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| 2/1/2017 8:31:00 PM

Primeras sanciones de Mineducación a directivos de la San Martín

La cartera que dirige Yaneth Giha inhabilitó a cuatro responsables de la universidad por un período de entre 7 y 8 años y medio. Esta medida no resuelve el futuro incierto de la institución.

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Semana Educación

El escándalo que puso en jaque a la Universidad San Martín en el 2014 tiene un nuevo capítulo. El Ministerio de Educación (MEN), con Yaneth Giha a la cabeza, acaba de anunciar que sanciona con inhabilitación a cuatro exdirectivos de la fundación. Se trata de Jose Ricardo Caballero Calderón, quien fuera representante de la institución, y Martín Eduardo Alvear Orozco, Xiani Piedad Ocampo Cequeda y Antonio Sofán Guerra, antiguos integrantes del plénum, máximo órgano de dirección y gobierno de esa institución.

Caballero Calderón no podrá ejercer cargos o contratar con instituciones de educación durante siete años. A los otros tres acusados se les impuso una sanción idéntica pero extendida hasta los ocho años y seis meses.

Haciendo uso de sus facultades de inspección y vigilancia, el MEN les halló culpables  incumplir las órdenes, requerimientos e instrucciones que emitió el gobierno entre el 24 de diciembre del 2014 y el 2 de febrero del 2015, "con el propósito de obtener información tendiente a la oportuna elaboración del diagnóstico inicial de la institución, la adopción del plan de mejoramiento institucional, el decreto de medidas administrativas y su garantía de eficacia, además de la reanudación de la prestación del servicio educativo; dificultando en consecuencia el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que estaban siendo desplegadas por esta Cartera Ministerial en un contexto de grave interrupción de la prestación del servicio educativo y afectación del derecho fundamental a la educación superior”.

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En la resolución también se levanta la acción administrativa sancionatoria contra el fallecido Mariano Alvear Sofán, fundador de la San Martín, y contra la propia institución, esto último porque el MEN  entiende que las mencionadas faltas “son atribuibles únicamente a quienes ejercían su dirección y no a la universidad como persona jurídica”.

Sin embargo, aclara la cartera que dirige Yiha, este proceso es independiente a las demás acciones legales (penal, laboral y disciplinaria) que en la actualidad tienen a la San Martín en el punto de mira.

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De hecho, y como explicaron a Semana Educación voceros del MEN, esta medida no afecta a la suspensión de los registros calificados de los programas académicos de la institución. Con excepción de cinco, el Gobierno los mantiene “congelados” desde enero del 2015, cuando intervino la institución por irregularidades administrativas, desvío de recursos, ofrecer programas sin registro y deudas millonarias.

Según relataron a esta publicación varios profesores de la San Martín, la sala de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) lleva dos años negándole otros 14 registros a la universidad sin los que no puede aceptar matrícula nueva ni, por lo tanto, ingresos económicos por esa vía.

Jesús Arengas, abogado y representante legal de 200 trabajadores de la insitución en la sede caribe, aseguró a Semana Educación a finales del 2016 que la San Martín arrastraba una deuda de 650.000 millones de pesos, “400.000 millones corresponden a obligaciones laborales (pago de prestaciones sociales, salarios, liquidaciones de contratos y aportes a la seguridad social), y los 250.000 millones restantes a obligaciones con la Dian”. En otras palabras, a pesar de la última medida anunciada por el MEN, el futuro de la San Martín todavía no está resuelto. (Relacionado: MinEducación no es claro con el futuro de la San Martín)

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