Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/06/30 18:00

¿Hasta cuándo la corrupción en el Catatumbo?

Solo el secuestro de Salud Hernández movilizó a los medios de comunicación al Catatumbo. Pero la región lleva años en crisis educativa y el abandono estatal se mantiene.

¿Hasta cuándo la corrupción en el Catatumbo? Foto: Asociación Minga
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Semana Educación

“Vinieron los periodistas con lo del tema de Salud y nosotros les contamos nuestra historia, pero no les interesó. Parece que si no le pasa algo a una persona importante, el resto no importa”. Quien habla es un profesor de un colegio rural en Tibú, Norte de Santander.

Él, junto a sus colegas de profesión, lleva años denunciando la corrupción que existe en la región del Catatumbo en torno a la educación. Abandono estatal, niños fantasmas, cifras presupuestarias infladas, infraestructura deficiente, estudiantes que no reciben los refrigerios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y condiciones laborales precarias para ejercer la docencia.

“El Gobierno se ha mantenido al margen, como si no existiéramos. Merecemos ser escuchados y tratados de la misma manera”, se lamenta otra docente de una vereda de Convención. Para ella, al igual que para el resto de sus compañeros de profesión con los que habló Semana Educación, el origen de la precariedad del sistema educativo en la región, además del abandono estatal, se debe al mantenimiento del modelo de contratación de servicio educativo con empresas privadas. Lo que coloquialmente se conoce como tercerización.

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En particular, la que mantienen las autoridades del departamento de Norte de Santander con Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, que tiene el monopolio de la contratación terciaria en la región y a la que la Secretaría de Educación del departamento lleva años girando dinero del Ministerio de Educación (MEN) para prestar servicio educativo. Y eso a pesar de que está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación por presunta corrupción.

Fue en marzo de 2016 cuando la cartera que dirige Gina Parody denunció las irregularidades que rodean su gestión, por la que solo en 2015 recibió 54.000 millones de pesos. La ministra aseguró entonces que el 28 % de esa plata (9.151 millones), se destinó a gastos administrativos “que no se pueden justificar”. También que faltaban 17.000 millones de pesos para pagar la nómina de los docentes y que del total de niños que había reportado la corporación y por los que había recibido otro monto de 10 mil millones, 3.959 no existían. Eran “alumnos fantasma”.

Por todo ello, el MEN radicó una querella contra este operador que está en manos de la Fiscalía. “Son ellos los que tienen que determinar si existe alguna responsabilidad. También la Secretaría de Educación del departamento, porque son ellos los que contratan. Nosotros llegamos hasta donde podemos, que es poner en conocimiento de las autoridades este tema”, comentaron responsables del ministerio a esta publicación.

Pero, a pesar de todas las inconsistencias que se descubrieron en las cuentas de la fundación, Paz y Futuro es todavía un operador de servicio importante en Norte de Santander.  

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Por ejemplo, en el tema de la contratación de maestros, son ellos quienes ejecutan los contratos de la planta docente en 42 instituciones del Catatumbo.  Y los profesores de la región no están conformes con esta decisión:

-Queremos que se nombre a los docentes con propiedad, en concurso. Que nos oficialicen, no que una empresa privada decida a quién contrata y bajo qué condiciones, explica la profesora de Convención.

- El licenciado de educación física de mi escuela está dando clases de matemáticas y física. Y a él, con el mal sueldo que tiene, le toca pagar a un profesor que le enseñe la materia para luego dar las clases, indica otra colega de Trinidad, madre de dos niños de 14 y 8 años.

La Gobernación del departamento emitió en un documento sus razones para no cambiar este modelo de tercerización por uno de contratación oficial. La principal es que la región “es una zona de conflicto”, y, por lo tanto “tener un profesor del sector público es permitir que rápidamente pida traslado”.

Esta decisión afecta también a los salarios de la planta docente, a merced de las especulaciones de la fundación. Por ejemplo, este año, los responsables de la entidad consideraron que los sueldos de ciertos empleados debían disminuir su valor, en vez de experimentar un incremento como indica la ley.

Así se evidencia en una copia de un contrato laboral de un docente con la Fundación Paz y Futuro, a la que Semana Educación tuvo acceso. Mientras en 2015 su salario era de $1.121.000, en 2016 fue de $1.078.000. “Nosotros vivimos al día con el sueldo y nos lo demoran 15 días. Si nos oficializaran, los recursos llegarían a nuestras escuelas, no a manos de terceros”, protesta el profesor de Tibú con 14 años de experiencia. 

Más y más falencias

El tema de las deficiencias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que denunció también en marzo el Ministerio de Educación sigue sin resolverse. De acuerdo con los profesores consultados, no se está garantizando el derecho de los niños a una alimentación digna en muchos colegios del Catatumbo.

“Este año no ha funcionado el restaurante escolar. Nos dieron solo 140 cupos de raciones para 300 estudiantes. Hacíamos milagros para darles de comer. Son niños que se vienen sin desayuno muchas veces y no encuentran un almuerzo saludable al regresar a sus cassa. De los cinco días de la semana, nos tocaba hacer tres días de almuerzo: pesábamos los gramos de arroz para que alcanzara para los niños, asegura el docente de Tibú.

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María Ciro también confirma la versión de los maestros. Ella es una de las mujeres que más conoce la realidad que se vive en la región gracias a su trabajo en CISCA, una organización campesina con más de 12 años de presencia en el Catatumbo.  “Este semestre no ha habido alimentación escolar y no hay una explicación real para eso”.

También preocupa el problema del déficit de infraestructura, “pésimo”, en palabras de Ciro. “Se dictan clases en cualquier parte: una caseta o una casa que alguien de la comunidad presta”.

El Ministerio, en su plan de intervención para la región expedido a principios de 2015, destinó más de 6 mil millones de pesos para la construcción de nuevas aulas. Sin embargo, un año después, se desconocen las fechas de inicio de las obras ya que, según voceros del MEN, la Secretaría de Norte de Santander todavía no ha aportado los $1.853.303.117 que le corresponden para cofinanciar la inversión.

“Muchas de las sedes en las que nosotros trabajamos no cuentan con la infraestructura adecuada. Sabemos que la Alcaldía recibió 120 millones de pesos, pero esa plata se perdió: nos llegaron dos puertas, 3.500 ladrillos y cuatro ventanas”, denuncia la docente madre de dos niños.

Salud Hernández se fue del Catatumbo tras varios días secuestrada por el ELN, y con ella los medios de comunicación desplazados a la zona para cubrir su desaparición. Los mismos que podrían haber difundido en masa la situación que viven las gentes de la zona. 

Ahora, cuando el final de la guerra está cada vez más cerca, puede que los niños del Catatumbo recobren el protagonismo que merecen. Porque, como explican los líderes de la región, “si usted quiere cambiar la historia de Colombia, tiene que empezar por estos niños. Son los futuros campesinos del país”.

*Periodista de Semana Educación

PARA EL DEBATE

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