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| 7/7/2015 6:00:00 AM

La polémica elección del rector de la universidad Popular del Cesar

El Ministerio de Educación investigará el proceso. Tiene pruebas de compra de votos, politiquería y rompimiento de urnas durante la elección.

Las elecciones para la rectoría de la Universidad Popular del Cesar han tenido momentos oscuros, y este año no es la excepción. El pasado jueves, con cuatro votos a favor y tres abstenciones, el consejo superior universitario de la institución eligió al ingeniero de sistemas Carlos Emiliano Oñate como nuevo rector.

Sin embargo, el quid de la cuestión está en los tres votos en blanco, entre los cuales está el del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República.

Además, “Oñate podría estar inhabilitado debido a que renunció al Consejo Superior en febrero de 2015 y no, un año antes como debía hacerlo”, explicó Kelly Sterling, delegada del Ministerio de Educación ante el Consejo Universitario de la Popular.

Si Oñate se quedara en el cargo, según la viceministra de educación superior, Natalia Ariza, “se generaría una situación de ingobernabilidad por la presunta inhabilidad que recae sobre el rector y sería un hecho muy grave en materia administrativa”.

Por este motivo, anunció que el Ministerio presentará una demanda ante el Consejo de Estado para que revise la forma como se nombró al actual rector. “Esperamos que esto se resuelva muy rápidamente y que no genere problemas de administración en la universidad”, concluyó.

Una vez se eligió a Oñate, el Ministerio de Educación anunció que denunciará la elección ante la Procuraduría General de la Nación por los incumplimientos de requisitos estatutarios que habrían manchado con tintes políticos un proceso que debe ser netamente académico. Asimismo, anunció que continuaría investigando e inspeccionando el proceso electoral.

Esta cartera también advirtió que si es el caso, compulsará copias a la Contraloría y a la Fiscalía para que estudien e investiguen los hechos y emitan las sanciones respectivas.

“En la evidencia que hemos recibido, se cuenta fotos de uno de los aspirantes a la rectoría con un candidato a la gobernación del Cesar y con algunos congresistas de la región”, afirmó Ariza, y agregó que, “las denuncias recogidas muestran que en muchos de los candidatos hubo intereses no solo académicos, pues se habrían ofrecido cargos como decanaturas y otro tipo de prebendas a cambio de votos”.

Sterling explicó que “la posición del Ministerio es de rechazo. Se recurrió en: incumplimientos en la elección de los miembros del consejo superior, posible compra de votos, rompimiento de urnas, procedimientos de elección sin censos e incumplimientos de requisitos de inhabilidad para los candidatos elegibles”.

“Me parece válido el anuncio del Ministerio de Educación sobre iniciar una investigación. Considero que la presencia de esta cartera permitirá que el proceso democrático sea más transparente”, opinó el ex candidato a rectoría, Félix Movilla. “Me preocupa que esto vaya a significar una intervención en la Universidad porque eso ya iría en contra de la autonomía de la institución”, añadió.

Esta situación se veía venir. La semana pasada el Ministerio de Educación advirtió a las universidades públicas que faltan por elegir a sus rectores, que están facultados para realizar investigaciones e inspecciones a los procesos electorales.

Semana Educación pudo constatar con fuentes de la misma entidad que la razón de esta advertencia se dio por la preocupante situación que se estaba presentando en la Popular de Cesar.

“No puedo asegurar que Carlos Oñate haya incurrido en algún acto de corrupción en estas elecciones”, afirmó Movilla, “pero la corrupción durante las elecciones fue evidente en esta institución de 13.700 estudiantes de pregrado y 600 de posgrado”.

Una bomba de tiempo

Y es que la última noticia que se conoció del proceso electoral de la institución es que el 27 de junio el Consejo Superior de la Universidad aplazó la elección por el manto de denuncias de corrupción que había en torno a las votaciones.

La situación desde un momento fue compleja, el 9 de junio dos personas fueron capturadas por compra de votos. Hay denuncias que afirman que profesores de la institución compraban votos con notas y que algunos, no solo docentes, ofrecían entre 15 mil y hasta 50 mil pesos por cada sufragio.

Inclusive, la Procuraduría General de la Nación envió a los miembros del Consejo Superior Universitario de la institución una función preventiva en la cual la procuradora delegada, Fanny María González, los exhortaba a “preservar las buenas prácticas éticas, principios y valores para el adecuado desarrollo del procedimiento electoral”.

Las denuncias llegaron a oídos de la viceministra de educación superior, Natalia Ariza, quien tuvo que desplazarse hasta la Universidad en Valledupar para controlar la situación.

Pero las denuncias de corrupción no son solamente de estas elecciones, en el periodo anterior, con la elección de Jesualdo Hernández también hubo problemas y un ambiente electoral muy pesado.

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