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| 6/2/2015 5:45:00 PM

En firme juicio contra exdirectivos de la San Martín

La Fiscalía acusó de seis cargos a Mariano Alvear, fundador de la institución educativa, Ricardo Caballero, representante legal, y Juan Carlos Mahecha, jefe de la oficina jurídica.

El escándalo que puso en jaque a la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), por cuenta de las supuestas irregularidades en su administración, tiene a tres de sus exdirectivos contra las cuerdas. Este martes la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Mariano Alvear, fundador de la institución, Ricardo Caballero, representante legal, y Juan Carlos Mahecha, jefe de la oficina jurídica.

Seis son los delitos que desde marzo pasado tienen a Caballero y Mahecha recluidos con medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Bogotá y a Alvear con detención domiciliaria. Para el ente acusador, los exdirectivos de la institución deben responder por estafa, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, concierto para delinquir, fraude a resolución judicial y falsedad material en documento público. Por estos cargos fueron llamados a juicio.

Las directivas de la Fundación Universitaria San Martín usaron el patrimonio de la institución de una manera indebida durante mucho tiempo a través de empresas con ánimo de lucro, que se pueden considerar entes de papel pues no tienen elementos físicos que los sustenten. A través de ellas, realizaban compras de bienes suntuarios y, para hacer más crítica la situación, los directivos de esas empresas son los mismos de la universidad o su sede opera en las instalaciones de la FUSM.

Justamente, añadió la Fiscalía, fue mediante estas compañías que se “constituyeron una serie de actos delictivos como el no pago de sus obligaciones laborales y fiscales”. Es decir, que para evadir las responsabilidades pendientes de la universidad con los trabajadores se crearon organizaciones con documentación falsa para levantar las medidas cautelares que ordenaron los juzgados laborales.

Las demandas laborales por los incumplimientos de la Fundación Universitaria con la seguridad social de sus empleados empezaron en el 2005. Fue en ese momento cuando se comenzaron a dictar los embargos contra los bienes. La investigación de la Fiscalía detectó 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial.

“Además, cuando las ventas ficticias de bienes no operaban, entregaron los mismos a una fiducia para dejar a salvo los inmuebles de la entidad. Con estas operaciones, la universidad aparentemente no tiene bienes que les puedan quitar en un eventual proceso ejecutivo. Además, suscribieron créditos a través de la fiducia, pero no los pagaron”, insistió el ente acusador.

No solo eso: la Fiscalía también cree que los exdirectivos, además, ordenaron a los estudiantes consignar los dineros de la matrícula en cuentas bancarias diferentes a las de la institución para seguir evadiendo las responsabilidades de los procesos laborales que habían fallado en su contra por los reiterados incumplimientos con empleados y exempleados de la institución. Las “matrículas se consignaban en cuentas paralelas que no pertenecían a la universidad” aclaró la entidad.

Alvear, Mahecha y Caballero también son investigados por ofrecer matrículas que no contaban con el registro calificado –lo cual habría afectado a 1.455 estudiantes– y por evadir impuestos: “no sólo porque todo lo constituían como fondo o fundaciones, sino que negaban siempre que debieran pagar cualquier tipo de impuesto, aun cuando este también debiera ser pagado por las fundaciones”, explicó la Fiscalía.

El dinero que se habría desviado de la Fundación Universitaria San Martín al exterior fue calculado en aproximadamente 9.000 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía publicado en marzo, el dinero de los estudiantes se ha detectado en países como México, Islas Caiman, Estados Unidos, India, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia. "A estos países llegaron los 9.000 millones de pesos surgidos de la plata de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá", sostiene el documento.

En este sentido, la Fiscalía pudo determinar que “las empresas a través de las cuales se desvió el dinero de la FUSM y cuyos activos sumados llegan 80 mil millones de pesos son el Fondo para el Fomento de la Educación, Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva, Fundación Qualite Fish Meat and Vegetable Corporation y el Fondo para el Mejoramiento y Crecimiento de las Necesidades Básicas Alimento, Salud y Educación. Además, hay otras 17 empresas con características de empresas de papel”.

Además, hace menos de una semana, la Superintendencia de Sociedades multó a Alvear y a Rodrigo Enrique Ruiz, revisor fiscal de la San Martín por irregularidades en la empresa Gráficas San Martín. Las sanciones serán de 51'548.000 pesos y 38'661.000 pesos, respectivamente.

Cuando la Fiscalía imputó los seis delitos en marzo de este año, los tres exdirectivos no aceptaron estos cargos. Ahora deberán ir a juicio y, como lo explicó el fiscal General Eduardo Montealegre en ese momento, de ser hallados culpables enfrentarían penas cercanas a los 15 años.

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