¿Y si la educación fuera el objetivo para todos?

Para evaluar y mejorar es necesario comparar. Con esto en mente, ante las próximas elecciones regionales surge la necesidad de preguntarse, ¿Colombia debe mejorar su educación mirando hacia afuera, a partir de la comparación con otros países o, hacia adentro, definiendo un estándar nacional y comparando la situación entre entidades territoriales?

La respuesta para Andrés Casas, coordinador de Educación Compromiso de Todos, es que si bien ambos referentes resultan útiles, el foco principal debe estar en eliminar, tanto como sea posible, las brechas que existen entre territorios y entre grupos socioeconómicos.

A manera de ejemplo, las pruebas PISA 2012 indican que la diferencia de resultados de matemáticas entre los grupos de alto y bajo nivel socioeconómico es de 74 puntos (417 vs. 343), lo que implica, según los estándares de la OCDE, dos años de escolaridad. La diferencia con Chile es de un año.

A nivel interno, los resultados del Índice del Derecho a la Educación, socializado por Educación Compromiso de Todos en 2014 muestra, en una escala de 0 a 100, que hay entidades territoriales con puntajes superiores a 70 y otras con puntajes menores a 30. El Índice fue creado por la alianza entre Empresarios por la Educación, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Corona, Corporación Región, Fundación Saldarriaga Concha, Cinde, Universidad de los Andes y Unicef.

Hay que reflexionar en cada territorio sobre lo que implican estos resultados y el esfuerzo que deben hacer todas las entidades, especialmente quienes se encuentran a mayor distancia de los 100 puntos, para garantizar integralmente el derecho a la educación.

El camino por recorrer es largo. Si bien uno de los tres pilares del actual gobierno nacional es la educación, se requiere que los futuros gobernadores y alcaldes se comprometan con la formación de los colombianos y que desde sus programas velen porque la educación sea incluyente, flexible, pertinente y responda a las necesidades de cada individuo y de la sociedad.

Entidades territoriales como Cundinamarca y Envigado están reflexionando sobre lo que significa la educación como derecho y han desarrollado procesos de planeación democráticos que permiten visibilizar las demandas de diferentes actores. El Índice del Derecho a la Educación constituye una herramienta útil que puede aprovecharse para identificar los principales retos en estos procesos. Hay indicadores nacionales que pueden enriquecerse con información que se recopila en las entidades y que no necesariamente hace parte de un sistema centralizado.

Para alcanzar las metas es importante la participación de los que serán los próximos gobernantes, alcaldes y concejales. “Todos los derechos en un país como el nuestro necesitan ser vistos desde los territorios, no desde la centralidad, puesto que no se permite identificar las particularidades de cada región, para nosotros es fundamental que el Índice se nutra desde la periferia”, explicó Fernando Herrera, coordinador del campo de educación y ciudadanía de Corporación Región.

Educación Compromiso de Todos pretende llegar a los territorios por medio de talleres regionales que, según explicó Herrera, tienen dos grandes objetivos: generar reflexiones sobre el derecho a la educación para desentrañar al país, y aprovechar el Índice para su aplicación en las políticas de las entidades territoriales. “La idea es invitar a los candidatos a que conozcan el Índice y tomen sus resultados como punto de partida para sus propuestas de educación”, agregó Herrera.  

Herramientas como el Índice del Derecho a la Educación permiten conocer la realidad y a partir de ahí, saber cuáles son los puntos críticos a trabajar. Un país que ha sufrido una extensa guerra y en el que los derechos fundamentales de todo ser humano no se cumplen a cabalidad, debe detener esta situación. Un buen inicio para conseguirlo, según organizaciones internacionales como la ONU, es la educación.

Por eso, y a partir de información como la que provee el Índice, entre otras, varias de las organizaciones que lo formularon se han unido con otras, además, en la Alianza Educación Cinco, una iniciativa que agrupa un conjunto de organizaciones empresariales y sociales colombianas, convencidas de la importancia de promover el derecho a la educación de calidad como una prioridad nacional y un asunto de corresponsabilidad política y ciudadana, con el propósito de posicionarlo en la agenda política electoral nacional y territorial, promover el voto programático e informado, generar  una pedagogía ciudadana en torno al logro y exigencia de su cumplimiento, y promover y gestionar ejercicios del control social y la rendición pública de cuentas para su cumplimiento, muy especialmente ahora que arrancó en forma el debate electoral.