Siempre nos han dicho que los bienes escasos son los que en el futuro tendrán mayor valor, más aún si no son reemplazables. Eso es lo que pasa con la tierra. Cada vez vale más y a veces, exageradamente dependiendo donde se encuentre; ciudades como Nueva York o Londres tienen metros cuadrados cada vez más costosos. En Colombia, algo parecido viene sucediendo.
El valor de la tierra depende de diferentes factores. Obviamente, su ubicación es relevante, como también lo es la calidad de la misma. Pero lo que la hace más o menos costosa es el uso que se le puede dar, qué se puede hacer en el terreno.
Entonces, al final quien pone el precio de la tierra es el legislador, el que hace las normas. Define por ende, si se puede construir o no; hasta qué altura se puede hacer, y qué se puede hacer, si vivienda, comercio, recreativo, agrícola, etc.
Todo esto ha dado pie a que en muchísimos municipios de Colombia se haya vuelto común un delito que se llama el volteo de tierras. Este consiste en cambiar el uso de la tierra para darle un mayor valor, así dicho cambio vaya en contravía del bien común y del futuro del mismo municipio o ciudad.
Uno de los casos más sonados de este volteo de tierras se ha dado en la Sabana de Bogotá. Municipios con clara vocación agrícola y ganadera se han convertido en ciudades dormitorio o centros industriales. Esto sin tener en cuenta las condiciones mínimas de seguridad, transporte, vías, servicios públicos adecuados y sostenibilidad ambiental. Todo esto sin entrar a mirar todo lo concerniente a la seguridad alimentaria.
¿Pero por qué funciona en la práctica ese volteo de tierras? Porque en ese delito trabajan bastantes actores, todos ellos igual de culpables. Aquí no se salva uno. Ni el dueño original de la tierra, ni el constructor, ni el alcalde y, mucho menos, los concejos municipales que se prestan para hacer los cambios normativos.
Las diferencias de precios del metro cuadrado de la tierra dependiendo del uso son tan abismales, que los recursos que se alcanzan a mover en un ilícito de estos da para todo y para todos. Si una hectárea de tierra usada para ganadería en la Sabana puede costar $ 500 millones, la misma utilizada para vivienda puede tener un costo veinte veces mayor, es decir $ 10.000 millones.
Este delito se ha cometido en muchísimos municipios del país, no sólo en la Sabana de Bogotá. También se presenta en municipios de Cundinamarca, Santander, la Costa Atlántica, y por cuenta de esto, se han vuelto tan costosas las campañas políticas para llegar a alcaldías de municipios pobres y pequeños, pues los políticos y los contratistas corruptos saben que los recursos invertidos se recuperan rápidamente.
Aunque estos bandidos llevan más de 20 años haciendo de las suyas, el delito no ha parado, más bien se ha sofisticado. Las autoridades y los organismos de control deben parar muchas más bolas a los planes de ordenamiento territorial de los municipios, así como a su manejo y a los cambios que se realicen. Existen unas mafias cada vez más poderosas que manejan este negocio. En muchos casos son los gobernantes actuales quienes, por ese poder económico, han logrado enquistarse por años en el poder.