EL REGAÑO DE CADA AÑO

"Amnistía Internacional estaba preocupada por el mercado incremento de las ejecuciones extrajudiciales y de las desapariciones atribuidas a fuerzas responsables ante el Ministerio de Defensa, y también por las dificultades puestas por los militares a las medidas adoptadas por las autoridades civiles para poner fin a estos abusos e investigar anteriores homicidios políticos y desapariciones. Las víctimas eran dirigentes y miembros de sindicatos, partidos políticos legales de la oposición, grupos civiles y de derechos humanos y presuntos partidarios de diversas organizaciones guerrilleras colombianas. Otro tema que viene preocupando a Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo es el de la tortura, tanto de presos políticos como comunes, y la detención por períodos breves de presos de conciencia, muchos de los cuales eran campesinos -detenidos con ocasión de disputas relativas a la tenencia de tierras- y dirigentes de conflictos laborales de carácter industrial.
Amnistía Internacional recibió informes sobre múltiples homicidios realizados a manera de ejecuciones, perpetrados por grupos guerrilleros. Amnistía Internacional tuvo noticias, provenientes del departamento de Cauca, sobre dicho tipo de ejecuciones, de que fueron objeto dirigentes de comunidades indígenas y dirigentes regionales, y que fueron llevadas a cabo tanto por las fuerzas de seguridad del gobierno como por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En diciembre, la información recibida se refería a matanzas efectuadas por otro grupo armado, el Frente Ricardo Franco. Su jefe, Javier Delgado, admitió la "ejecución" de 154 hombres, mujeres y jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas comunes en Tacueyó y Corinto, en el departamento de Cauca, aduciendo que se trataba de "personas infiltradas". Amnistía Internacional condena, como cuestión de principio, la tortura o ejecución de cautivos por quien quiera que sea, incluidos los grupos de la oposición.
Un estado de sitio a nivel nacionl que se implantó en mayo de 1984 se mantuvo en vigencia durante 1985. Los tribunales militares tenían jurisdicción sobre los civiles solamente con referencia a cargos relacionados con el artículo 202 del Código Penal, el cual castiga "el porte de armas.. de uso privativo de las fuerzas militares o de policía" con penas de hasta cinco años de cárcel. En la práctica sin embargo, el Ejército siguió deteniendo a personas civiles acusadas de una gran variedad de delitos políticos, aunque acusándolas al amparo del artículo 202. La respuesta de las autoridades civiles en algunos de estos casos fue decretar indultos o suspender los procedimientos del tribunal militar en base a una ley de amnistía.
Al final del año un número aproximado de 170 civiles se encontraba recluido en espera de ser juzgado por tribunales militares. Amnistía Internacional expresó su preocupación en varios casos en los que se habían aducido falsas acusaciones.
Amnistía Internacional recibió informes sobre torturas efectuadas tanto por la policía como por las fuerzas militares. Nuestra organización hizo un llamamiento el 14 de febrero en favor de Alberto Rodríguez García, dirigente de una asociación de pobladores de barrios marginales en Cúcuta, departamento de Santander, quien fue detenido el 7 de febrero por el Grupo Mecanizado número 5 del Ejército. En una declaración jurada dirigida al Ministerio Público, un abogado que había visitado la guarnición dijo que el 8 de febrero había visto a Rodríguez en un patio interno atado a un árbol, sin camisa, y según le manifestó un oficial, a Rodríguez lo mantenían sin alimentos ni agua, sometido a "plantones" (a estar de pie) y con las manos amarradas porque "tenían que sacarle la verdad...".
El preso fue liberado posteriormente por orden de un tribunal civil, siendo detenido de nuevo en mayo y, según informes, estaba pendiente de ser juzgado por un tribunal militar.
Según se informo, la tortura había sido en muchos casos un paso preliminar a la ejecución extrajudicial. Los cadáveres de muchas víctimas mostraban huellas que parecian ser de tortura. El 13 de julio, Argemiro Giraldo, dirigente sindical campesino, y Bernardo Franco, supuesto miembro de un grupo guerrillero, fueron detenidos en San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, cuando participaban en una manifestación callejera. Estuvieron recluidos en el cuartel general del Batallón de Ingenieros número 24 del ejército. Un comunicado del ejército emitido el 14 de julio declaraba que ambos eran los cabecillas de la manifestación y que se les había disparado cuando trataban de escapar. Sin embargo, y según informes, exámenes forenses mostraban pruebas de palizas y de heridas de bala. Los llamamientos de Amnistía Internacional para que se investigara el caso no recibieron ninguna respuesta.
En varios fallos emitidos durante 1985 que tuvieron gran publicidad, los tribunales hallaron culpables a las fuerzas armadas de haber infligido tortura. El 27 de junio el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo, falló que Olga López de Roldán, médico, había sido torturada en enero de 1979 en el cuartel general de la inteligencia militar, la Brigada de Institutos Militares (BIM), en la capital, Bogotá.
