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| 11/28/2014 5:00:00 PM

La mala hora de la UNAD

El Ministerio de Educación anunció que la reelección de Jaime Alberto Leal como rector de la Universidad Abierta y a Distancia era ilegal y existían “vicios” en el proceso de selección.

Mientras la Universidad San Martín sigue en el ojo del huracán por las supuestas irregularidades en el manejo de sus recursos, un nuevo escándalo se cierne sobre la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) por cuenta de la reelección de su rector, Jaime Alberto Leal. En la mañana de este viernes, la ministra de Educación, Gina Parody, trinó que dicha designación era ilegal y que el proceso de selección tenía vicios. “Acaban de votar. El delegado del presidente desconoció la voluntad del gobierno nacional y, a sabiendas de que era ilegal, votó. ¿Qué hay detrás?”, publicó en su cuenta de Twitter.

Cuatro horas después, la viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz, explicó que las irregularidades empezaron cuando no se publicó la apertura de la convocatoria para la elección del rector en el Diario Oficial, como lo estipula la ley colombiana, lo cual pudo haber afectado los derechos de los demás candidatos. El Ministerio de Educación sostuvo en un comunicado que desde el 26 de noviembre presentó ante el Consejo Superior de la UNAD las posibles irregularidades que tenía el proceso. Y aún así dos días después se reeligió a Jaime Alberto Leal, quien desde marzo del 2004 está al frente de la institución.

“Hoy, 28 de noviembre, en la sesión de elección de rector de la UNAD, el Ministerio de Educación propuso revocar el acto administrativo por el cual se abrió dicha convocatoria, subsanar los vicios de procedimiento y evitar una posible demanda de nulidad que generaría un periodo de inestabilidad en la Universidad”, explicó la cartera de Educación. Sin embargo, su solicitud fue desestimada. Por eso el ministerio se encuentra evaluando qué camino jurídico tomar para hacerle frente a esta decisión.

Más universidades en la mira

El Ministerio de Educación ha sostenido que investiga a 15 universidades más entre las que se encuentran la Gran Colombia, Autónoma del Caribe, Santiago de Cali, Fundación Autónoma de Colombia, Coreducación del Norte del Tolima, Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Distrital Francisco José de Caldas, Universidad del Pacífico, Centro de Educación Superior, Investigación y Profesionalización (Cedinpro) y Fundación Universitaria Los Libertadores.

Además, el vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), Juan Sebastián López sostuvo que “casos como el de la San Martín o el de la UNAD pululan en el sistema educativo colombiano y es gravísimo lo que denunció Parody: ¿cómo así que el delegado del presidente Santos desobedece la orientación y aquí no pasa nada? Si es cierto lo que ella dijo tiene que haber renuncias".

El vocero de la MANE dice que "al gobierno le toca responder no sólo por esta reelección del rector de la UNAD sino por la pasada porque la administración Santos ya lleva cuatro años y no sabemos cómo votó ese delgado antes”. Y agregó que la labor del Ministerio y del gobierno debe trascender el plano de la denuncia: “No pueden solo salir y lavarse las manos. ¿Hace cuánto viene pasando esto y por qué las autoridades no habían hecho nada? Eso se llama negligencia. Más en una universidad pública donde el Estado tiene todo el control, pone decanos, influye en las elecciones. Esto es gravísimo”.

María Alejandra Rojas, también miembro de la MANE, explicó que hace mucho tiempo “los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas venimos poniendo la lupa en la corrupción. No es solo en la San Martín. Aquí debemos entender que esto es constante y no es algo aislado en el grueso de las instituciones públicas y privadas del país”.

Además, explicó que hasta “que no se configure una verdadera autonomía universitaria va a seguir multiplicándose la corrupción y el clientelismo. Aquí el gobierno escoge a quien pone en las universidades y eso termina en administraciones profundamente corruptas que acaban con los recursos de la educación. La solución tampoco es la Superintendencia de Calidad de la Educación Superior que quieren crear porque eso limita aún más la autonomía”.

Los otros líos de la UNAD


El pasado seis de noviembre Semana.com reveló que el Ministerio de Educación había interpuesto dos demandas por presunto fraude contra la UNAD y la Universidad Incca de Colombia ante la Fiscalía. Precisamente, en el ente acusador cursan dos investigaciones para determinar si existió un mal manejo de fondos en la institución y si se ofrecieron programas académicos sin la debida acreditación. Asimismo, la Fiscalía indaga por la presunta responsabilidad de las directivas en estos hechos.

