El problema de las pruebas de admisión en las universidades públicas

Colombia posee el sistema de evaluación de la educación más sólido y sofisticado de América Latina. El trabajo del Icfes ha sido poco reconocido, pero es de muy alta calidad. A lo largo de las dos últimas décadas puso al país en la vanguardia de los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad. Construyó evaluaciones de competencias que no tienen nada que envidiar a las pruebas Pisa; seleccionó muy acertadamente tres de las competencias esenciales a desarrollar en la educación básica y media, a saber: argumentar, interpretar y proponer.

Así mismo, construyó pruebas para los grados tercero, quinto, noveno y once, las cuales permiten evaluar el nivel de consolidación de algunas de las competencias esenciales en la vida. Hoy contamos con un completo sistema de seguimiento de la calidad, el cual, bien utilizado, podría tener un impacto positivo en la construcción de políticas de mejoramiento de la calidad educativa, a mediano y largo plazo en el país.

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En los últimos años, el Icfes ha seguido cualificando el sistema al incorporar las pruebas Saber Pro, lo que permitió elaborar modelos de valor agregado, los cuales nos ayudarán a resolver una de las preguntas esenciales a nivel pedagógico en la educación. Si tenemos claro el nivel con el que llegan los estudiantes del colegio en competencias ciudadanas, lectura crítica, escritura y razonamiento numérico, podemos resolver hasta qué punto las universidades están consolidando las competencias esenciales.

En este sentido, debe ser claro que las pruebas Saber Pro no son un buen criterio para evaluar la calidad de las universidades, ya que no tienen en cuenta el nivel con el cual llegaron los estudiantes al culminar el bachillerato.

Aprovechando la experiencia de Minas Gerais en Brasil, el Icfes ha construido el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), el cual tiene la enorme ventaja de permitir comparar una institución consigo misma en los años inmediatamente anteriores, incorporar el criterio del clima del aula y diferenciar para los diversos ciclos el nivel alcanzado en cada uno de ellos.

Otro avance significativo, ha sido la inclusión de las competencias ciudadanas. Esto le da un carácter más integral al proceso evaluativo; si bien son pruebas que todavía requieren mayor consolidación y ajuste, van por muy buen camino al incluir aspectos ligados a los derechos y a las actitudes que han desarrollado los estudiantes con respecto a la discriminación de los mismos.

Sin embargo, vivimos en un país de paradojas y las excelentes pruebas de Estado fueron de tiempo atrás adoptadas como criterio de admisión por parte de las universidades privadas del país, mientras que la mayoría de las universidades públicas construyeron sus propias pruebas. Entre éstas, la Nacional y la de Antioquia. Es en extremo difícil explicar esta paradoja, ya que, económicamente, no es equitativo cobrarles a personas de estratos 1 y 2 por una evaluación, que, en la mayoría de los casos, terminan por no aprobar. Pero tampoco lo es desde el punto de vista pedagógico, ya que las pruebas Saber son más sólidas conceptualmente, están emparejadas con las pruebas internacionales y con las de egreso de las universidades colombianas.

Por el contrario, las pruebas de las universidades públicas siguen evaluando contenidos demasiado específicos, les falta enfatizar en lo general, caracterizar el desarrollo por niveles y poner en uso el conocimiento para resolver problemas e inferir ideas. Por ello, seguramente, tampoco por allí está la explicación. Así mismo, los criterios de seguridad que en ocasiones se aducen, parecen difíciles de sustentar y verificar. ¿Qué explica, entonces, el que las universidades públicas utilicen como criterio de admisión unas pruebas, que muy seguramente son de menor calidad? Muy posiblemente esto sea explicado por factores ligados con la tradición.

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Resulta que veinte años atrás, las pruebas Icfes, como se les llamaba para aquel entonces, en realidad habían sido diseñadas para evaluar conocimientos particulares y fragmentados. En este contexto, muy posiblemente, las pruebas de las universidades públicas eran de mayor calidad que las del Estado. Sin embargo, hoy en día, y pese a los avances de los dos últimos años, esto seguramente no es cierto.

