Con su aprobación prácticamente asegurada esta semana en último debate en el Senado, siguen sin respuesta las preguntas que convirtieron al llamado marco para la paz en una de las reformas constitucionales más debatidas de los últimos tiempos: ¿cuánto perdón a cambio de cuánta verdad y reparación puede aceptarse para poner fin al conflicto armado?; ¿la cárcel o la política para los jefes guerrilleros?; ¿cuáles crímenes son ‘imperdonables’ y cuáles conexos al delito político? Hoy, para buena parte del país es inaceptable que responsables de violaciones graves al DIH, como los jefes de las Farc y el ELN, lleguen al Congreso, y la legislación internacional es cada día más intolerante frente a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por eso, el proyecto ha sido criticado, aquí y afuera, como eventual fuente de impunidad y sus autores lo han ajustado. Según lo aprobado, en caso de un proceso de paz el gobierno deberá presentar al Congreso una ley estatutaria para definir cómo seleccionar a los “máximos responsables” de “todos” esos crímenes mientras se renuncia a perseguir judicialmente a los demás, y cuáles delitos serán “conexos al delito político”. ¿Qué tanto habrá cambiado el ánimo de la opinión pública y el balance de la guerra cuando llegue ese momento, si llega? De esta, entre otras condiciones, depende que la sociedad colombiana logre el mínimo consenso necesario para dar respuestas precisas a esas difíciles preguntas.