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| 6/29/2017 1:11:00 PM

¿Hay falsos positivos dentro de las universidades públicas?

Los nueve capturados por presuntamente poner una bomba en el centro comercial Andino utilizan este término para definir su situación jurídica ¿Por qué y qué relación tiene este concepto con la academia?

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Semana Educación

Hablar de falsos positivos remite de inmediato al caso que estremeció al país cuando las fuerzas militares asesinaron a cinco jóvenes del municipio de Soacha en agosto de 2008 quienes fueron presentados como guerrilleros caídos en combate durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2017 fueron condenados 21 militares a 46 años por este hecho repudiable y el expresidente tuvo que pedir perdón a las madres de los asesinados.

Ariel Ávila, director de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que fue a partir de este episodio negro en la historia de Colombia que la secretaría de gobierno del Distrito de ese momento, Clara López, comenzó a acuñar el concepto de ‘falsos positivos‘ para referirse a la acción engañosa por parte de las autoridades de acusar de un hecho delictivo a una persona y efectuar la correspondiente captura, incautación o  ejecución extrajudicial sin que esta haya tenido relación con el caso y hacerla pasar como si, efectivamente, hubiera estado implicada.

En los últimos años, muchos estudiantes, egresados y docentes de universidades públicas han denunciado ser víctimas de este fenómeno generando una reflexión entorno a la estigmatización de estas instituciones por parte de las autoridades policiales. El primer caso que se volvió mediático por esta razón fue el de Lebrija en 2012, después de que un grupo de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) aseguró haber encontrado a un profesor y cuatro estudiantes de tres universidades oficiales de Bogotá, Valle, Meta y Santander en pleno proceso de fabricación de explosivos en una pequeña finca a las afueras de Lebrija, Santander. Familias y compañeros de los detenidos indicaron en ese momento que se trataba de un procedimiento engañoso y comenzaron a tacharlo de ‘falso positivo‘. 

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Ávila aclara que este tipo de denuncias no solo se dan en el campo educativo, “le puede pasar a cualquiera cuando las autoridades le acusan de un delito del que no es ejecutor, como el reciente caso líder indígena que había sido condenado a 18 años de cárcel por el secuestro y lesiones a un soldado". Señala que también sucedió cuando "Pablo Escobar entregaba parte de la coca a las autoridades para dejar pasar el resto. A eso también se le llamaba positivos falsos”. 

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Sin embargo, para los expertos llama la atención cómo alrededor de ciertos acontecimientos delictivos, tanto las autoridades como los medios hacen especial énfasis en referenciar la universidad en la que estudió el detenido si esta es pública. La más reciente alusión al respecto se generó tras la captura de nueve personas acusados de pertenecer  presuntamente al movimiento MRP, grupo al que se le adjudica el atentado en el Centro Comercial Andino que dejó tres personas muertas y varias heridas.

Desde el principio se difundió la noticia de que las tres mujeres detenidas de este grupo eran egresadas de la Nacional al mismo tiempo que todos los señalados emplearon el término ‘falsos positivos‘ para calificar su situación. 

En un comunicado, egresados de la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de esta institución expresaron que “la Fiscalía y la Policía vienen estigmatizando y persiguiendo de forma sistemática a personas pertenecientes a universidades públicas, especialmente, a quienes hacen parte de la Universidad Nacional de Colombia”. 

Según los firmantes, los denominados “falsos positivos judiciales” vinculados a instituciones de educación superior públicas no son nuevos en el país. Uno de los casos más mediáticos al que aluden fue la captura de 13 estudiantes de la Nacional por los atentados en contra de algunas sedes de Porvenir en Bogotá y los disturbios en la Universidad Nacional ocurridos en mayo de 2015. Varios de ellos fueron liberados porque, según el juez 44, se vulneró el derecho al debido proceso. “La juez encargada del caso tomó decisiones arbitrarias y no demostró la razón para ponerles una medida de aseguramiento”, explicó a Semana Educación Manuel Garzón, abogado del caso de los 13 estudiantes.

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Otro caso que también generó mucha polémica es el de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la misma institución, quien en febrero de 2017 fue detenido por participar presuntamente en la detonación de una bomba panfletaria en el barrio de La Macarena el 19 de ese mismo mes que acabó con la vida de un uniformado. 

Al momento de la captura del joven, Miguel Ángel Herrera, docente de la Universidad Nacional, explicó a Semana Educación estar sorprendido y extrañado por el arresto. Para el profesor, esta captura respondía más al dolor y a la necesidad de buscar culpables por parte de las autoridades. Aseguró que no se estaba respetando la presunción de inocencia.

La explicación de por qué este tipo de atentados terroristas se vinculan con las instituciones públicas se debe a que al interior de estas se suceden ciertas acciones violentas perpetradas por grupos de estudiantes. Los denominados "infiltrados”, como se refiere a ellos Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sin embargo, aclara, se trata de casos aislados que en ningún caso representan a la mayoría de jóvenes matriculados. 

De acuerdo con un exmilitante universitario de las Juventudes Comunistas que prefirió que su nombre no apareciera, "existen grupos radicales que operan por células. Es decir, solo una minoría maneja la pólvora, otros manejan las comunicaciones y otros hacen política, pero entre ellos no se conocen. Pero cuando se interceptan estos grupos pueden caer los que no saben nada de pólvora, los que no son radicales y los que solo manejaban los comunicados y no tenían conocimiento de las acciones violentas”. 

Para los egresados de sociología firmantes del comunicado, esta persecución del Estado se debe solamente a que en la Nacional convergen ideas de izquierda. De ahí su total rechazo a que esta institución sea sea definida como la cuna del terrorismo. “El conocimiento y las acciones que desde estos espacios emergen no pueden ser estigmatizados arbitrariamente en beneficio de la intransigencia investigativa y judicial que caracteriza a las autoridades estatales”, recoge el documento. 

Ariel Ávila resalta que lo grave de este fenómeno es que los que son capturados y judicializados por estas razones y luego acaban siendo inocentes pierden credibilidad en su vida laboral, además del dolor enorme que se genera en el seno de sus familias.  “La mayoría de falsos positivos quedan libres por vencimiento de términos, es decir ,que no hay suficientes pruebas para encontrarlos culpables y archivan el proceso”, concluye.

Lo único cierto ahora es que los jueces tienen la última palabra. 

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