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| 11/9/2016 7:00:00 AM

El lucrativo negocio del servicio de salud del magisterio

La polémica persigue al modelo de atención médica de los docentes: mal servicio, licitaciones dudosas, deudas millonarias y la injerencia de grupos de interés. Esta es la historia de un sistema de salud que no despega.

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Semana Educación

El problema de una atención pertinente a la salud de los docentes oficiales fue el principal detonante que motivó a la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que agrupa a más de 150.000 maestros, a convocar un paro el primero de junio. El motivo: falta de garantías del derecho de los trabajadores a recibir sus prestaciones sociales.

Meses después, a escasos días de celebrarse el plebiscito por la paz que dio la victoria al no, Fecode amenazó con convocar una nueva movilización indefinida si el gobierno no daba una pronta solución. La derrota del sí paralizó las pretensiones del sindicato, pero las fallas en el sistema de sanidad de los docentes se mantienen. “No se han propuesto soluciones de fondo, sino paliativas”, comentaron fuentes de Fecode a Semana Educación.

La crítica va más allá, porque en el territorio, además del descontento por lo que califican una “pésima gestión del Estado para garantizar los derechos de los educadores a un servicio de salud digna”, existe una fuerte resistencia a que la agremiación que preside Luis Grubert se convierta en el vocero oficial de sus demandas.

Las personas consultadas para elaborar este artículo, una decena de docentes de regiones tan apartadas de Bogotá, como Tibú (Norte de Santander), Tumaco (Nariño) o Huila, explicaron que el sindicato no está en la capacidad de hablar en su nombre porque mira más por sus intereses que por los de los profesores del territorio que “trabajamos con las uñas y carecemos de acceso a atención de calidad”.

“El último profesor que sepultamos fue hace diez días porque después de meses de pedir que le atendieran se descubrió que estaba invadido por cáncer”, relató Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Institutores y Trabajadores por la Educación del Cauca (Asoinca), el día en el que miles de maestros llegados del Cauca se tomaron las calles de la capital.

Dirigieron sus clamores al gobierno de Santos, y lo hicieron en ausencia de Fecode, que no apoyó las protestas aunque las aspiraciones de ambos sindicatos eran las mismas: garantizar un servicio de salud digno. El desencuentro entre ambos es que, mientras desde las regiones reivindican una descentralización del servicio para que cada departamento controle las licitaciones, Fecode defiende su papel activo en las contrataciones. “Queremos que los intermediarios salgan y que sea directamente el Estado el que brinde el servicio de salud. Fecode sigue manteniendo que deben ser ellos los que liciten, pero se sabe que esto permite que los grandes empresarios intervengan y haya corrupción”, explicó Vargas.

Pero ¿cómo funciona la atención médica de los docentes y por qué se habla de la injerencia del mayor sindicato del país? Los profesores oficiales gozan de un sistema propio de salud garantizado por la Ley 91 de 1989 y administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), siguiendo las
indicaciones del Consejo Directivo que preside el Ministerio de Educación (MEN). En las votaciones de la junta participa la cartera educativa con un voto, Fecode con dos, y el Ministerio de Trabajo y Hacienda con uno, respectivamente.

En todo este enjambre burocrático también hace presencia la Fiduprevisora, responsable de gestionar el presupuesto del Fomag estimado en 5 billones de pesos para los próximos cuatro años (8,2 billones según el presidente de Asoinca), para atender a 900.000 personas, entre maestros y sus familias.

Es también la responsable de destinar los recursos a los consorcios que operan el servicio de los docentes en todo el territorio. Uno de ellos, la Unión Temporal Magisalud, que desde hace 16 años brinda atención médica en el Valle del Cauca bajo acusaciones de ofrecer un servicio deficitario.

La Fiduprevisora tampoco ha estado exenta de polémica. En mayo de este año, IPS Emcosalud, otro de los operadores, le acusó de arrastrar unas deudas que ascendían a 470.000 millones de pesos. Debido a esto, no había disponibilidad financiera para brindar el servicio a los docentes ni suministrar medicamentos.

Sandra Gómez, presidente de la Fiduprevisora, explicó a Semana Educación que ellos no estaban “quebrados”, que disponían del dinero pero que no podían “liberar la plata” hasta demostrar que las facturas de cobro de los operadores respondían a procedimientos que efectivamente se habían realizado. “Me facturan a nombre de una persona que está muerta o un parto con cédula de hombre, y así no puedo proceder a un pago”, se defendió.

Gómez aseguró en mayo que en junio presentarán un nuevo modelo de salud para los docentes y que ya trabajaban en su construcción junto el Ministerio de Educación, Hacienda y Fecode.

Casi seis meses después de estas declaraciones, el único anuncio que ha hecho la Fiduprevisora es que abrirá un proceso de licitación para aquellas entidades del sector que quieran “prestar un mejor servicio que el que se viene realizando”. Su labor empezaría a partir del 15 de enero, fecha en la que se vencen los anteriores contratos.

Es paradójico que desde el gobierno y Fecode se insista en la necesidad de cambiar el modelo, a la vez que en el documento Todo lo que tiene que saber sobre el sistema de salud para docentes, disponible en la página web del MEN, se haga la siguiente aclaración: “Durante los 20 años de funcionamiento del Fomag se han mantenido básicamente los mismos prestadores”. Y continúa: “A pesar de que últimamente se haya buscado ampliar la oferta, no se ha logrado aún la participación de otras entidades de salud o cajas de compensación”. Macondo en estado puro.

Derechos del profesor afiliado

El afiliado y su familia no deben pagar para recibir atención médica.

Recibir atención y tratamiento en todo tipo de patologías y sin restricción.

No hay un periodo mínimo de cotización: los beneficios son inmediatos.

No hay limitación de precios ni cantidad de los medicamentos siempre que estén aprobados.

*El docente no puede elegir EPS; se le adjudica a través de licitación.

Profesor de institución privada

Como cualquier otro trabajador, está obligado por ley a afiliarse al Plan Obligatorio de Salud de Colombia (POS). Pueden elegir EPS.

El valor de la cotización es del 12 % del salario mensual, 8 % lo paga el empleador y 4 %, el empleado.

Servicios: hospitalización, cirugía y urgencias; consulta médica general y especializada en cualquier área (también tratamientos odontológicos, exámenes de laboratorio y rayos X); consulta médica en psicología, optometría y terapias; medicamentos esenciales en su denominación genérica.

Derecho a afiliar a la familia, a recibir un subsidio en caso de incapacidad y licencia de maternidad.

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