Martes, 24 de enero de 2017

| 2015/12/10 07:00

La educación universitaria, una cuestión de solvencia

Las ayudas del Gobierno para acceder a la universidad se destinan a las clases más vulnerables. ¿Qué pasa con los estudiantes que no se pueden costear su formación y viven en estratos intermedios?

Marcha estudiantil en contra de la privatización de la educación universitaria en octubre de 2013 Foto: Daniel Reina Romero (Archivo Semana)
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Semana Educación

Desde pequeño Nicolás Valencia Díaz tuvo claro qué quería ser cuando fuera mayor. “Siempre quise estudiar ingeniería biomédica. Mi hermano nació con parálisis cerebral. Quiero ayudarle a él y a personas en su condición”.

El bogotano de 17 años es uno de los estudiantes más destacados de su promoción. Obtuvo un puntaje de 411 en las Pruebas Saber 11 de este año, lo que le sitúa por encima de le media. Sin embargo, Nicolás todavía no ha podido acceder a una carrera universitaria debido a la falta de solvencia económica de su familia para costearle una educación de calidad.

El estrato cuatro al que pertenece ha resultado ser una traba a la hora de acceder a una beca para financiar sus estudios. Más exactamente a las que ofrecen el Icetex y el Ministerio de Educación, por medio de la política de Ser Pilo Paga. En este último caso, Nicolás no puede favorecerse de las ayudas del programa porque, aunque cumple con la mayoría de requisitos, no está registrado en el Sisbén, que selecciona a los potenciales beneficiarios de subsidios dentro de los programas sociales.

El padre de Nicolás es gerente de peaje en Ibagué. Gana unos 4.200.000 de pesos al mes. Su madre es ama de casa, y ocasionalmente hace tortas que luego vende para ganarse un dinero extra. De ese sueldo viven cuatro personas. En otras palabras, una familia típica de estratos tres o cuatro, sin grandes lujos pero con entrada de dinero mensual por encima del salario mínimo (644.350 pesos). 

La carrera de Ingeniería Biomédica tiene una oferta reducida y sólo se imparte en determinadas universidades –todas ellas privadas- de las grandes ciudades de Colombia. La Universidad del Tolima, que por su localización supondría un ahorro de costes en movilización y mantenimiento para la familia Valencia Díaz, radicada en Ibagué, no ofrece formación en esta rama académica. 

Nicolás fue admitido recientemente para cursar la ingeniería en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Sin embargo, la ayuda que le ofrecían para iniciar sus estudios se vuelve efectiva en el segundo semestre. Para cursar el primero, debía pagar algo más de ocho millones, además de costearse la vida en la capital. Rechazó la oferta.

La Universidad de los Andes fue otro de los establecimientos privados y de élite del país que se interesó por el joven. Fue preseleccionado de entre 627 aspirantes para recibir el apoyo del programa de ‘Quiero Estudiar Escala’, que otorga  becas que cubren el 95% del valor de la matrícula durante toda la carrera, pero no pasó a la siguiente fase.

La carrera que quiere estudiar cuesta ahí más de 14 millones de pesos por semestre. La citada universidad se negó a dar información específica sobre los motivos por los que descartó al joven.

Problemas con el Icetex

Nicolás trató de acceder a la financiación del Icetex, pero le fue imposible. “Mis padres fueron considerados como insolventes. Toda nuestra familia vive en Estados Unidos, y es complicado que un amigo se arriesgue a ser codeudor de mis estudios”, explicó el joven. 

En conversaciones con Clemencia Silva, la vicepresidente de Crédito de esta entidad gubernamental confirmó la versión de Nicolás. Indicó que hay que entender que “los recursos del Icetex son limitados” y que por ley “deben focalizarse en la población más pobre de Colombia”. La solución, según Silva, es que “Nicolás se busque un codeudor o que estudie en una universidad más barata”.

