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En el atardecer del pasado 9 de septiembre el miliciano de las Farc Arnubio Ramos Erbus, 26 años, se zafó de los guardianes del Inpec en un avión de Aires que volaba a Florencia, sacó un arma, encañonó a la tripulación y desvió la nave a San Vicente del Caguán, corazón de la zona de distensión. El hecho provocó una dura reacción del gobierno, que prometió acabar con los diálogos con esta guerrilla si el secuestrador no era devuelto a las autoridades. “No permitiremos que las Farc conviertan el área en un santuario de delincuentes”, dijo el alto comisionado Camilo Gómez, “Podemos tragarnos sapos pero no tan grandes”, añadió el fiscal Alfonso Gómez Méndez. Sin embargo las Farc no se movieron ni un milímetro: “Aquí se queda”, respondieron. El gobierno propuso una baraja de opciones para buscarle una solución al problema. A todas las Farc dijeron que no. Pasaron las semanas y el gobierno cedió con el compromiso de que una comisión —integrada por Andrés París de las Farc y monseñor Alberto Giraldo de los negociadores del gobierno— diera un informe de qué hacer el 20 de noviembre. Ya pasó un mes y el caso de Arnubio se ha ido esfumando de la memoria del país.
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