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| 3/4/2015 10:40:00 AM

Capturan a Mariano Alvear, dueño de la U. San Martín

El ente acusador había solicitado su captura y las de otros dos exdirectivos de esa institución.

A puerta cerrada, en las instalaciones del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, la Fiscalía solicitó este miércoles que se ordenaran las capturas contra tres exdirectivos de la Fundación Universitaria San Martín por las presuntas irregularidades administrativas que llevaron a la suspensión del servicio educativo en ese plantel. Se trata de Mariano Alvear, fundador de la institución; Juan Carlos Mahecha, y Ricardo Caballero, representantes legales.

En efecto, el juez dio la orden y de inmediato fueron capturados Mariano Alvear y José Ricardo Caballero, quienes hacían parte de la mesa directiva de la Universidad San Martín. Según las pruebas, ellos participaron en el desvío de dinero a empresas particulares de la familia Alvear.

Fuentes de Semana.com informaron que Alvear fue capturado en el condominio El Peñón, en Girardot. Los tres detenidos serán imputados por el delito de estafa masiva, falsedad en documento público y fraude procesal. Estos delitos les podrían traer una condena hasta de 15 años de cárcel.

La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró en la mañana de este miércoles que con esta solicitud del ente investigador se le manda un mensaje muy importante al país: con la educación no se negocia ni se juega. "Nosotros pusimos las denuncias penales correspondientes porque ahí (Fundación Universitaria San Martín) estaban ocurriendo no sólo irregularidades sino ilegalidades, ilícitos que estaban en el código penal", sostuvo.

Desde enero de este año la Fiscalía avanzaba en la investigación. Lo que hasta ese momento se había podido constatar es que desde el centro educativo se falsificaron documentos de algunas entidades y autoridades públicas -como el Icetex, la Secretaría de Hacienda de Bogotá y varios juzgados- para levantar los embargos que tenían parte de sus bienes, por sus continuas deudas, y finalmente evadir la responsabilidad.

Una vez desembargados los inmuebles podían venderlos o “enajenarlos” y así se evitaban perderlos y entregarlos.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía en ese momento, habría por lo menos ocho fraudes de este tipo y es tan recurrente el tema, que se evalúa la posibilidad de incluir el delito de concierto para delinquir. El fraude procesal tiene una pena entre cuatro y ocho años.

Desde noviembre pasado la San Martín está en medio del huracán, luego de que trascendieron denuncias sobre supuestos desvíos de recursos y el Ministerio de Educación anunció que la suspensión de matrículas para el primer semestre del 2015. A principios de febrero esta cartera nombró un nuevo plénum para que se hiciera cargo de la institución y el pasado viernes se anunció la reapertura de los programas a distancia, que benefician al 70 % de los estudiantes.

Sin embargo, los alumnos de la modalidad presencial y los trabajadores sienten que siguen en el limbo. Esta semana se anunció que se radicará ante la cartera de Educación una petición para que se decrete la emergencia social de la universidad, precisamente porque consideran que la situación aún es preocupante.

De hecho, hace ocho días, Germán Sierra, rector designado, denunció que las deudas de la universidad podrían ascender a 200.000 millones de pesos. Sin embargo, en una entrevista concedida a Semana Educación, Alvear insistió en que los pasivos de su institución alcanzaban 42.000 millones. Pusimos las denuncias penales correspondientes porque ahí estaban ocurriendo no sólo irregularidades sino ilegalidades, ilícitos que estaban en el código penal. Por ejemplo, había un presunto enriquecimiento ilícito, había una presunta estafa masiva a los estudiantes. Esto es un mensaje muy importante para mandarle al país y es que con el derecho a la educación no se juega. Si alguien quiere hacer plata, si alguien es mercader, es negociante, está en todo su derecho pero no el sector educativo colombiano. 
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