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| 5/25/2017 6:40:00 PM

Capturan a la rectora de la Unisinú por desviar fondos para la ciencia

La Fiscalía señaló de delitos relacionados con el mal manejo de dineros del Sistema General de Regalías a la rectora de la Universidad del Sinú, María Fátima Bechara Castilla y otras cuatros personas.

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Semana Educación

En el momento en el que el país atraviesa una etapa de recorte presupuestal en ciencia, tecnología e innovación, la Fiscalía General de la Nación destapa un escándalo de presunta corrupción en el que está implicada la rectora de la Universidad del Sinú, María Fátima Bechara Castilla, por irregularidades en dos convenios financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Según el ente acusador, la rectora de la Universidad del Sinú fue capturada y trasladada a Bogotá, junto con su hermana Mara Graciela Bechara de Zuleta, y también con el representante legal de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia “George Dahl”, el representante legal de la empresa Conservación y Desarrollo Forestal (CDF) y un profesor de la Universidad de Córdoba, quienes deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión.

¿Cuáles son esos convenios?
Se trata del convenio denominado “Caña flecha” que plantea “El Desarrollo e investigación aplicada al modelo experimental sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías derivadas de la caña flecha del departamento de Córdoba”. Este fue suscrito en diciembre de 2013 entre la Gobernación de Córdoba, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia “George Dahl”.

El costo total de dicho convenio fue cerca de 3.000 millones de pesos, y la suma girada fue de $2.751.014.220. Pero, de acuerdo con con un informe de la Contraloría, las irregularidades se evidencian en que, a pesar de que el avance financiero de este convenio a diciembre de 2016 fue del 95 %, el avance físico solo fue del 30.5%.

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El segundo convenio señalado fue denominado “Agroforestal”, que tenía como objetivo la “investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en el Departamento de Córdoba”. Este convenio fue celebrado en 2013 entre la Gobernación de Córdoba y la Universidad del Sinú, que otorgó poder a la Fundación para la Conservación y Desarrollo Forestal (CDF).

Su costo fue $7.659.860.291 y fue financiado con $6.824.199.068. Sin embargo, fue similar al convenio anterior, la Contraloría encontró que a pesar de que se giró el 91 % de los recursos a diciembre de 2016, el avance físico del proyecto solo fue del 42.5 %.

En la rueda de prensa que dio la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, sobre capturas en Córdoba, operación que hace parte de la Jornada Anticorrupción, dentro del Plan Bolsillos de Cristal, en total, por los dos convenios se pagaron $9.575.213.000 que giró el Sistema General de Regalías, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, dinero que no se vió reflejado en los proyectos finales de los dos convenios.  Por lo que la Fiscalía tiene la hipótesis de que hubo apropiación de recursos hacia terceros.

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¿Qué dice la Universidad del Sinú?
A través de un comunicado de prensa, la comunidad académica de esta universidad, aseguran que respaldan de manera incondicional a la rectora y representante legal de la universidad, María Fátima Bechara y Mara Bechara de Zuleta, su hermana,  con  la seguridad de que “sus actuaciones dentro de la ejecución de los convenios es transparente y  apegada a la ley, y a  la más estricta ética en el manejo de los  dineros públicos y de los negocios”.

Por un lado aseguran que en lo que respecta al convenio Agroforestal”, si bien la Universidad del Sinú participó de la formulación y celebración del convenio, como allí está establecido, “ella (Unisinú) no ha recibido recurso alguno para la ejecución de las actividades del convenio como lo afirma la Contraloría”.

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En cuanto al convenio denominado “Caña Flecha”, los recursos no invertidos en las actividades en ejecución, “se encuentran depositadas en las cuentas ordenadas por la ley en el Banco de Bogotá,  tal como se viene acreditando en informes presentados a la Gobernación de Córdoba y a la Contraloría. Además, la institución asegura que, “el proyecto tuvo retrasos por la ocurrencia de fenómenos naturales que ocasionaron daños en el material vegetal”.

Con corrupción y sin presupuesto, no hay ciencia
En 2014 el presupuesto de ciencia y tecnología en el país fue de 414.000 millones de pesos. Un monto que fue reducido hasta los 333.000 millones en 2015 y que en 2016 apenas alcanzó los 284.000 millones.

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Aunque, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció en marzo la consolidación del programa “Colombia Científica”, por el que busca apoyar ocho programas de investigación por un valor de hasta de 19 mil millones de pesos cada uno, Nohora Elizabeth Hoyos, fundadora de Maloka y una de las principales impulsoras de la ciencia en el país, los recursos son todavía insuficientes y el más afectado sigue siendo Colciencias.

Ante este panorama, el desarrollo científico del país sigue causando polémica, esta vez no por la falta de presupuesto, sino por la presunta corrupción de una comunidad académica que se apropió de dinero para la investigación científica en Córdoba y la desvió a terceros.

Una jugada que afecta a muchas universidades que luchan cada año por un aumento la financiación y políticas de largo aliento.

Según indicó Óscar Gualdrón, director de Fomento a la Investigación de Colciencias, en el Foro de Regalías realizado por la Universidad del Rosario, Colciencias requiere 3,7 billones de pesos para actividades de investigación y desarrollo; 1,4 billones para innovación empresarial y transferencia de conocimiento y 290 mil millones para crear cultura. Cifras que hasta el momento son imposibles de cumplir por el gobierno que se propuso destinar en ciencia, tecnología e innovación el 2 % del PIB en 2015 y a día de hoy solo invierte entre el 0,2 y el 0,5 %.

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