Parece necesario concluir que desde hace varios años las universidades públicas deberían haber abandonado las pruebas más específicas que han venido desarrollando hasta el momento y aceptar como criterio de admisión las mismas pruebas que aplican las universidades privadas. Si se aceptara esta propuesta, se obtendrían múltiples beneficios; entre ellos:

1. Las universidades públicas utilizarían una prueba que evalúa de manera pertinente la consolidación de algunas de las competencias esenciales que deberían haber sido trabajadas en la educación básica y media en Colombia. Son pruebas de competencias, ampliamente validadas, revisadas y ajustadas. Inicialmente abordaron trece tipos de competencias. El seguimiento riguroso permitió llegar a cinco competencias de carácter cada vez más general que se evalúan en la actualidad.
2. Todas las universidades del país utilizarían sistemas similares de admisión, lo cual es muy conveniente desde el punto de vista tanto pedagógico como administrativo.
3. Los aspirantes a ingresar a las universidades públicas dejarían de pagar sumas adicionales por una evaluación, que, en la mayoría de los casos, no aprueban.
4. Las universidades públicas dejarían de incurrir en diversos costos administrativos relacionados tanto con el diseño, como con la custodia, la aplicación, la calificación y la divulgación de los resultados. Siendo actualmente pruebas diversas en cada universidad pública, el ahorro social que se alcanzaría sería significativo.

Finalmente, esto ayudaría a que diversos programas que utilizan los resultados de las pruebas de Estado tuvieran en cuenta criterios y mecanismos comparables. Esto es válido, entre otras cosas, para créditos, admisiones y subsidios; pero, por tratarse del programa más importante de la actual administración del presidente Santos en materia de educación superior, quiero agregar un argumento adicional. Actualmente, el programa Ser Pilo Paga rige para todo el país con los resultados de las pruebas Saber.

Sin embargo, por la paradoja señalada anteriormente, en algunas universidades públicas, dichos resultados no son tenidos en cuenta y ellos tienen que presentar otra prueba diferente, que, como también se señaló previamente, no tiene el mismo nivel de pertinencia, solidez, ni de calidad. Algunos directivos han creído que lo que pasa es que la Nacional selecciona a los “súper pilos”. Esto, tampoco es cierto, ya que son dos pruebas tienden a correlacionar muy poco. Obviamente, las universidades públicas, atendiendo a criterios presupuestales, pedagógicos y administrativos, pueden establecer sus propios niveles de admisión para cada carrera, como hoy en día hacen las diversas universidades privadas del país, pero para ello, no es ni conveniente ni necesario, recurrir a una prueba diferente.

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Como he sostenido en diversas columnas, el país debería aprovechar la histórica oportunidad del programa Ser Pilo Paga para fortalecer la educación pública; al hacerlo, consolidaría la democracia y el derecho a la educación, consagrado en la Constitución Nacional. Por ello, reitero mi invitación: Los próximos “pilos” deberían ingresar, sin excepción, a las mejores universidades públicas del país. Ojalá de muy alta calidad y de carácter regional, como ha demostrado la reciente experiencia ecuatoriana vivida durante la última década en educación superior.

La vinculación generalizada de los próximos “pilos” a las públicas sería mucho más fácil de aplicar, si todas las universidades del país reconocieran las pruebas Saber once como el criterio esencial de admisión.  Si se logra, las universidades públicas se beneficiarían con el ingreso de algunos jóvenes de excelente balance y proyección (los llamados “pilos”), con los recursos que les giraría el Estado por ellos y con la adopción de una excelente prueba como criterio de admisión, la cual lleva dos décadas cualificándose y permite determinar el nivel alcanzado en el desarrollo del pensamiento, las competencias ciudadanas y las competencias comunicativas de los aspirantes.

Ojalá sigamos fortaleciendo y mejorando la calidad de la educación pública. Todavía nos falta mucho, especialmente en inversión, en calidad y en reflexión pedagógica, pero, al hacerlo, favorecemos la democracia y la equidad. De esta manera, será más difícil que nos dejemos quitar la esperanza de vivir en un país en paz.

Julián De Zubiría Samper
Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. 
Twitter: @juliandezubiria

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