El Consejo recomendó que se incoara un procedimiento criminal contra oficiales a los cuales se identificó como responsables. Identificó al Comandante de la BIM por aquel entonces, General Miguel Vega Uribe, actual ministro de Defensa, como uno de los responsables y ordenó al Ministerio de Defensa que recompensara por daños y perjuicios a la doctora López y su familia con 20 millones de pesos y 3 kilogramos de oro. El General Vega rechazó la acusación; una apelación contra dicha sentencia se encontraba pendiente. El caso de la doctora López era uno de los 30 estudiados por Amnistía Internacional en el informe publicado en 1980, "Informe de una Misión de Amnistía Internacional a Colombia", el cual ponía de manifiesto una pauta de tortura rutinaria y sistemática.
La tortura constituyó también un tema de discusión pública que fue objeto de comentarios por parte del gobierno como consecuencia de la publicación en la prensa de un informe confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja al gobierno colombiano, que mencionaba denuncias sobre torturas. El informe de fin de año del procurador general señaló que el Ministerio Público había planteado 63 de los casos al fiscal militar, y que en diez casos se habían iniciado investigaciones militares; en siete se aplicaron medidas disciplinarias, en cinco personal militar había sido exonerado antes del informe y en 40 casos no se había iniciado ninguna investigación. Amnistía Internacional no contaba con información específica acerca de las mencionadas medidas disciplinarias e investigaciones.
La cantidad de presos que desaparecieron en 1985 era al parecer considerablemente mayor que las cifras denunciadas anualmente desde 1979. Más de 300 desapariciones denunciadas entre 1979 y finales de 1984 permanecían sin ser resueltas. Grupos colombianos de derechos humanos estimaban que alrededor de 200 personas fueron aprehendidas en 1985 por fuerzas del gobierno y desaparecieron posteriormente; el informe del procurador general estableció que se habían denunciado formalmente 344 desapariciones en 1985, "un aumento del 129 por 100" sobre las 150 denunciadas en 1984. Aún no se había aclarado el paradero de 206 de los 344 desaparecidos; el informe decía que 71 personas habían sido localizadas vivas y 67 muertas. El procurador general hizo hincapié asimismo sobre los "obstáculos insalvables" a que se enfrentaban los investigadores civiles y los fiscales.
Amnistía Internacional recibió información detallada sobre 87 desapariciones en 1985. Entre aquellos en cuyo favor la organización apeló se encontraba el profesor de literatura de la Universidad de Cali Pablo Caycedo Siachoque, dirigente del partido de oposición Unión Patriótica, quien habría sido detenido en Cali el 19 de noviembre y recluido inicialmente en el cuartel general de la Tercera Brigada del ejército. Su paradero permanece desconocido.
Algunos de los presos fueron liberados después de períodos de reclusión en lugares desconocidos. Entre ellos se encontraban 13 del sector de Cali, que fueron apresados en lo que parecía ser una nueva pauta de detención de "rehenes". Las víctimas eran madres, esposas e hijos de dirigentes sindicales, activistas políticos y ex presos políticos. Según informes, se les mantuvo secretamente recluidos en la Tercera Brigada con el fin de obtener información sobre otros miembros de la familia e intimidar a estos.
Durante 1985 se produjo un marcado aumento de informes sobre ejecuciones extrajudiciales. En un caso que recibió amplia publicidad, 11 adolescentes simpatizantes del grupo M-19 de la oposición armada, se apoderaron del cargamento de leche de un camión el 30 de septiembre e intentaron distribuirlo en un sector marginal del sudeste de Bogotá. Fueron rodeados por más de 200 policías fuertemente armados, y según la policía resultaron muertos en el tiroteo. Testigos oculares manifestaron a investigadores civiles y a los medios de prensa, sin embargo, que todos o la mayoría no portaban armas y se habían rendido o habían sido reducidos a la impotencia antes de recibir un tiro en la cabeza. Varios habían sido forzados a postrarse en la calle antes de que les dispararan. Fuentes oficiales, incluyendo al procurador general, confirmaron que a algunos se les había disparado cuando estaban en el suelo y desde una distancia inferior a un metro.

Otras pruebas de que las fuerzas armadas seguían una pauta de ejecuciones extrajudiciales aparecieron en diversos casos de intento de homicidio. Un joven de dieciocho años fue detenido cuando se presentó a un puesto militar en el departamento de Huila el 25 de noviembre; fue entonces trasladado por una patrulla a un sector aislado, se le disparó en la cabeza y el cuerpo y fue dado por muerto. No obstante, sobrevivió y llegó a una aldea cercana. Como consecuencia de una detención anterior, el joven tenía que presentarse a firmar en el registro del puesto militar cada semana, procedimiento común en zonas donde se efectúan operaciones militares antiguerrillas. No se tuvo conocimiento de que ningún tribunal militar hubiese iniciado una investigación sobre esta ejecución fallida.
