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| 10/4/2017 12:00:00 PM

Universidades públicas marchan contra Ser Pilo Paga

La falta de recursos y la desfinanciación llevaron a las 32 instituciones de educación superior públicas a manifestarse en todo el país.

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Semana Educación

El Gobierno estaba advertido. Después de diferentes reclamos, cartas y declaraciones, las universidades públicas del país decidieron salir a marchar debido a su situación financiera. Se estima que 70 instituciones se unieron a esta manifestación a nivel nacional. En Bogotá, diferentes cifras reportan que 32 instituciones públicas y 11 privadas son las que salieron a las calles hoy.  

Esta movilización se da después de que el rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Adolfo León Atehortúa, envió un contundente mensaje a la comunidad académica: “invito a las universidades estatales a movilizarse contra el Gobierno por la forma como están sufriendo la instituciones de educación superior pública con el actual modelo de financiamiento”.

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De acuerdo con el directivo, las instituciones de educación superior públicas en el país llevan a cuestas un hueco financiero de 434.874 millones de pesos por cuenta de la distribución de los recursos, en la que resultan favorecidos programas como Ser Pilo Paga, que benefician en la mayoría de los casos a universidades privadas por medio del Icetex.

De hecho, según cifras proporcionadas por el Icetex, el 87,42% de los créditos que entrega la institución van dirigidos a estudiantes que entran a universidades privadas y el 12,58% para las públicas. Incluso, entre las 20 universidades que más créditos reciben, que en total suman 275.775 créditos vigentes del Icetex, no aparece ninguna oficial.

De los 30.000 estudiantes que hacen parte del programa Ser Pilo Paga, el 82% está en universidades privadas y el restante 18% accede a una institución de educación pública del Estado, según cifras del Ministerio de Educación. “Con esos pilos podríamos apoyar a 500.000 estudiantes en universidades públicas. Yo no tengo ninguna contradicción con las universidades privadas, pero podemos trabajar en conjunto. De hecho, se nos presentan muchos pilos, pero el problema es que no pasan por la prueba de admisión y por eso optan por las privadas”, le dijo a SEMANA el rector de la UPN.

“Estamos muy preocupados por la desfinanciación de la universidad estatal, porque hemos venido perdiendo nuestras bases presupuestales por disposición del Gobierno. Cada año el presupuesto se indexa con el IPC, pero el costo de las universidades son por encima de este y eso venimos cubriéndolo con recursos propios y la situación se agrava porque el presupuesto se nos redujo en un casi 70% por Pilo Paga. Próximamente no tendremos ni un solo peso”, agrega.

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En la misiva que envió el rector de la UPN a diferentes cuerpos colegiados y comunidades educativas de las universidades públicas, el rector invitó a movilizarse masivamente “en torno al efecto estructural que representa el modo en que se proyecta la ley del programa ‘Ser Pilo Paga, la aprobación del presupuesto de la nación para el 2018 y lo sucedido con los recursos en el presente año".

Adicionalmente, Atehortúa agregó: "exigimos al Gobierno respetar los recursos para la educación superior pública asignados en la reciente Reforma Tributaria y, en tal sentido garantizar que las universidades públicas recibamos esos recursos en su totalidad”.

La manifestación de hoy no es un hecho aislado, pues el 26 de septiembre se registró una primera movilización que inició en la Universidad Pedagógica en la calle 72 y fue hasta la plaza de Bolívar en el centro de la capital. En esta marcha participaron aproximadamente 2.000 personas. Al día siguiente, se presentaron más bloqueos en la sede de la Pedagógica, con el agregado que en inmediaciones de la Universidad Nacional en la calle 26, los estudiantes también se manifestaron.

La respuesta de la cartera educativa ante los reclamos de las universidades ha sido que la preocupación de los rectores sobre la desfinanciación es compartida. Sin embargo, el Ministerio ha destacado que los recursos de la adición presupuestal para el resto del año, aprobada en junio, se asignaron 186.000 millones de pesos más para el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas, que representa el mayor incremento en recursos de funcionamiento desde que entró en vigencia la Ley 30 en 1992. 

