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| 11/7/2015 10:00:00 PM

¿Fallo sin piso?

La historia de un fallo que pone en riesgo los bienes públicos y los derechos legítimos de las comunidades étnicas tiene encendidas las alarmas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En las playas de Barú hay una batalla legal de mucho oleaje. Desde hace tres años la Asociación de Trabajadores Turísticos de Playa Blanca (Asotuplab), integrada en su mayoría por extranjeros, interpuso una tutela para ser reconocidos como raizales. Después de un largo ir y venir, y a pesar de que el Tribunal Superior de Cartagena negó la tutela, la decisión quedó en manos de la Corte Constitucional, que pidió ampliar el caso. Para eso se pidió el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y ordenó una inspección judicial como prueba indispensable para decidir.

La visita se hizo en mayo de 2014 y fue contundente. Quedó claro a través de un informe detallado de 35 páginas con fotos, videos e incluso cartas de las verdaderas comunidades raizales del territorio, que varios de los comerciantes ni siquiera son colombianos. Pasaron casi dos años sin noticias, pero hace unas semanas, y para sorpresa de la Agencia Jurídica del Estado, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, el viceministerio del Interior, y la Autoridad Marítima Nacional (Dimar) y Fonade, la corte dejó en pie la tutela que les da estatus de raizales a una comunidad no raizal. ¿La razón? La sala no tuvo en cuenta las pruebas que ordenó practicar porque no se presentaron con un acta.

Para la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Adriana Guillén, la decisión del alto tribunal “es un precedente preocupante que envía un mensaje equivocado y abre la puerta para que se pueda desplazar a las comunidades originales de su territorio sin prueba alguna”. Para Guillén los comerciantes están en todo su derecho de hacer su trabajo. “Lo que no puede pasar es que un espacio público, de titulación colectiva, termine en manos de unas personas que quieren evitar que se recupere el área de la playa”.Mientras tanto, las entidades involucradas esperan que la corte revise el fallo y así evitar que se pongan en riesgo los bienes públicos y los derechos de las comunidades étnicas en Colombia.
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