Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/04/15 00:00

SE BUSCA ARBITRO

El saliente embajador en Venezuela Francisco Posada de la Peña, analiza para SEMANA por qué, ante el fracaso de las negociaciones directas, llegó la hora de buscar alternativas para solucionar el diferendo.

SE BUSCA ARBITRO


MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO FUE UN AÑO especialmente difícil en materia de las relaciones colombo-venezolanas. La presencia guerrillera en la zona fronteriza se constituyó en un factor de perturbación innegable y el punto crítico fue el asalto al puesto venezolano de Cararabo, donde murieron ocho infantes de marina. La prensa venezolana se hizo eco de las protestas de los sectores tradicionalmente enemigos de Colombia, los cuales aprovecharon el grave incidente para remover sus viejas quejas, y el presidente Caldera, en un discurso ante el Congreso en pleno, que lo aplaudió rabiosamente, amenazó con instruir a las fuerzas armadas para que no se detuvieran en la linea fronteriza al repeler otros ataques. Se oficializó asi la teoria de la 'persecución en caliente' que algunos circulos militares venian proclamando.
Para mi no hay la menor duda de que las incursiones posteriores de la Guardia Nacional en nuestro territorio se están realizando en la creencia de que se cuenta con el respaldo del alto gobierno, bajo el amparo de las palabras del presidente Caldera. La Guardia ha sido siempre muy dura en sus acciones y en Venezuela, además, hay acuerdo general en que gracias a esa dureza fue posible acabar con la guerrilla en los años 60, lo que contrasta con la debilidad del Estado colombiano frente a la subversión.
La inseguridad en la frontera, por consiguiente, es un hecho que nos compete y que tienen que enfrentar las autoridades de nuestro pais. Mientras la guerrilla siga secuestrando y amenazando a los venezolanos en regiones del Zulia, Táchira o Apure, y atacando los puestos militares del vecino país, las relaciones se mantendrán muy tensas entre ambas naciones.

LA DELIMITACION
Lo anterior no significa, en manera alguna, que no existan otros factores de perturbación. Uno de ellos, el de la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela, es muy sensible en Caracas. Existen, además, sectores extremistas que le niegan a Colombia cualquier derecho sobre el golfo a pesar de los kilómetros de costa que tenemos sobre la zona. Estos sectores sostienen que la costa colombiana es 'seca', lo que en concreto significa que el límite arranca en la playa y que para bañarnos en el mar los colombianos tenemos que sacar visa venezolana. Y existen también quienes alegan que antes de delimitar las áreas marinas hay que rectificar los linderos terrestres, que los colombianos estimamos se encuentran demarcados desde el tratado de 1941 en forma definitiva.
Desde 1954 se viene conversando sobre la delimitación marítima y no ha sido posible llegar a un acuerdo. En 1980 los negociadores colombia nos aceptaron ceder más de 800 kilómetros cuadrados, pero los exaltados partidarios de la 'costa seca', encabezados por el abogado Pedro José Lara Pena, se impusieron y no permitieron que el presidente Luis Herrera firmara la Hipótesis de Caraballeda, que el presidente Turbay Ayala estuvo dispuesto a aceptar en aras del acuerdo.
En 1989, cuando se reanudaron las conversaciones, luego del retiro de la corbeta Caldas, se puso de moda el término 'globalidad' y se constituyó en el esquema de las negociaciones, Io que significó un triunfo de la diplomacia venezolana. Colombia se resignó a no incursionar en la zona en disputa y Venezuela, en la práctica, quedó en posesión de ella: sus naves de guerra son las únicas que la patrullan. La estrategia del vecino país consistió en darle largas al asunto y conversar en forma indefinida, bajo la fórmula de que todos los problemas están involucrados en un solo paquete de negociación. Las comisiones negociadoras quedaron encargadas de estudiar en globo los asuntos de las cuencas hidrográficas, la navegación de los ríos la desinficación de los hitos fronterizos, el robo de vehículos, la inseguridad y la delimitación marítima.

