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| 5/22/2017 3:00:00 PM

El país no puede seguir equivocado en sus prioridades

El país debe acompañar las reivindicaciones de los docentes, pero no es suficiente. La educación tiene que volverse prioridad y los colombianos debemos transformar la lucha de los docentes en el camino para avanzar hacia el derecho a una educación de calidad.

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Semana Educación

Mientras el país se mantenga indiferente frente a la suerte de quienes tienen la inmensa responsabilidad de educar a nuestros niños, nunca saldremos adelante. La gran mayoría de los maestros en Colombia tiene que acudir al rebusque para complementar sus ingresos. Sería bueno que los medios se concentraran en investigar y denunciar la situación de la gran mayoría de los maestros. Para no ir más lejos, con 26 años de trabajo para llegar al tope del escalafón (grado 14) y después de sacar todos los títulos que se necesitan, un maestro acaba ganando menos que una secretaria recién ingresada a Ecopetrol. Eso no sólo es injusto sino torpe, y demuestra cómo tenemos de equivocadas las prioridades en este país”. Las anteriores palabras no fueron pronunciadas por un líder sindical de Fecode, sino por el actual presidente de La República. Las escribió como periodista en las páginas editoriales de El Tiempo, en marzo de 2000. Tenía toda la razón. Sin duda, el país debe valorar y dignificar la profesión docente. Sin embargo, esto por sí sólo, no necesariamente mejora la calidad.

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En mayo de 2015, los maestros convocaron un paro nacional bajo dos consignas: Rechazar la evaluación de maestros y lograr mejoras salariales. A los diez días el paro fue suspendido con noticias en ambos frentes. En primer lugar, se establecieron incrementos salariales en términos reales. El completo estudio de la Fundación Compartir estimó que los maestros ganaban un 18% menos que los demás profesionales. Por esta razón, se decretaron incrementos adicionales a lo largo de 6 años, del 2% para el 2016 y 2017 y del 3% para el 2018 y 2019. Como puede verse, estamos a mitad de camino y queda pendiente el incremento especial para los años 2020 y 2021. Ese es el primer motivo del paro actual. No podemos aceptar el argumento de que no hay dinero para la educación, porque, como decía el actual presidente, si no mejoramos las inversiones en el sector educativo “volveríamos a equivocar las prioridades”. Tampoco podemos aceptar que el gobierno actual no puede comprometerse con erogaciones futuras, porque en ese caso seguiríamos con las políticas de gobierno que tanto daño han hecho a la calidad de la educación en el país.

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El segundo motivo del paro de mayo del 2015 fue rechazar el sistema de evaluación que recibía una parte de los docentes en el país.  En este aspecto, la ministra Parody cedió a la presión gremial y adoptó un sistema tan malo o peor que el anterior. A partir de ese momento, los docentes deben elaborar un video para ascender de categoría. Con esta decisión, perdimos una buena oportunidad para articular la mejora en las condiciones salariales con la cualificación de la calidad, aunque cerca del 80% de los docentes han logrado sus ascensos de categoría.

El actual paro introdujo el elemento de la salud, tanto por el pago del pasivo prestacional como por la lentitud para resolver los problemas de calidad del operador. La salud es un tema especialmente grave si se tiene en cuenta la exposición constante de los docentes a problemas de estrés, salud emocional, respiración y enfermedades contagiosas.

El país debe acompañar a los docentes en sus reivindicaciones. Así mismo y de manera general, debe exigir mayor inversión para la educación, la investigación y la ciencia. Sin embargo, debemos ser conscientes de que los graves problemas no se corregirán tan sólo con incrementos en el presupuesto y en los salarios de los docentes. Es más complejo y multidimensional. Desafortunadamente, en el país seguimos con currículos impertinentes y fragmentados y con una formación de los maestros de muy baja calidad, al tiempo que los futuros docentes son los que alcanzaron los peores resultados en lectura crítica, competencias ciudadanas y razonamiento numérico, entre todos los profesionales en las pruebas Saber Pro para el año 2013.

