Mal año para los indígenas

Pese a los avances en cuanto al respeto por los derechos humanos de las comunidades indígenas, al gobierno del presidente Álvaro Uribe le fue mal este año con los aborígenes del suroccidente del país. Después de la eterna pelea por la tierra en Cauca, que dejó muertos y heridos, hubo una impresionante marcha hacia Cali en la que se demostró que la Fuerza Pública disparó contra los manifestantes. Y para cerrar el año, se sumó la muerte en un retén militar de Edwin Legarda (foto), ocurrida en la madrugada del martes en Totoró. Se trataba del esposo de Aida Quilcué, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y organizadora de la marcha que el 21 de noviembre llevó a 20.000 nativos de Popayán a Bogotá. Los confusos hechos de su muerte, en los que el Ejército le asestó 17 disparos al carro en el que viajaba por no detenerse, sirvieron para que líderes indígenas señalaran que las balas iban dirigidas hacia la señora Quilcué, quien supuestamente debía ir en el vehículo. Si bien existen interrogantes que el Ejército debe responder, la hipótesis suena apresurada.

Lo que no puede pasar de agache es la forma como el Ejército está usando la fuerza para detener a los conductores que no atienden la señal de pare en los retenes militares. Es preocupante mirar en detalle los incidentes en los que el Ejército ha participado en el suroccidente del país. Según cifras de la Onic, de los 67 asesinatos contra indígenas cometidos en 2008, más de la mitad ocurrieron en Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Además, en 17 de esas muertes el Ejército es señalado como responsable, y en el 42 por ciento de esos casos, se presentó en Cauca. Con esos números es necesario revisar a fondo los procedimientos operacionales que se aplican en la III División del Ejército, con jurisdicción en la región.