Las pruebas no tienen la última palabra

En los resultados de las pruebas PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (por sus siglas en inglés), Colombia ocupó el lugar 62 entre 65. El baldado de agua fría para el sector educativo no se dio solo porque el país ‘se rajó’ sino porque en 2009 había quedado 10 puestos más arriba.

Así, se presentó la reacción esperada: buscar y señalar culpables. Los estudiantes, docentes en general, FECODE y la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, fueron señalados. Algo similar pasa año tras año cuando el ICFES publica los resultados de las pruebas Saber, con la diferencia que en ellas se señala directamente a los estudiantes y colegios.

“Los resultados de estas pruebas son un llamado de urgencia a todo el sector educativo para redoblar y mejorar los esfuerzos y las políticas, y seguir mejorando la calidad de la educación en el país, especialmente en matemáticas”, explicó en ese entonces a SEMANA la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Saber y Pisa intentan evaluar competencias, que son, para quienes hicimos escuela en el Ministerio de Educación hace unos años (y lo recitamos, ¡qué ironía!) “saber hacer en contexto”. Y es precisamente en la noción de competencia que comienzan las faltas de articulación.

Primero, en la enseñanza: el gran problema educativo de la última década tiene que ver con la enseñanza de competencias que poco se ha asimilado en las escuelas. Claro, decimos que lo hacemos, lo evaluamos, y damos resultados, pero el desarrollo pedagógico sigue siendo aún incipiente. Segundo, falta hacer un puente entre la básica y media con la superior, ya que en la segunda ha sido difícil la entrada de la idea “desarrollo de competencias”.

Entonces, ¿se pueden evaluar las competencias con los instrumentos que se utilizan en dichas pruebas? Sabemos que no son apropiadas ya que se puede “entrenar” para ellas: si teniendo una buena comprensión de lectura podemos responderlas entonces el instrumento no es apropiado para evaluarlas.

Además, hay unos estándares que representan los niveles básicos de calidad (en realidad de aprendizajes), que permiten que los estudiantes sean medidos en pruebas masivas. Sin embargo, no todos debemos ni podemos aprender lo mismo y esto se hace más real cuando se piensa en minorías étnicas o estudiantes con dificultades de aprendizaje.

La lectura de los resultados de las pruebas estandarizadas no tienen en cuenta los factores asociados como composición familiar, cultural, de acceso a medios de comunicación, acceso a internet, entre otros. Aunque estos datos sí se recogen y terminan por ser utilizados para realizar afirmaciones que carecen de análisis.

Por ejemplo, cuando la subdirectora de Análisis y Divulgación del ICFES, María Isabel Fernándes Cristovao, presentó los resultados de las Pruebas Saber en competencias ciudadanas a 94 Secretarios y Secretarias de Educación dijo que las niñas eran mejores ciudadanas que los niños, que en el campo hay menos conflicto que en las ciudades y que las escuelas públicas están casi tan mal como las privadas.

Este tipo de juicios sin contexto confirman que la evaluación es un tema político, un negocio que se oculta en listados de mejores y peores pero difícilmente involucra acciones para que los estudiantes mejoren. Lo político y su respectivo negocio se hallan en esos listados que son utilizados para ganar o perder votos, cupos, aumento de matrícula y reputación de los colegios, para criticar o alabar gestiones, pedir recursos y sobre todo, para la ejecución de programas y proyectos multimillonarios.

Muchas veces los talleres del ICFES sobre interpretación de resultados son más sobre cómo leerlos y no sobre qué hacer con ellos. La ciudadanía no comprende lo político de la evaluación sino que la asume como la realidad de lo mal que vamos (o que seguimos estando). Medir y evaluar no son lo mismo porque medir no implica mejorar y así, sin utilizar realmente los resultados, no podemos evaluar.

Debemos dejar de culpar a los estudiantes y asumir una posición de responsabilidad como docentes desde las instituciones. Pero, ¿qué hacer entonces con las evaluaciones estandarizadas? La salida fácil es que se establezca un puente real entre sus resultados y los procesos pedagógicos y así entendamos la evaluación como parte del ciclo de aprendizaje. El problema es que esto requiere de recursos y de miradas complejas sobre lo educativo.

Si creemos que la educación es un tema de derechos y no de emergencia podemos dejar de esperar a que los estudiantes obtengan resultados deseables y mejor enfocarnos en ofrecerles todo eso que les permitiría una educación de calidad. Esto nos llevaría a que finalmente le brindemos más a quien más lo necesita, en vez de medirlo para estigmatizarlo o excluirlo y de esta misma manera, entendamos que así garanticemos todo lo necesario para la educación, un niño o niña puede, por cualquier razón que sea, fallar en un examen y eso no debe cerrarle las puertas de sus derechos.

Es hora de que el Estado y el ICFES le respondan a la ciudadanía sobre los usos reales que tiene participar de todas estas pruebas y la manera en que ellas benefician a los estudiantes del país. La respuesta no podría ser que se inventaron una nueva prueba como la que aplicarán en agosto de 2014.

* Juan Camilo Aljuri Pimiento es magister en historia