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| 7/2/2015 8:55:00 PM

Otra universidad bajo la lupa del gobierno

El Ministerio de Educación formuló pliego de cargos a la Corporación Universitaria Rafael Núñez. ¿Por qué?

Cuando todavía el drama de la Fundación Universitaria San Martín no se ha terminado de resolver, un nuevo escándalo pone en el ojo del huracán a otra universidad: la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Este jueves, el Ministerio de Educación formuló pliego de cargos contra la institución y cinco de sus directivos.

Se trata de Miguel Henríquez Emiliani, fundador y exrector de la corporación; su esposa, María Carmela López, y sus hijos Miguel Ángel, Vanessa y Viviana. Todos integrantes de la Asamblea General de la institución. Según informó la jefe de esta cartera, Gina Parody, la decisión se remonta a julio del 2012, cuando se ordenó investigar a la Rafael Núñez por "presunta violación a normas de educación superior”.

Específicamente porque no se habría acatado la “debida conservación y aplicación de la renta de la institución”. En otras palabras, al parecer el dinero de las matrículas no fue reinvertido en el centro educativo. “El pliego de cargos dice que la corporación presuntamente incurrió en una indebida conservación de la renta. Esto quiere decir que lo que recaudó en matrícula no se utilizó en inversión para la universidad, sino en otras cosas”, agregó Parody.

Además, una visita realizada a la institución a principios de junio puso en evidencia que existe un endeudamiento cercano al 75 % sobre los activos, hacen falta pagos en la nómina y aportes a seguridad social y no se encontraron algunos registros contables. El Ministerio de Educación también resaltó que hubo una obstrucción a la función de inspección y vigilancia: la información entregada estaba incompleta y se han desatendido solicitudes como copias de contratos.

¿Qué va a pasar?

El procedimiento en este caso es diferente al de la Fundación Universitaria San Martín porque los hechos que se investigan en la Corporación Universitaria Rafael Núñez datan del 2012. Esto implica que no se puede aplicar la ley de inspección y vigilancia sancionada en diciembre pasado porque en Colombia no hay retroactividad. Es decir, que a actos pasados no se les pueden aplicar leyes posteriores.

Entonces, el proceso se realiza bajo la normativa de la Ley 30, que prevé un plazo máximo de 30 días para que la institución y los investigados presenten sus descargos una vez es formulado el pliego. Además, “tanto la Institución de Educación Superior a través de su representante legal como el investigado tendrán derecho a conocer el expediente y sus pruebas”. Después se deben practicar las pruebas solicitadas por ambas partes y tras los alegatos se sugiere la posible sanción o el archivo del caso.

Dentro de las sanciones se incluyen multas sucesivas hasta de cien salarios mínimos, amonestaciones y hasta la cancelación de programas y de la personería jurídica de la institución. Sin embargo, el Ministerio de Educación fue enfático al señalar que este es un proceso para las directivas y de ninguna manera es una medida que afecte el desarrollo de las actividades académicas de la corporación. “Los estudiantes pueden tener toda tranquilidad porque podrán seguir con sus clases normalmente”, señaló la cartera.

En este sentido, Parody insistió en que "todas nuestras actuaciones como Ministerio de Educación deben garantizar el acceso con calidad a la educación, eso es lo que buscamos”. De ahí que también haya ordenado otra visita a la institución durante los días primero, 2 y 3 de julio.

“Este ministerio respeta y honra la presunción de inocencia que recae sobre los investigados, y por eso concluido el ejercicio de la defensa al que tiene los acusados, se evaluarán los argumentos que presenten y se tomarán las decisiones correspondientes”, concluyó la ministra.

Líos pasados

Hasta enero de este año, Miguel Henríquez Emiliani, su esposa, sus tres hijos y su yerno Juan Antonio Piñeres Pupo estaban siendo investigados por la Fiscalía. Se les acusaba de haber incurrido, supuestamente, en los delitos de abuso de confianza y enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, en ese momento, la fiscal 61 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó apartes de la resolución de acusación que los llamaba a juicio. La investigación precluyó.

En septiembre del 2014, un fiscal especializado acusó a Henríquez Emiliani y su familia de haber desviado presuntamente más de 25.000 millones de pesos del centro universitario, a través de contratos amañados, asesorías y exorbitantes honorarios.
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