A su vez, el Ministerio de Educación es consciente de que esa adición no es suficiente y por eso es necesario trabajar en un plan de financiación que permita enfrentar la desfinanciación de las universidades públicas.

De acuerdo con un estudio del Departamento de Planeación (DPN), el programa de créditos universitarios ha permitido cerrar la brecha de acceso a la educación superior. El informe destaca que desde el 2010 "el acceso a la educación superior en Colombia ha venido creciendo sostenidamente". Gracias a ese plan, aumentó el acceso a la educación superior en 31,8 puntos porcentuales y en 46,1 puntos porcentuales el acceso a Instituciones de Educación Superior acreditadas, dice el DPN.

“Son muchas razones  por las que estamos saliendo hoy a marchar pero se resumen en tres, básicamente. La primera está ligada al recorte de presupuesto que se le ha hecho a la ciencia y tecnología; la segunda es porque el Ministerio de Educación anunció un aumento de 1,9 billones de pesos para 2018, pero 900.000 millones irán a Icetex que financia Ser Pilo Paga, esto hace que se mantenga una dinámica de la desfinanciación de la educación superior pública. Y en tercer lugar, Ser Pilo Paga será una política de Estado”, le contó a SEMANA Andrés Salazar, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional.

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De acuerdo con Salazar, se trata de un contrasentido, pues Pilo Paga, según él, está poniendo en riesgo a la educación pública en la medida que eleva los costos para el Estado y contribuye a su desfinanciación por el desvío de los recursos. “Ser Pilo Paga es una política que ofrece créditos educativos condonables, que se presentan como becas, pero en realidad los estudiantes están bajo amenaza de una deuda que los puede perjudicar, y además destruye la naturaleza de la educación superior pública y gratuita”, dijo.

Salazar indicó también que “muchos prefieren estudiar en una universidad privada por las facilidades que implica no tener que realizar un examen de admisión”. Para él, este programa del Estado no ayuda a que se aumente la población estudiantil y, por el contrario, se eleven los costos y gastos para el Gobierno.

Según el estudiante, el programa le cuesta a la nación un billón de pesos, los cuales podrían ser invertidos en mejorar las condiciones de las universidades públicas del país. Aunque los recursos de esta política educativa no alcanzan para subsanar la deuda de 16 billones de pesos que tiene el Estado con la educación superior, ese dinero serviría para solventar la crisis y permitiría que la universidad pública dejara de autofinanciarse.

Sin embargo, diferentes expertos afirman que es necesario que se realice una reestructuración de fondo del sistema financiero de la educación, pues la preocupación sobre la desfinanciación de los recursos ha sido compartida por diferentes directivos, académicos, políticos y miembros influyentes de la sociedad. 

Un profundo hueco financiero

Por su parte, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Luis Fernando Gaviria explicó que las universidades públicas recibirán 162.505 millones de pesos como adición presupuestal para lo que queda del 2017. Pero lo cierto es que el hueco financiero a medida que pasa el tiempo sigue creciendo. En 2016 este era de 373.219 millones, este año ascendió a 434.874 millones de pesos.  

Los diferentes integrantes del SUE han expresado que existe una incertidumbre entre las universidades por la inclusión de recursos asignados para 2018. “No se encuentran explícitos en el anteproyecto de presupuesto presentado al Congreso”, aseguraron los miembros del SUE en una reciente misiva. Pero al mismo tiempo, lo cierto es que en el anteproyecto queda claro que se destinarán al programa Ser Pilo Paga 591.000 millones de pesos.

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Sin embargo, el reclamo viene desde hace varios meses. El mismo SUE publicó un documento en el que los 32 rectores de las diferentes universidades públicas del país expresaron su preocupación por la situación financiera que estaban viviendo y expusieron que podrían demandar algunos puntos de la actual Reforma Tributaria que permitirían el desvío de recursos públicos hacia universidades privadas. 

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