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Mientras no mejoremos los niveles de argumentación, pensamiento y lectura crítica de los docentes, tampoco alcanzaremos estas metas con los estudiantes. Por ello, hay que repensar estructuralmente los programas de formación, fortalecer las reuniones y la formación in situ. Por otro lado, en educación inicial, seguimos muy atrás de la región, como si no fuéramos conscientes de que esta es una variable altamente asociada a la calidad y una de las que en mayor medida agrava las inequidades sociales. Por más incrementos que logremos en el presupuesto, sin intervenir cada una de las variables anteriores, no será posible mejorar la calidad de la educación.

La baja calidad educativa frena la productividad laboral, deteriora la convivencia ciudadana y el tejido social, disminuye la creatividad en la resolución de problemas, limita significativamente la democracia e impide la movilidad social. En Colombia, en contra de lo que nos han dicho una y otra vez, la educación pública actual no contribuye a la equidad, ya que su calidad es tan baja, que a medida que vamos ascendiendo de grado, se aumentan las brechas en los estratos sociales. Por absurdo que parezca, hasta ahora, la educación en Colombia agrava las inequidades sociales. De esta manera, quienes asisten a los colegios oficiales, tienen menos posibilidades de ascender socialmente.

Dado lo anterior, la lucha para mejorar la calidad de la educación debe ser un esfuerzo colectivo y nacional. Deben estar, entre otros, los industriales, los partidos políticos, los medios masivos de comunicación, las iglesias, las familias; y por supuesto, los educadores, los intelectuales, los estudiantes y los rectores. El país entero tiene que marchar.

La baja calidad que hoy tenemos es responsabilidad de todos. El Ministerio se ha equivocado al mantener un currículo impertinente y descontextualizado, y al permitir programas de formación de muy baja calidad y que no desarrollan las competencias que requieren los docentes. Por su parte, las Secretarías se han dedicado a vigilar los procesos pedagógicos y atomizaron sus demandas, dejando de lado su función esencial: acompañar pedagógicamente la transformación de las instituciones educativas. Pero el sindicato también es responsable al bloquear los procesos de evaluación y las reuniones de formación in situ de los docentes; y al llevar a los maestros exclusivamente a la pregunta gremial y reivindicativa. Muchos añoramos el Movimiento Pedagógico que en los años ochenta lideró FECODE, pero que fue abandonado por una federación de educadores que dejó de lado la discusión, la reflexión y la investigación pedagógica y que se encerró en un marco reivindicativo y gremial.

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Todos absolutamente todos podemos y debemos aportar a la calidad de la educación. Necesitamos una fuerza muy grande para poner el debate educativo a la orden del día. No podemos permitir que mañana llegue un nuevo ministro como si fuera un conquistador, a volver a definir las prioridades. Hay que concertar de manera amplia y pública los grandes desafíos. Necesitamos construir colectivamente una política educativa de Estado que no dependa de cada gobierno.

El presidente tenía toda la razón, cuando en calidad de periodista dijo que “pagarles mal a los maestros es injusto y torpe”. Ahora los colombianos tenemos que convertir la lucha gremial de los docentes en un esfuerzo nacional por una educación pública robusta y de calidad. Esto no lo podremos conseguir sin la energía, la fuerza y la movilización de los jóvenes.

A propósito del tema: Carta a los jóvenes colombianos

Hay que garantizar interlocución, reflexión, debate e investigación educativa del más alto nivel, para enfrentar de manera colectiva los grandes retos. La construcción del Plan Decenal al 2026 es una excelente oportunidad para que logremos un acuerdo nacional. Después de revisar miles de propuestas, hemos definido nueve desafíos para la educación. Ahora viene lo más complejo: asegurar su cumplimiento. La defensa del derecho a una educación de calidad la deben asumir como propia los alcaldes, los gobernadores y todos los funcionarios públicos. Todavía estamos muy lejos de lograrlo. Sólo será posible con una movilización amplia, regional y ciudadana, que promueva el debate en los medios y en los espacios cotidianos, que consolide la investigación e involucre a todos los ciudadanos en la reflexión pedagógica.

La educación tiene que volverse una prioridad nacional. Hay que mejorar el presupuesto y los salarios, pero sólo alcanzaremos los desafíos si colectivamente asumimos la defensa del derecho a tener una educación pública de calidad: la educación nos concierne a todos, y por ello, todos tendremos que defenderla.

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. 
Twitter: @juliandezubiria

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