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| 2/25/2012 12:00:00 AM

Magistrado sin apartamento

La Corte Suprema de Justicia sorprendió con un fallo que dejó sin apartamento a un magistrado de esa corporación y que anuncia que los derechos de las víctimas primarán incluso sobre los de poseedores de buena fe.

La historia, reseñada por RCN Radio, se remonta a finales del año 2001, cuando los propietarios de una empresa de vigilancia decidieron liquidarla tras ser notificados de la demanda de un exempleado que reclamaba el pago de salarios y prestaciones estimadas en 100 millones de pesos. Así, algunos bienes fueron cedidos a familiares y personas cercanas, mientras que otros se negociaron. El hoy magistrado Luis Gabriel Miranda adquirió uno de ellos, un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Tras un complejo trámite procesal, el asunto llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema en donde se concluyó que la liquidación fue ilegal y que se configura el delito de alzamiento de bienes. La orden es anular las operaciones inmobiliarias hechas incluyendo el negocio del apartamento del magistrado Miranda, quien ya anunció que acudirá a la tutela para tratar de preservar el patrimonio de su familia, el cual es ese apartamento (además de un carro). El fallo dice que se debe privilegiar el derecho de las víctimas (en este caso, el exempleado) sobre los de terceros, pues “un delito no puede servir de fuente lícita de derechos”. El fallo traza la línea jurisprudencial que deberán seguir los jueces al decidir sobre miles de procesos de restitución que se aproximan en el marco de la Ley de Víctimas. Pero a la vez muestra el drama que podrían afrontar miles de ciudadanos que de buena fe se hicieron a bienes.
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