Los rectores de Cali desafían al Ministerio de Educación

Hay desconcierto entre algunas familias de Cali sobre qué va a pasar con la educación de sus hijos. Por un lado, muchos de los rectores de los 63 colegios sancionados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el pasado diciembre han intentado convencer a los padres para que no retiren a sus hijos de sus instituciones. Por el otro, está la posición de la cartera que dirige Gina Parody. Sus voceros sostuvieron de manera enfática a esta publicación que se mantendrá la suspensión de los contratos a las instituciones educativas que obtuvieron un resultado inferior al percentil 20 en las Pruebas Saber 11. Es decir, no aseguran la calidad de la enseñanza.

La polémica se remonta al año pasado, cuando el MEN empezó a regular la contratación de instituciones privadas por parte de las entidades territoriales. El motivo fue que los resultados de muchos de estos colegios estaban por debajo de las medias nacionales en términos de calidad.

Bajo esta lógica, en septiembre del 2015, se emitió el Decreto 1851 que establece que, para contratar con el Estado, los establecimientos educativos deben contar con un mínimo de calidad: estar por encima del percentil 20 en las Pruebas Saber en Lenguaje y Matemáticas.

Este modelo de contratación se remonta a finales del siglo XX, coincidiendo con el crecimiento desmesurado de las ciudades, momento en el que el gobierno se vio sobrepasado para prestar servicios de cubrimiento educativo. Recurrió entonces a financiar la educación de los niños por medio de establecimientos privados. Sin embargo, es ahora cuando, atendiendo a los requisitos de calidad y no de cubrimiento, el MEN quiere limitar los alcances de este sistema contractual con colegios privados en los que están matriculados alrededor de 440.723 estudiantes en todo el país. 

El problema de romper estos vínculos es la cantidad de recursos comprometidos. El presupuesto que el Ministerio asigna para este tipo de contratación es de 1.25 billones de pesos, lo que implica muchos intereses políticos de por medio. Según comentó Carlos Reberón, director de la Cobertura de la Secretaría de Educación de Bogotá, a esta publicación en diciembre de 2015, este modelo “se ha convertido en un negocio que está perjudicando la calidad educativa”.

La posición del Ministerio es firme: se retirarán los contratos de las instituciones que no cumplan con los estándares mínimos de calidad, de ahí la advertencia que voceros de esta cartera hicieron a Semana Educación: “es probable que usted como acudiente tenga que asumir los gastos de la educación de sus hijos si los mantiene en estos colegios”.

Aquí la lista de las 63 instituciones educativas  suspendidas en Cali.