lo que no pasa en todas partes es que los grandes beneficiados de que se incumplan las normas terminen siendo unos particulares que pusieron el negocio. Hoy en día, muchas ciudades en Colombia y la mayoría de los principales corredores viales tienen cámaras de velocidad. Muchas de ellas colocadas irracionalmente. No es fácil bajar de 100 km/h a 30 km/h en una autopista con carros por todos lados.
Generalmente, el negocio funciona de la siguiente manera: un particular, que es el que se gana el negocio ante una ciudad, municipio o departamento, hace la inversión tecnológica de las cámaras, se las entrega a la entidad y la forma de pago del costo de estas es un porcentaje de lo que recaudan. Este porcentaje varía dependiendo de cada contrato, la duración, etc. En algunos casos, la administración y revisión también dependen del contratista. Claramente, existe un conflicto de interés en que haya muchas multas, ya que así gana más plata, cuando lo que deberían buscar estas cámaras como objetivo es que se reduzca la accidentalidad y se respeten las normas.
El Ministerio de Transporte debe poner los ojos en esta clase de negocios u operaciones, ya que muchas veces no logran los objetivos. Terminan beneficiando a empresas y personas a las que les interesa todo menos el bien de la población.
Siempre he pensado que las normas que se crean para generar mejor convivencia o seguridad de la población deben ser amables y cordiales. No pueden convertirse en una manera de sacarles más recursos a los ya sufridos ciudadanos que pagan impuestos hasta por respirar. Más aún cuando al parecer los datos y estadísticas no muestran que hayan servido para bajar la accidentalidad.