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| 11/28/2016 12:00:00 PM

Dura carta en defensa a Ser Pilo Paga

“Tres supuestos, implícitos y poco reflexionados, atraviesan toda la argumentación del Sr. De Zubiría y lo llevan continuamente a conclusiones falaces”, así lo afirman los rectores de la Universidad Icesi y la Javeriana.

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Semana Educación

Como rectores de dos Universidades privadas, acreditadas institucionalmente y que han sido favorecidas por centenares de estudiantes del Programa Ser Pilo Paga (SPP); y como académicos y ciudadanos, abiertos al debate y al diálogo público, hemos decidido escribir esta comunicación, donde nos permitimos disentir de las apreciaciones del Señor Julián de Zubiría Samper en el artículo “Los riesgos de Ser Pilo Paga”.

Somos conscientes de que el programa SPP es susceptible de mejoras, pero consideramos que tiene suficientes bondades para mantenerlo y profundizarlo, y es por eso que quisiéramos comentar algunas de las argumentaciones del Sr. De Zubiría que nos han perecido exageradas, inexactas o cargadas de ideología:

Ya, desde la primera aseveración, nos desconcertó el artículo. Dice él: “Ser Pilo Paga (SPP) ha sido vendido como se han vendido la mayoría de ideas en Colombia: nos han querido convencer de que, si apoyamos a las élites, todos nos veremos beneficiados. Esencialmente es la misma lógica que ha conducido a crear programas como Agro Ingreso Seguro”. ¿A qué viene una comparación de un subsidio criticado por haberse otorgado a agricultores miembros de algunas de las familias más ricas de Colombia con otro otorgado a jóvenes con las más altas competencias intelectuales y académicas, provenientes de las familias más pobres del país? Es muy extraño, además, que eso lo diga don Julián De Zubiría, quien tuvo, por años, su institución, el Instituto Alberto Merani, dedicada a atender a niños superdotados intelectualmente, subsidiando a los provenientes de familias pobres, precisamente la misma “élite” que ahora encuentra inapropiado apoyar.

Afirma que SPP: “Dejará a las universidades públicas sin recursos”. La financiación del programa SPP no toca los recursos de las universidades oficiales. Al contrario, parte de los recursos de SPP van a esas universidades, si están acreditadas.

Más adelante, refiriéndose a los bachilleres no cubiertos por SPP, dice: “¿Qué pasa con los otros 470.000? Son estudiantes cuyos sueños se truncan por completo cada año, porque el Estado ha decidido invertir sus recursos exclusivamente en el 2% de la población… para el 98% que son abandonados, es un programa que no garantiza su derecho a la educación”. El mismo autor, sin embargo, da la cifra de 655.000 estudiantes atendidos por las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales, subsidiadas por el Estado. De esos, unos 150.000 deben ser estudiantes nuevos cada año, “cuyos sueños no se truncaron”. Es una simplificación inaceptable reducir todos los objetivos de las políticas de educación superior, al acceso universal; y es una mentira que todas las políticas públicas de acceso a la educación superior se reduzcan al programa SPP. Pero son esos supuestos los que le permiten la sorprendente afirmación de que “el Estado ha decidido invertir sus recursos exclusivamente en el 2% de la población”.

En otro lugar sostiene que: “… los estimativos de los investigadores Gómez y Asmar son que, para el año 2018, los recursos girados al programa serán los mismos que reciben por transferencia las 32 universidades públicas nacionales y regionales”. No pudimos encontrar la fuente citada ni los “estimativos de los investigadores”. Sin embargo, un reciente informe de lanota.com sobre las IES colombianas, con información económica abundante, permite calcular que las transferencias estatales a IES oficiales, que, por cierto, son más de 32, superaron los 3.8 billones de pesos, en 2015. Si SPP continuara más allá del término del gobierno Santos, costaría anualmente, en estado estable de cinco cohortes de 10.000, aproximadamente 0.76 billones de pesos de 2015, es decir, la quinta parte de las transferencias a las IES oficiales. (5 cohortes por 9.500 estudiantes en promedio por cohorte por $16 millones por Pilo en promedio de matrícula anual y subsidios). El subsidio de los Pilos sí cuesta más del doble, per cápita, que el del estudiante promedio de una IES oficial; pero la realidad es muy distante de lo que afirma el Sr. De Zubiría. Por otro lado, es conocido que existen universidades oficiales acreditadas donde el costo por estudiante es mayor que en algunos de sus pares del sector privado, de manera que estos cálculos merecen mayor atención y detenimiento.

De Zubiría se refiere a unos casos de “bullying” en una institución, no relacionados con estudiantes de SPP, los generaliza a “universidades de élite,” para terminar diciendo: “Ojalá ésta no se desplace contra los estudiantes que llegan provenientes de regiones distantes y condiciones de marginalidad”. ¿A qué viene el comentario? ¿Simplemente a relacionar una buena universidad, que recibe beneficiarios de SPP, con alguna situación problemática? ¿A sembrar dudas de algún tipo? ¿A indignar al lector, como quizá recomendarían los asesores extranjeros de cierta campaña electoral? Se parece esta estrategia argumentativa a esa odiosa manía de identificar y reducir a las mejores universidades oficiales a los desórdenes de que, en ocasiones, son escenario.

Señala el Sr. De Zubiría que no se da ningún “descuento” al Estado por el volumen de estudiantes. Por lo que concierne a nuestras instituciones, le queremos comentar que las Universidades les estamos asegurando a los estudiantes del programa SPP beneficios especiales:

o Almuerzo completo todos los días de estudio del Semestre.

o Textos de estudio, en préstamo por todo el semestre.

o Apoyo para una salida internacional.

o Acompañamiento para su incorporación a la vida universitaria.