El Icetex cuenta con un fondo de garantía destinado a los estratos más desfavorecidos (1, 2 y 3). En el caso de los estratos 4, 5 y 6, existen programas de financiamiento, como la beca ‘Tú Eliges’, que cubren el 40, 60 y 100% de la matrícula, sólo efectivos si existe un codeudor o si la familia es declarada como ‘solvente’ (que no es el caso de los Valencia Díaz).

¿Y ahora qué?

La situación de Nicolás reabre la discusión sobre el costo exacerbado de la educación superior de calidad en el país. En otras palabras, las universidades de élite colombianas disparan los precios de sus carreras, lo que imposibilita un acceso equitativo a las mismas.

Los recursos del Gobierno son limitados, como subrayaron insistentemente diferentes voceros del Ministerio de Educación y del Icetex. De ahí que estén enfocados a un grupo poblacional concreto. Pero, ¿qué pasa con el resto de estudiantes, especialmente los de estrato cuatro, que provienen de hogares con recursos pero sin la solvencia necesaria para costear una formación en las mejores universidades?

Y es que, el estigma de la estratificación en ocasiones no se ajusta con las demandas económicas que exigen estos establecimientos de élite. Más allá del alcance de los recursos estatales, el problema radica en cómo las universidades colombianas sesgan la entrada de estudiantes con precios inflados. Precios que una familia de cuatro miembros de clase media con un salario promedio de 5 millones de pesos no puede costearse.

En estos casos, el endeudamiento se presenta como otra opción. Sebastián García (nombre ficticio por petición del aludido) estudió en la Universidad de La Sabana Periodismo y Comunicación, una carrera que por aquel entonces costaba ocho millones de pesos el semestre. El joven, de estrato cuatro, padre de un niño de un año y con un arriendo cuyos gastos comparte con su novia, consiguió una beca préstamo para financiar sus estudios por la que está obligado a pagar 600.000  pesos mensuales hasta 2019.

En este mundo volátil, en el que el cambiar de trabajo y de objetivos profesionales está a la orden del día, ¿cómo se le puede pedir a un joven que hipoteque su vida a cuatro años de esta manera?

En entrevista con Alfredo Sarmiento, el director de Misión Calidad para la Equidad del PNUD aseguró que en Colombia existe un problema con el acceso a la educación universitaria: “Los precios son carísimos y la mayor parte de la educación es privada, por lo que se tienen costos muy altos y prohibitivos. A uno le sale más barato mandar a sus hijos fuera del país”. Para el funcionario, no se trata de que todo el mundo tenga que entrar a la universidad, pero “que quien quiera, pueda”.

Según fuentes del Ministerio de Educación, en Colombia no existe un estudio en sobre el perfil socioeconómico de los estudiantes que acuden a la educación superior, lo que imposibilita hacer una radiografía exhausta del tema. El PNUD, por su parte, asegura que en el país sólo entre un 12 y un 13% de los adultos entre los 30 y los 35 años de edad tienen estudios universitarios. En Bogotá, la cifra se establece en un 20%.

El presidente Santos informó el pasado septiembre que por primera vez hay más clase media que pobreza en Colombia, y aseguró que “el empleo juega un papel fundamental en la lucha contra la pobreza”. También para “mejorar los indicadores” de la desigualdad.

Tener un buen trabajo pasa por tener una buena educación. Así pues, si  lo que se pretende es consolidar una clase media fuerte que disipe las grandes inequidades entre los pudientes y los pobres, el acceso a una formación pertinente y de calidad también es prioritario.

Cabría cuestionarse a cerca del sesgo en el que incurren ciertas universidades de élite en el país respecto a la entrada de estudiantes. También revisar el sistema de educación superior a este respecto para que ningún joven que desee formarse en los mejores establecimientos educativos deba, o bien, bajar sus expectativas, o bien, quedarse sin estudiar. 


*Periodista Semana Educación

PARA EL DEBATE

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