Los jueces dirán cuándo

La Corte Constitucional acaba de ordenar que ya no será la Unidad de Víctimas quien determine la reparación a las víctimas de Justicia y Paz, sino los magistrados de esta última. Se trata de unos 50.000 sobrevivientes –más bien pocos frente a los 6,2 millones inscritos en la Unidad de Víctimas–, que tenían derecho a un tope de reparación de 21 millones de pesos por persona. Tras la decisión, algunos temen que los jueces fallen ahora montos más altos, como ocurrió con las 300 víctimas de Mampuján, a las que una sentencia de 2010 ordenó reparar con 100 millones de pesos cada una en promedio. En Justicia y Paz, los victimarios deben pagar la reparación, pero han entregado tan pocos bienes y dinero que el Estado podría verse obligado a responder. Muchos de ellos, sin embargo, están por cumplir los ocho años de pena alternativa y no saldrán si los jueces no certifican que repararon. Eso puede ser un incentivo para que aporten lo que no han entregado. El impacto de este fallo aún está por verse.