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| 12/10/2016 12:00:00 AM

¿Control fiscal o político?

Una fuerte polémica desató la Contraloría de Bogotá con el fallo de responsabilidad fiscal por 217.000 millones de pesos contra el exalcalde Gustavo Petro y varios de sus secretarios.

Además de embargarle las cuentas, el organismo de control le impuso una dura sanción a Petro, quien no podrá ocupar cargos públicos mientras no cancele estos recursos, lo que lo dejaría por fuera de la carrera presidencial de 2018.

La Contraloría advierte que en julio de 2012 el alcalde Petro redujo entre 50 y 350 pesos la tarifa de TransMilenio, dependiendo de la hora del día. La decisión, presentada como una ayuda a las personas de la tercera edad, nunca fue plenamente justificada y terminó por convertirse en un subsidio generalizado, lo que está prohibido por la Constitución, y en caso de beneficiar solo a una parte de la población debe ser aprobada por el Concejo Distrital. La Contraloría, entonces bajo el mando de Diego Ardila, abrió en 2012 una indagación preliminar, a la que después se le sumaron otras dos más. Tras cuatro años, el actual contralor, Juan Carlos Granados, ratificó la decisión ya tomada en primera instancia por los funcionarios que llevaban el caso desde hace años: la decisión de Petro fue ilegal, pues creó un subsidio generalizado que afectó las arcas de la ciudad, ya que esta tuvo que financiar con recursos propios los 217.000 millones de pesos que dejó de recibir.

Como era de esperarse, el fallo generó una polémica. Petro acusó al contralor Granados de ser una ficha cercana al vicepresidente Germán Vargas Lleras y de Cambio Radical, partido que lideró su elección. “Me criminalizan por expedir políticas públicas en las que ellos no están de acuerdo”, reclamó Petro y afirmó que lo quieren sacar de la contienda electoral. A su vez, TransMilenio dijo que no hubo subsidios, sino un nuevo esquema tarifario. Por su parte, Granados señala que en este y otros casos que la entidad investiga, como el deprimido de la calle 94 o el esquema de basuras, actúa de forma independiente y respetando los procesos adelantados desde hace años, cuando él no formaba parte de la Contraloría. La polémica va a seguir y muy seguramente los tribunales administrativos o el Consejo de Estado tendrán la última palabra.

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