Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/12/30 00:00

CONTRARREFORMA Y CRISIS

En el siguiente ensayo el exconstituyente Jaime Castro analiza las propuestas del proyecto de refroma constitucional, desmenuza sus motivaciones y previene sobre sus riesgos.

CONTRARREFORMA Y CRISIS

El proyecto de acto legislativo que tramitan las Cámaras es producto de los arrebatos constitucionales que atacaron al gobierno durante los últimos meses con motivo de la crisis. Entre las propuestas de la campaña 'Samper Presidente' no aparece la reforma política. Tampoco está en su discurso deposesión ni en sus primeros mensajes al Congreso. Pero la crisis lo obligó a buscar propuestas que pusieran al país a pensar en temas distintos. Así surgió la idea de la reforma, que no fue concebida como respuesta a la crisis sino como instrumento para el logro de propósitos político-partidistas que cada día son más claros. Aun cuando es una propuesta de amplio espectro en sus temas, llama la atención que no se ocupe de la crisis política ni de los hechos que la originaron. Por ello, a través del proyecto, no se recuperan la legitimidad y la gobernabilidad que perdieron, primero el presidente Samper y luego el sistema político colombiano.Cuando instaló, el 30 de enero, las sesiones extraordinarias del Congreso el presidente Samper dijo: "Necesitamos retomar la senda de la normalidad, detener el peligro que se cierne sobre la economía, recuperar nuestra deteriorada imagen internacional, asegurar la legitimidad de las prácticas republicanas, devolverle la tranquilidad institucional al país y acometer una seria empresa de reestabilización". Tanta claridad en la formulación de posibles salidas desapareció como por encanto una vez producido el fallo de la Cámara, que el mismo gobierno había fijado como condición para acortar el período presidencial.Profundiza la crisis y la agravaDesde el punto de vista jurídico el proyecto no le da una respuesta a la crisis. Además, la mayoría de las propuestas que contiene son inconvenientes. Así puede decirse, entre otras, de las relacionadas con la descentralización, el régimen electoral, el orden público, el control fiscal, el manejo presupuestal y los servicios públicos. El proyecto también busca otorgar a los partidos la titularidad de la actividad política y desconocer los efectos de las decisiones de la Corte Constitucional mediante una reforma a la Constitución.Las propuestas sobre ampliación de períodos, prórroga de mandatos en curso y unificación del calendario electoral cambian las reglas del proceso ya iniciado de escogencia de nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales y que tiene término conocido porque, de acuerdo con la Constitución y la ley vigentes, debe realizarse en octubre de 1997. También el de elección de congresistas y Presidente, que también ya se inició y cuenta con aspiraciones conocidas por la opinión. Además, sólo en junio de 1997, pocos meses antes de la fecha hasta ahora fijada para las elecciones, se sabrá cuál es la suerte de los cambios. Así sucederá porque sólo en junio se sabrá si hubo reforma constitucional o no, y si la hubo, cuáles fueron las decisiones en materia electoral. Todo lo anterior crea situaciones inconvenientes para el país. Estas son algunas de ellas:
1ª. Incertidumbre en cuanto a la organización de las elecciones.
2ª. Indecisión en los aspirantes a los cargos, que sólo en junio del 97 sabrán cuándo empiezan o empezaron sus inhabilidades.
3ª. Improvisación y confusión en las administraciones departamentales y municipales porque sólo en junio del 97 los gobernadores y alcaldes sabrán si su período termina seis meses más tarde o un año después. Como los seis o siete meses que el gobierno propone 'regalarles' 'coinciden' con las elecciones presidenciales y legislativas, no es difícil imaginar las situaciones que se crearán para manipular, por esa vía, el resultado de esas elecciones.
El 'cambiazo electoral' que prepara el Congreso constituirá una causal más de ilegitimidad de las instituciones del país.Por estar actuando con tanta precipitación, el señor Ministro del Interior ha tenido que declarar "a mí no me favorece la reforma". Y, ¿por qué los miembros de la comisión primera de la Cámara sostienen que sus decisiones sobre inhabilidades no buscan dejar por fuera al alcalde Mockus, aunque en la práctica lo estén excluyendo?Cambiar las reglas a estas alturas concede ventajas a algunos y desconoce las garantías a que tienen derecho todos los participantes. La Guerra de los Mil Días tuvo origen, según algunos, en la ausencia de un régimen electoral justo. El cierre del Congreso en 1949 encontró en un debate parecido una de sus causas mediatas.
Las contralorías burocratizadas y politizadas
