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| 12/21/2013 1:00:00 AM

En capilla ardiente

La destitución del alcalde Petro encendió las alarmas de los políticos que están bajo la lupa del procurador. ¿Quiénes son?

Iván Cepeda, por ejemplo, solicitó medidas cautelares ante la CIDH pidiendo que la Procuraduría suspenda el proceso en su contra por haber hecho en 2012 varias entrevistas a paramilitares presos. El jefe del Ministerio Público le abrió una investigación por considerar que el congresista se extralimitó en sus funciones. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, lo respaldó. La semana pasada le escribió una carta al procurador en la que expresó su preocupación por el malestar que les puede causar el caso de Cepeda a otros investigadores de los derechos humanos.

Sergio Fajardo, el gobernador de Antioquia, es otro que está en la mira de la Procuraduría. Justo cuando se conoció la noticia de la destitución de Petro, varios analistas advirtieron que el próximo podría ser él. Fajardo es investigado por la adjudicación, en julio de 2012, de un título minero a Manuel Antonio Mesa, el esposo de la secretaria de Participación del departamento, Beatriz White. Los denunciantes aseguran que el gobernador violó la Ley de Contratación al permitir que el cónyuge de un funcionario de nivel directivo contrate con la entidad en la que trabaja su pareja. Fajardo ha respondido que no hizo nada ilegal. El año pasado la Procuraduría abrió una investigación preliminar, pero aún no se conoce cuáles han sido los avances.

Alejandro Char, el exalcalde de Barranquilla y ahora alto consejero para las regiones, es el único de los cuatro exmandatarios de las cinco ciudades principales (Samuel Moreno de Bogotá, Alonso Salazar de Medellín, Jorge Iván Ospina de Cali y Judith Pinedo de Cartagena) que aún no ha sido sancionado por el Ministerio Público. Char es investigado por una supuesta participación en política. Según una denuncia, en 2010 recorrió las calles de Barranquilla con el entonces candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.

Hay otros funcionarios que no fueron elegidos popularmente como el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, que también están en capilla ardiente. La pregunta que se abre es si el procurador se atreverá a sancionarlos después de una reacción como la que provocó la destitución de Petro.
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