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| 2/14/2009 12:00:00 AM

5-4

Cuando el presidente Álvaro Uribe decretó en octubre del año pasado la conmoción interior para hacerle frente al paro judicial que llevaba 37 días, parecía una medida exagerada; más aun que en situaciones significativamente más graves de perturbación al orden público el gobierno se había abstenido de utilizar esa herramienta extraordinaria. Además, no era el primer paro que había afrontado la administración Uribe. Por eso no sorprendió la decisión de la Corte Constitucional, escrita por Nilson Pinilla, de declarar inexequible el decreto. Desde cuando se creó la Corte en la Constitución de 1991, las conmociones decretadas del Ejecutivo han tenido poca acogida. La tradición ha sido rechazar más que aprobar, incluso en declaratorias con mayores sustentaciones. Lo que llamó la atención, en cambio, fue lo apretado de la votación. Que cuatro magistrados hubieran optado por respaldar al gobierno es un indicio de que las diferencias en la Corte no sólo son de filosofías jurídicas, sino políticas. Dos de los magistrados de ese bloque encabezado por Mauricio González serán reemplazados en marzo por dos ternas que presentará el Presidente al Congreso. Pero queda una incógnita: ¿podrá Uribe garantizar que los dos nuevos magistrados sean igual de leales?

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