Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/02/10 19:00

¿Se acerca el fin del acoso escolar por la orientación sexual?

El Gobierno publicó un borrador que recoge los lineamientos para una política pública que proteja los derechos LGBTI.

Una vez aprobado el decreto, este obligará a todas las instancias del Estado a incluir un enfoque diferencial en sus disposiciones para proteger a esta comunidad. Foto: INGIMAGE.
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Semana Educación

El 4 de agosto de 2014 el país se paralizó por la muerte de Sergio Urrego quien, hasta entonces, era un estudiante más de tan solo 16 años que asistía a clases en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, en Bogotá. Su suicidio, tras arrojarse desde la terraza de un centro comercial en el norte de la ciudad, puso en la agenda pública el grave problema de discriminación y acoso escolar que sufren los alumnos del colectivo LGBTI.

El Gobierno Nacional ha dado un paso más en la protección de los derechos de estas personas con la publicación de un borrador de decreto presidencial que sienta las bases para consolidar una política pública contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. Una vez aprobado, obligará a todas las instancias del Estado a incluir un enfoque diferencial en sus disposiciones y actuaciones con el fin de proteger a esta comunidad.

En el caso del ámbito escolar, ya existía sentencia de agosto de 2015 de la Corte Constitucional por la que se ordenó al Ministerio de Educación crear un Sistema Nacional de Convivencia Escolar para implementar en los colegios programas para promover el respeto por la diversidad sexual. Una medida que “se ha cumplido principalmente en Bogotá, pero no en las regiones, donde se hicieron esfuerzos pero aislados”, explica a Semana Educación Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, en alusión a las estrategias implementadas por el gobierno del exalcalde Gustavo Petro, en relación a este tema.

“Nosotros hicimos una consulta, un derecho de petición, a las 95 secretarías de educación para conocer cómo habían adoptado el mandato de la Corte y la mayoría no contestaron. Las pocas que sí lo hicieron, dijeron que no habían puesto a andar el tema de la convivencia escolar. Esto es un nuevo recordatorio, porque hay problemas en la implementación”, advierte.

Para Marcela Sánchez, este documento es la expresión de una voluntad política “que deberá concretarse con un presupuesto, cronogramas e indicadores que permitan medir si es efectivo o no. El problema no es la norma, porque Colombia se caracteriza por tener una legislación muy buena, pero brechas muy grandes entre las normativas, las sentencias y la implementación”.

El decreto añade una nueva disposición que obliga al Ministerio de Educación a implementar unos lineamientos a través de las Secretarías territoriales para que el acoso escolar y la discriminación por razones de orientación sexual en las instituciones educativas sean sancionados. Los estudiantes que cometan este tipo de conductas estarán incurriendo en una falta grave. Sánchez opina que “esto es algo que hay que afinar, pues, si bien se indica que debe ser considerada falta, el decreto es muy subjetivo respecto a la sanción”.

El borrador del nuevo decreto se someterá ahora a los comentarios y aportaciones de las organizaciones y particulares, y posteriormente será sancionado por el presidente Juan Manuel Santos. “Este decreto busca transformar imaginarios. Es revolucionario desde el ámbito cultural, pues pretende garantizar los derechos cotidianos de esta comunidad. La gente cree que los derechos de los LGBTI van hasta el matrimonio y la adopción, pero se equivocan, se necesita ganar mucho terreno en las garantías de su día a día, en la lucha contra su discriminación”, aseguró Guillermo Rivera, consejero presidencial de los Derechos Humanos.

Todavía se desconoce el presupuesto que manejarán los diferentes ministerios y entes gubernamentales, así como las herramientas con las que contarán para incluir el enfoque diferencial por razones de orientación sexual en sus acciones, aunque ya hay una orden para la elaboración de un Conpes que asegure los recursos, indicó Sánchez. Una obligatoriedad para la directora de la ONG, pues “una política pública sin recursos no tiene sentido”. 

Así pues, lo que se espera ahora es que la medida del Gobierno tenga una repercusión real que mejore las condiciones de vida del colectivo LGBTI en todos los niveles. También en las aulas.

PARA EL DEBATE

¿Cree que la medida del gobierno ayudará a mitigar los casos de acoso escolar por orientación sexual? Deje sus comentarios en nuestro twitter @SemanaEd y @Juliaalegre1

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