  • Al final, el alegato del Sr. De Zubiría es ideológico: reconoce que “Las privadas tienen ventajas en empleabilidad, expectativas de salario a futuro, nexos sociales, laborales, evaluación de docentes y ausencia de paros” y que “Las universidades privadas han cumplido un excelente papel en la calidad de la educación. Son modelo en ello (…) pero no deben beneficiarse del dinero público”. El autor no diferencia las universidades oficiales buenas de las malas; no parece interesarle el futuro de los estudiantes; solo le interesa la universidad oficial como una institución que hay que proteger a toda costa.  

En nuestra opinión el programa SPP es una de las decisiones más importantes que se han tomado en política pública educativa en los últimos años, pues ha permitido ampliar decididamente la cobertura de alta calidad en la educación superior a través del subsidio a la demanda, de manera similar a como lo hace el Estado en otros sectores de la economía. El programa SPP permite a los alumnos más sobresalientes de los estratos socioeconómicos más bajos, elegir, minimizando las restricciones económicas y geográficas, entre un grupo de universidades del orden nacional que comparten el hecho de haber sido reconocidas por el estado como de alta calidad en los procesos educativos. Se basa, pues, en criterios objetivos de necesidad (jóvenes de los niveles más bajos del SISBEN) y de eficiencia en la asignación (Mejores pruebas Saber 11 como predictor de su desempeño futuro y universidades acreditadas como criterio de selección de calidad), y fortalece el principio constitucional de la libertad de educación de los estudiantes y sus familias. En este sentido, el programa SPP no elimina ni sustituye otras políticas públicas de acceso a la educación superior, como los subsidios a la oferta que reciben las universidades oficiales o los créditos y becas de Icetex, porque su foco y sus objetivos son muy específicos: mejorar la cobertura de alta calidad y fortalecer la capacidad para elegir de un grupo de estudiantes de estratos bajos y alto rendimiento académico.

Esto no resume, ni mucho menos, todos los objetivos y las virtudes de este programa, pero es suficiente, pensamos, para desmentir tres supuestos, implícitos y poco reflexionados, que atraviesan toda la argumentación del Sr. De Zubiría y que lo llevan continuamente a las conclusiones falaces antes mencionadas: 1) que SPP es la única o la principal política pública del Estado en su búsqueda por mejorar el acceso a la educación superior, 2) que es un programa hecho exclusivamente para las universidades privadas y en detrimento de las públicas, 3) que el programa favorece a una élite económica, en detrimento de las mayorías populares:

1)El programa SPP, en principio, ni elimina ni sustituye otras políticas públicas de acceso a la educación superior, como los subsidios a la oferta que reciben las universidades oficiales o los créditos y becas de Icetex. Su foco y sus objetivos son muy específicos: mejorar la cobertura de calidad y fortalecer la capacidad para elegir de un grupo de estudiantes de estratos bajos y alto rendimiento académico. Criticar este programa porque no incluye a todos los bachilleres de estratos bajos, es como criticar la asignación de recursos a la Universidad Nacional dados sus costos comparativos por estudiante y sus exigentes criterios de selección que dejan por fuera una inmensa cantidad de aspirantes y cuyos cupos a menudo son ocupados por estudiantes de estratos altos con los mejores puntajes de las pruebas de estado. La Universidad Nacional no es la única estrategia del Estado para mejorar el acceso a la educación superior de las clases menos favorecidas –aunque debe contribuir significativamente a ello-, y tiene además una responsabilidad en el liderazgo de procesos de calidad formativa e investigativa en el sistema (junto con otras universidades públicas y privadas). Y es en este sentido que hay que evaluar sus costos y criterios de selección estudiantil, y no como si tuviera que resolver sola el tema de la cobertura universal y como si, además, ese fuera el único criterio para evaluar una política pública de educación superior. Pero eso es lo que hace el Sr. De Zubiría con el programa SPP.

2)El programa SPP no distingue entre universidades estatales y universidades privadas, sino entre universidades acreditadas –por el Estado-, y universidades sin acreditación. Se trata del derecho a elegir del estudiante, en el marco de calidad que le fija el gobierno. Las únicas excluidas de este Programa son las universidades, del Estado o privadas, que no hayan querido someterse al proceso de acreditación institucional de alta calidad. Y seamos las universidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, tenemos muy claro que todas prestamos un servicio público para el bien del país.

3) Por las dos razones anteriores, si el programa favorece alguna élite, es a la élite académica –medida según las pruebas de Estado- de los estudiantes de estratos populares; y a la élite de las universidades de excelencia –medida esta según los criterios del estado- que cuentan con acreditación de alta calidad. No a los ricos contra los pobres, ni a los privados contra el Estado.

El compromiso que tenemos es acompañar a los beneficiarios de SPP para que se gradúen en el tiempo previsto de manera que el crédito beca les sea condonado. Para nuestras universidades es un honor que muchachos que van a generar una transformación de un impacto gigantesco en nuestro país estén estudiando en ellas. Creemos que el debate público sobre este novedoso programa de inclusión educativa es positivo siempre y cuando se haga sin prejuicios, conociendo las experiencias de cerca y con información objetiva. De lo contrario es una gran irresponsabilidad con las nuevas generaciones de colombianos.

Invitamos a la revista Semana a promover un debate documentado y de cara a los Pilos que están respondiéndole al país estudiando de manera seria y consagrada.

Cordialmente,

Francisco Piedrahita, Rector Universidad Icesi
Luis Felipe Gómez, S.J., Rector Universidad Javeriana Cali

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