Prestaciones sociales a madres comunitarias agravará la situación fiscal

Justo cuando el gobierno busca sacar adelante una reforma tributaria para enfrentar la delicada coyuntura fiscal, agudizada por el desplome de la renta petrolera, ahora tendrá que sortear una nueva y compleja situación.

La Corte Constitucional formalizó el fallo con el cual ordena pagar prestaciones sociales a un grupo de 106 madres comunitarias del ICBF, que interpusieron una tutela para que les respetaran sus derechos al trabajo y a la seguridad social. Para la corte, el Instituto de Bienestar Familiar incurrió en un trato discriminatorio de género durante un tiempo considerable. “Es inaceptable y altamente reprochable, ya que de conformidad con los mandatos constitucionales, el Estado, a través de sus agentes, no debe incurrir en actos o manifestaciones de discriminación”, dice el fallo.

La sentencia de la corte, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, causó alegría entre las madres de bajos recursos, pero gran angustia en el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien se verá en serios aprietos para cumplir este fallo, que podría costar según algunas estimaciones extraoficiales 6 billones de pesos. Esto, debido a que el beneficio se podría extender a cerca de 120.000 madres comunitarias que han pasado por este programa desde 1988. Cárdenas dijo a SEMANA que el gobierno está calculando el impacto fiscal y evaluando las acciones a seguir.

El costo es de tal magnitud que equivaldría a dos puntos del IVA, con lo que de entrada se comería el 70 por ciento de lo que el gobierno pretende recaudar con el aumento de este gravamen, en la reforma tributaria, que pasaría del 16 al 19 por ciento. La situación es aún más crítica, pues la propuesta de aumentar ese impuesto no tiene suficiente respaldo político en el Congreso. Es decir, si no hay manera de aumentar el recaudo por la vía tributaria, el gobierno tendría que sacrificar programas de inversión social o endeudarse más para cumplirles a las madres del ICBF.

Este fallo abre un debate sobre hasta dónde debe llegar el reconocimiento de los beneficios a poblaciones más vulnerables versus el impacto para las finanzas públicas. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló en su momento que últimamente las sentencias de la corte rebasan los límites de lo posible, porque el Estado no tiene cómo pagarlas o las empresas no pueden cumplirlas. “Terminamos con un montón de fallos incumplibles”, dice el dirigente, quien sostiene que la Constitucional debe entender que las finanzas públicas tienen grandes limitaciones y que no puede seguir fallando imposibles porque pierde legitimidad.

El abogado Juan Pablo Mantilla, uno de los representantes de las madres comunitarias, dijo recientemente que es consciente de las dificultades, pero es enfático en señalar que el Estado provocó la situación al no aplicar la ley, a pesar de las innumerables ocasiones en las que se le conminó a hacerlo. “No se pueden violar los derechos fundamentales con el argumento de que no hay recursos”, dice Mantilla, quien señala que están abiertos a establecer un acuerdo de pago con el gobierno, sin ceder un centavo de las madres comunitarias.