El proyecto aprobado por la Cámara dispone que la vigilancia de la gestión fiscal sea ejercida, a nivel nacional, por la Corte de Cuentas, que reemplazaría a la actual Contraloría General, y a nivel territorial, por los tribunales regionales y municipales de cuentas, que sucederían a las contralorías departamentales y municipales. El enunciado permitiría pensar que el Congreso decidió combatir la corrupción y la deshonestidad administrativa. Sin embargo, eso no es cierto porque la nomenclatura utilizada sólo sirve para esconder propósitos burocráticos y partidistas que explican el respaldo masivo otorgado a la propuesta en la Cámara, que la aprobó sin debatirla. La reforma burocratiza y politiza aún más el control fiscal porque los únicos cambios que introduce son dos:1°. El contralor general será reemplazado por cinco magistrados de la Corte de Cuentas. Cada uno de los 37 contralores departamentales y distritales, por tres magistrados del Tribunal Regional de Cuentas. Y los 200 contralores municipales, cada uno, por tres magistrados del correspondiente Tribunal Municipal de Cuentas. Pasar de 250 contralores a cerca de 750 magistrados tiene significado político-burocrático porque esos magistrados serán elegidos por las corporaciones con participación de las fuerzas políticas representadas.2°. Los magistrados de la Corte y los Tribunales de Cuentas serán elegidos por el Congreso, las asambleas y los concejos. Hoy el contralor se elige de terna elaborada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; y los contralores departamentales y municipales de ternas integradas con dos candidatos del respectivo tribunal superior y uno del Contencioso Administrativo. Ese derecho a postular desaparece tal vez porque se considera intromisión del Poder Judicial.
Para que no haya dudas sobre el alcance burocrático de la reforma, un artículo se refiere a la planta de personal y al "derecho preferencial" que tienen algunos de ser incorporados a ella. Y a lo mejor explica porqué el Directorio Nacional Conservador, que se estrenó pidiendo el retiro de Samper, a los pocos días decidió apoyar las propuestas del señor Presidente de la República.
Ninguna propuesta ha muerto.
Varias de las iniciativas glosadas en estos comentarios no fueron aceptadas por la Cámara. Ello no quiere decir que hayan desaparecido, pues en cualquiera de los seis debates que aún le restan al proyecto pueden reaparecer a solicitud del gobierno o de un parlamentario, y el Congreso tiene la obligación de decidir. Inclusive pueden surgir nuevas iniciativas. Las que aparezcan durante la segunda vuelta sólo deben cumplir un requisito: que hayan sido debatidas (lo cual no quiere decir aprobadas) en la primera. Por ello, estos reparos continúan siendo válidos después de conocido el texto que se aprobó en segundo debate.Claro que hablar de los seis debates que restan es una manera de decir, porque el argumento que le sirvió al gobierno para conseguir que la Cámara evacuara el proyecto sin debatirlo (si no se aprueba ahora, se hunde), también le servirá en el Senado, y obviamente lo utilizará el año entrante para la segunda vuelta.
Así sucederá porque el gobierno necesita que el proyecto sea tramitado en todos sus ocho debates y que el Congreso apruebe en junio del año entrante una reforma constitucional. Lo que le interesa es ganar tiempo en la carrera contra reloj que vive.
Proyecto 'hechizo'
Otros comentarios tienen que ver con la estructura de la contrarreforma. Sin duda se trata de una propuesta improvisada e incoherente. Seguramente fue elaborada por muchas manos. Da la impresión que reunieron memorandos procedentes de algunos ministerios _Interior, Relaciones, Justicia, Defensa y Hacienda_ y tal vez de otras agencias, y los colocaron en algún orden. Además ni siquiera refleja el pensamiento del gobierno, que anunció propuestas que nunca llevó al Congreso; que el año pasado presentó iniciativas contrarias a las que ahora defiende, y que en este momento pide reformar y hasta derogar los actos legislativos que él mismo sancionó hace menos de un año. También contiene propuestas que parecen hechas para un país distinto del nuestro, pues nada tienen que ver con lo que es la mentalidad de los colombianos.
Aquí estamos y aquí nos quedamos ¿Por qué el gobierno y el Congreso tienen tanto interés en sacar una reforma que no resuelve la crisis? En buen romance, los propósitos de la contrarreforma se pueden resumir diciendo que busca evitar que el 'coletazo electoral' del proceso 8.000 afecte los intereses de la clase política que hoy controla el Estado. Evitar que la ciudadanía reemplace políticamente la acción de la justicia en aquellos casos en que no se cometieron delitos. Evitar que aquí se produzca la barrida político-electoral que tuvo lugar en Italia después del proceso de 'Manos Limpias'. Estamos en presencia de una clase política voraz y vengativa que quiere todo y no se conforma con menos. Que no tolera que se controviertan sus decisiones ni que se le critique. Por ello pretende reducir el alcance del control de constitucionalidad, censurar los noticieros de televisión y contar con canales propios a partir de enero del 98, cuando entran en la recta final las elecciones presidenciales, legislativas, departamentales y municipales.
Ante tamaño desafío nos corresponde a todos precisar bien el contenido y el alcance de la contrarreforma. Lograr que la opinión pública tome conciencia de sus derechos y deberes frente a la operación que orquestan el gobierno y el Congreso. Conseguir que el proyecto se archive o se derogue en las urnas, si es aprobado, para dejar sin valor por voluntad mayoritaria de la ciudadanía las decisiones que sean contrarias a los intereses nacionales. Y si fuere el caso, sancionar políticamente, también en las urnas, a quienes lo hayan aprobado.

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