Al respecto, el rector Leal, a través de un comunicado de prensa, expuso el pasado 26 de noviembre que la UNAD “no ha sido objeto de ninguna sanción por parte del Ministerio de Educación Nacional, ni institucionalmente, ni en ninguno de sus programas; como tampoco posee sanciones por parte de ningún organismo de control (Procuraduría, Fiscalía y/o Contraloría)”.

Agregó que su gestión era transparente y había sido demostrada por “el proceso de evaluación que sobre el particular y de manera periódica realiza Transparencia Colombia, ONG que por solicitud del Ministerio de Educación efectúa la medición del índice de transparencia de las Universidades Públicas”, pues este año la UNAD ocupó el segundo puesto.

Y es que las presuntas irregularidades de la UNAD volvieron a sonar en octubre pasado cuando la Contraloría reveló que esta institución había creado su sede en Florida, Estados Unidos, con recursos públicos. Lo que le habría costado al Estado 5.939 millones. Además, el ente fiscal constató que los viáticos y comisiones del rector y los funcionarios que viajaron hasta esa sede también fueron financiados con dineros públicos y su costo rodea los 290 millones de pesos.

En su momento, la asesora jurídica de la universidad, Ángela Melo, explicó que la Contraloría estaba acusando a la institución antes de que pudieran dar las respectivas explicaciones y que no existía ningún proceso de investigación fiscal, solo un hallazgo que no lo hace automáticamente culpables porque tienen argumentos válidos. Insistió en que la sede en Florida es sin ánimo de lucro y su fundador es la UNAD y no personas particulares. Por tanto ese dinero no se constituiría en un detrimento patrimonial.

Sin embargo, este no es el primer escándalo de la institución porque también salió salpicada en el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. El 19 de junio del año pasado, Semana reveló detalles de la imputación de cargos contra el hoy condenado exconcejal Andrés Camacho Casado, una de las fichas claves en el desfalco que sufrió la capital. En ese momento, la Fiscalía sostuvo que el excabildante había logrado el desembolso de casi 8.000 millones de pesos para promover la educación en las localidades de Kennedy y Teusaquillo.

La UNAD y el Colegio Mayor de Cundinamarca tenían la tarea de ejecutar ese plan y prestar los servicios. Pero no lo hicieron porque subcontraron a cinco fundaciones que, coincidencialmente, pertenecían a Camacho Casado y que incluso funcionaban en la misma una misma casa ubicada en el barrio Polo Club. Unuma (ahora Fundación Trabajando Unidos), Coalde (ahora Corporación Unión y Desarrollo), Cordeci (ahora Corporación para el Desarrollo Social), Corcreo (ahora Corporación Avance y Equidad) y GES (ahora Fundación Gobierno, Estado y Sociedad) fueron las encargadas de administrar los millonarios recursos y cambiaron de nombre en 2008 cuando Camacho fue elegido.

Ahora, en marzo del 2013, el antes testigo estrella de la Fiscalía en este desfalco, Emilio Tapia, sostuvo que Casado era un experto en los convenios interadministrativos con universidades, celebrados con el fin de evitar los procesos de licitación. “Eso se daba a dedo. Y eran casi siempre charlas, seminarios, capacitaciones. Unas cosas que dejan toda la utilidad”, aclaró Tapia.

Tres años antes, en 2010, un informe del hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y de Carlos de Roux advirtió que en la administración de Samuel Moreno se le entregaron contratos de interventoría a la UNAD por 24.000 millones de pesos. Por lo que su participación en la contratación saltó al 34%. De Roux sostuvo en su momento que los directivos de la institución eran amigos del hoy exsenador condenado por el carrusel Iván Moreno Rojas y de su hermano, el exalcalde Samuel Moreno Rojas.

El rector Jaime Alberto Leal negó tajantemente cualquier nexo o vínculo con este saqueo al erario bogotano. Reiteró que la información difundida al respecto y su supuesta conexión con el carrusel “no es cierta y obedece además de la trama urdida por el sindicato docente Aspu-Unad al interés de desprestigiar al candidato que obtuvo el 75 por ciento de la votación estamentaria entre los miembros de la comunidad educativa. Los bienes de propiedad del rector son fruto de su trabajo honesto y transparente durante 35 años de vida laboral, de los cuales el 90 por ciento de ellos fueron adquiridos antes de su posesión como rector”.


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