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| 8/1/2015 10:00:00 PM

¡Al polígrafo!

El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo la semana pasada que un centenar de funcionarios del sector transporte y vivienda deberán someterse a un detector de mentiras.

Esto les sucederá a los funcionarios que están involucrados en los procesos de adjudicación y licitación de obras públicas. Vargas agregó que quienes no lo hagan serán separados de los procesos de adjudicación y que eso en ningún momento significa que sean despedidos. Aunque la prueba como tal no es ilegal, algunas decisiones que se adopten con base en ella sí pueden serlo. Por ejemplo, si se usa información personal del funcionario o si se convierte en la prueba para despedirlo. El debate por el uso del polígrafo ha sido de nunca acabar. Más de 90 países en el mundo lo utilizan en sus agencias de inteligencia y cada vez más empresas privadas ofrecen ese servicio. En América Latina, el detector de mentiras es utilizado como prueba judicial solo en Guatemala y Panamá. En Estados Unidos, apenas 18 de los 51 estados la aplican. En Colombia no sirve de prueba ante ningún juzgado, pero puede ayudar a detectar mentiras, sobre todo en millonarias adjudicaciones de contratos como las que maneja el Estado.
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