Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2010/07/17 00:00

Aún no se conoce la totalidad de los congresistas

Aún no se conoce la totalidad de los congresistas

La criticable demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar la composición definitiva del Congreso se debe a varias razones. Por un lado, la avalancha de solicitudes, recursos e impugnaciones que recibió el CNE no tiene precedentes. En esta ocasión los magistrados tuvieron que trasladar los votos de 12.000 mesas para revisarlos en Bogotá. Esta revisión tuvo un costo adicional de 3.000 millones de pesos, que se suman a los 30.000 millones que se invirtieron en el año electoral.

Pero más allá del número de solicitudes, el complique con la revisión ha abierto el debate sobre la posible politización del CNE. Los expertos señalan que los magistrados electorales, elegidos por congresistas, a veces tienden a favorecer los intereses del partido que representan. Así lo cree el constitucionalista Jaime Castro, para quien “la reelección de los magistrados por parte de congresistas explica las demoras en los escrutinios y algunas decisiones equivocadas”.

Varias denuncias de favorecimientos e irregularidades se han hecho públicas en los últimos días y han aumentado las suspicacias sobre la imparcialidad de los magistrados. Así, por ejemplo, miembros del Partido Verde señalan que el magistrado Óscar Giraldo, del Partido de la U, no quiso revisar mesas en las que aparecen presuntas irregularidades a favor de su partido en Bogotá. Por si fuera poco, el aspirante a la Cámara por Cambio Radical Hernando Padaui, quien disputa la curul con su copartidario Germán Ordosgoitia, denunció una relación muy cercana entre Adelina Covo, la presidenta del CNE, el senador Javier Cáceres y su rival.

Estas denuncias puntuales ponen sobre la mesa la necesidad de una eventual reforma al sistema electoral del país. Se barajan varias posibilidades que van desde poner en marcha el voto electrónico, hasta devolverle al Consejo de Estado la facultad de elegir a los magistrados del CNE. O elegirlos por un concurso de méritos y cambiar las fechas para que su reelección no coincida con la posesión de un nuevo Congreso certificado por los mismos magistrados electorales.

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