Numerosas supuestas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en zonas rurales fueron atribuidas por la policía a civiles desconocidos, o a "grupos paramilitares". Sin embargo, Amnistía Internacional no encontró prueba alguna de que dichos grupos existieran con independencia del ejército y la policía colombianos. La información recibida indicaba generalmente que la policía y las fuerzas contrainsurgentes del ejército eran responsables, o bien lo eran destacamentos de la policía rural que ayudaban a aquellos terratenientes locales que tenian quejas contra las víctimas.
En abril, Amnistía Internacional solicitó que se realizara una investigación urgente luego del descubrimiento del cuerpo de Guillermo Quiroz Tietjen, dirigente regional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Según informes, su cadáver presentaba 14 heridas de bala y tenía señales de tortura. Había sido detenido el 13 de abril en su casa, en San Jacinto, departamento de Bolívar, por cinco hombres que, al parecer, llevaban credenciales de la inteligencia militar y de la policía. A pesar de que el Ministerio Público recomendó que se entablara proceso contra varios oficiales de la policía nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -pero no contra personal militar-, la jurisdicción sobre el caso fue transferida a los tribunales militares. Se cree que de los muchos casos políticos en los que el Ministerio Público acusó a personal policial y militar por actos de tortura, desapariciones u homicidios (véanse Informes 1984 y 1985), ninguno dio lugar a juicios y condenas por parte de los tribunales militares.
Miembros de organizaciones de derechos humanos nacionales y locales fueron detenidos por períodos breves, sometidos a malos tratos o torturas y a amenazas de muerte durante 1985. Uno de ellos murió en lo que podría haber sido una ejecución extrajudicial. El 29 de octubre, en Riohacha, Atlántico, unos pistoleros mataron a tiros al doctor César Flores González, abogado del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de Bolívar, quien era también dirigente del Partido Socialista. Había estado defendiendo a detenidos políticos desde 1983 y había actuado en casos de supuesta tortura muertes de reclusos y homicidios políticos, incluyendo el de Guillermo Quiroz. En noviembre de 1983 presentó acusaciones contra un ex comandante del F-2 (inteligencia de la policía) de Bolivar por la tortura y muerte de personas sospechosas de haber cometido delitos, caso que condujo a la iniciación en agosto de 1985 de procedimientos legales contra seis oficiales de policía. El propio doctor Flores habia sido objeto de amenazas de muerte y, en junio de 1985, luego de un breve periodo de detención en manos de la policía, fue denunciado en forma pública como "subversivo" por el Comandante de la Policía Nacional de Bolívar. Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que su muerte fuera investigada y para que se prestara protección a otros miembros de la organización de derechos humanos de Bolívar. Estos habían recibido visitas intimidatorias en sus casas de agentes del F-2 y amenazas de muerte anónimas. El presidente del Comité, doctor Andrés Pérez Batista, recibió el siguiente mensaje: "Usted será el próximo".
El presidente Betancour había negociado un alto el fuego con los principales movimientos guerrilleros en 1984, pero en junio la organización M-19 retiró su participacion en este acuerdo. El 6 de noviembre, fuerzas del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia de Bogotá, matando a guardias y apresando alrededor de 400 rehenes, entre ellos personal del Consejo de Estado y 11 de los 12 jueces de la cámara penal del Tribunal Supremo; exigieron negociaciones sobre una serie de peticiones. Una fuerza combinada de la policía y el ejército equipada con tanques, penetró en el edificio y en la lucha posterior habrían resultado muertos 14 funcionarios de policía y militares, 35 guerrilleros y por lo menos 46 de los rehenes, incluyendo a 10 jueces del Tribunal Supremo, ya fuera durante el tiroteo, ya a manos de los guerrilleros o bien en el incendio que consumió la mayor parte del edificio .
A Amnistía Internacional le preocuparon los informes según los cuales algunas personas que abandonaron el palacio al ser éste ocupado por las fuerzas de seguridad fueron recluidas por el ejército y posteriormente desaparecieron. Entre las 16 personas que desde entonces no han sido encontradas figuran nueve empleados de la cafetería que funcionaba en el sótano del edificio, sector que no fue afectado por el incendio. Algunos de sus familiares dijeron que habían recibido llamadas telefónicas anónimas indicándoles que los desaparecidos habían sido apresados por el ejército como sospechosos de colaborar con las fuerzas guerrilleras, y que se encontraban en detención no reconocida en bases del ejército en Bogotá. Un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que no se había hecho ningún prisionero durante el incidente. A pesar de las acusaciones de que las referidas personas se encontraban detenidas por el Ejército, ninguna autoridad civil fue autorizada para entrar a las instalaciones militares donde se decia que estaban recluidas. A finales de 1985, Amnistía Internacional se hallaba a la espera de los resultados de una investigación oficial de alto nivel sobre este incidente.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Colombia en diciembre y fue recibida por el ministro de Justicia y el procurador general. Se mantuvieron conversaciones con representantes de organizaciones colombianas de derechos humanos y con abogados que representan a las personas que aún no han sido halladas desde el sitio al Palacio de Justicia.
El gobierno de Colombia aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio y firmó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 10 de abril de 1985.