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| 2/13/2016 12:00:00 AM

No más niños en la guerra

El fin del reclutamiento de menores por parte de las Farc es importante. Hay que evitar que ingresen a otros grupos.

Esta semana, las Farc anunciaron que no reclutarán a menores de 18 años. Se trata de un gesto de desescalamiento con indudable valor simbólico y político, pero tardío. Su valor radica en que las Farc reconocen el estándar trazado por la legislación colombiana, de 18 años, más allá de los 15 que impone el derecho internacional humanitario. Es tardío porque ocurre apenas unas semanas antes de que termine el conflicto, cuando la sangre de los niños ya ha corrido a cántaros.

El reclutamiento de menores es uno de los crímenes de guerra más graves que han cometido los grupos armados. Si bien desde 1999 las Farc establecieron los 15 años como edad mínima para ingresar a sus filas, organizaciones como Human Rights Watch pudieron comprobar que violaron muchas veces esa norma, con argumentos como que los niños estaban desprotegidos o en riesgo. Aunque esto en muchos casos era cierto, la guerrilla no mejoró sino que empeoró la situación de vulnerabilidad de los menores al enviarlos a una muerte segura.

En varias ocasiones la guerrilla los usó como carne de cañón para los más duros combates. Según la Unidad de Contexto de la Fiscalía, el caso más emblemático tuvo lugar entre 1997 y 2000 cuando este grupo insurgente reclutó aproximadamente a 170 niños y niñas en Caquetá, para conformar la columna móvil Arturo Ruiz, que actúa en el Magdalena Medio. Los niños fueron entrenados y enviados a Santander y Norte de Santander donde entraron en combates con el Ejército –que tampoco consideró su edad- en la Operación Berlín. Como consecuencia, perdieron la vida por lo menos 20 de ellos y 52 resultaron capturados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Diversas organizaciones humanitarias han celebrado la decisión de las Farc, y han pedido que a los menores que dejen las armas en el marco del proceso de paz se les trate como víctimas y se les excluya de responsabilidades judiciales. También, que el Estado les dé oportunidades de vida para que no haya repetición. 

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