ESQUEMA AGOTADO
Considero sin embargo que el esquema de la Comisión Negociadora para la delimitación de las aguas marinas y submarinas ya está agotado. Hace pocas semanas el embajador de Venezuela en Bogotá expresó que tenía la esperanza de que a finales de 1996 la Comisión Negociadora pudiera presentar a los dos gobiernos una fórmula. Al día siguiente fue desmentido por los comisionados venezolanos y por el propio canciller Burelli.
Uno de los negociadores, Hilarión Cardozo, dijo en enero de este año, según lo publicó el periódico El Universal de Caracas, que hasta el momento sólo se habían realizado "ejercicios de visualización" y que no había "ningún síntoma que permitiera suponer una aproximación". Apenas estamos, pues, "haciendo ejercicios de visualización". Y pensar que se está negociando desde 1954.
En septiembre del año pasado el senador J.A. Oropeza Ciliberto, el más influyente de los comisionados, ya que es la cuota del presidente Caldera, tuvo la ingenuidad de decirle a un periodista del diario Ultimas Noticias que él no sabía "nada, absolutamente nada de demarcación" y que por eso no se apartaría, por ningún motivo, de la posición adoptada por quienes él considera expertos en el tema: los señores Pedro José Lara Peña, Pablo Ojer, Rafael Hernández Cartens y Miguel Angel Capriles. Como estos señores sostienen que Colombia no tiene ningún derecho sobre las aguas del golfo, que nada hay que delimitar allí y que, por lo tanto, no se debe ni siquiera conversar sobre el tema, nuestra Cancillería, con las declaraciones de Oropeza Ciliberto, qued6 notificada de que las negociaciones están condenadas al fracaso total.
Pero la cosa no terminó allí. El comisionado Hilarión Cardozo declaró en El Universal, en septiembre del año pasado, que cualquier arreglo en materia de delimitación maritima tiene que reivindicar a Venezuela a causa de la pérdida de territorio que tuvo frente a Colombia. Aludió, sin duda alguna, a los fallos adversos a Venezuela que profirieron el Rey de España en 1891 y el Consejo Federal Suizo en 1922. El senador Cardozo, ni más ni menos, condicionó el arreglo del diferendo a que Colombia entregue medio departamento de La Guajira y vastas extensiones territoriales que forman parte de Arauca, Vichada y Guainía. El señor Ojer, uno de los que consultará el comisionado Oropeza, y de cuya opinión no se separará, como se desprende de las declaraciones a que me referí anteriormente, sostiene, por ejemplo, que el lindero en la Serranía de Perijá y en los Montes de Oca no va por las cumbres sino al pie de los cerros, del lado colombiano, por lo que pide que entreguemos la parte de éstos que nos pertenece y hasta las minas del Cerrejón.
Como yo no creo que Colombia esté dispuesta a aceptar la teoría de la 'costa seca' o a ceder estos territorios, sostengo que el esquema de la negociación directa se agotó en lo que respecta con la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Y estimo que esta va a ser la conclusión a la cual, tarde o temprano, llegará nuestra Cancillería.

EL ARBITRAJE
¿Y qué va a seguir entonces? Pues explorar otras de las vías señaladas en el derecho internacional para la solución pacífica de las controversias.
Una puede ser el arbitraje. Y como Venezuela acababa de brindarle al Papa Juan Pablo II un extraordinario homenaje de sumisión a sus doctrinas y a sus esfuerzos por lograr la paz mundial, fue por lo que propuse que Colombia y Venezuela estudiaran la posibilidad de escogerlo como árbitro. Recordé su justiciera sentencia en el caso del Canal del Beagle, que puso fin a una secular diferencia entre Chile y Argentina. La Cancillería venezolana rechazó de inmediato esa sugerencia y dijo que entregarle a instancias "foráneas" la solución del diferendo era confesar que los dos países no sabían nada del tema.
La verdad es que llevamos cerca de medio siglo tratando de arreglar el problema y no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. No soy yo el único que así lo piensa: el eminente escritor venezolano Arturo Uslar Pietri ha dicho en varias ocasiones que la delimitación marítima entre ambas naciones es un problema insoluble. En la última ocasión en que opinó sobre el tema en una entrevista a El Uníversal en agosto de 1994 dijo que era innegable que Colombia tenía unos derechos sobre el golfo y se le vino el mundo encima. El ilustre personaje no quiso entrar en polémicas y sólo manifestó que la reacción que produjeron sus declaraciones constituía la mejor prueba de que la delimitación se había convertido en un problema insoluble.

LA HAYA
Otra vía puede ser la de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha rechazado esta instancia y nunca hizo la declaración que se le pide a los miembros de la ONU para que acepten la jurisdicción obligatoria de la Corte. Pero un cambio de posición de la diplomacia venezolana hace propicio que se haga el intento de someter el conflicto en forma directa al tribunal de La Haya. Sucede que Venezuela, hace pocos años, postuló a un candidato para el cargo de juez de la Corte y logró su elección, con el voto de Colombia, por cierto. El doctor Andrés Aguilar ocupó tan alta investidura hasta el momento de su lamentable fallecimiento. Venezuela volvió a aspirar al cargo y acaba de candidatizar al doctor Gonzalo Parra.
Al pedir el voto de los otros países, incluyendo el de Colombia, la Cancillería venezolana puso especial énfasis en el apoyo que le brinda a la labor jurisdiccional de la Corte. Frente a estas nuevas circunstancias, a Venezuela le quedaría muy difícil argumentar que sigue desconfiando de los fallos del más alto tribunal de la justicia internacional.
Pero si Venezuela se niega nuevamente a acudir a la Corte, hay otro camino. En 1989 los dos países se pusieron de acuerdo para integrar la Comisión Permanente de Conciliación contemplada desde el tratado de 1939 como el organismo que puede intervenir en las controversias. Colombia podría dar por terminada la etapa del arreglo directo, para lo cual bastaría con citar las declaraciones de Oropeza Ciliberto y de Hilarión Cardozo, el fracaso de Caraballeda, la reacción que en Venezuela produjeron las declaraciones de su embajador en Bogotá y, especialmente, los 42 años de conversaciones infructuosas. La Comisión Permanente de Conciliación entraría a mediar en el diferendo, y de no llegarse a un acuerdo actuaría la Corte de La Haya, conforme a las disposiciones del tratado.
No faltará en Colombia quien también crea que lo mejor es congelar el diferendo. Esta es la política preferida por la Cancillería venezolana, pero no olvidemos que ella tiene sus razones ya que los vecinos son los que están en posesión del área por delimitar. Los interesados en la congelación son ellos, no nosotros.
Los colombianos no podemos seguir insensibles frente a la falta de la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Pasaron los tiempos en que no se le otorgaba importancia a los temas del mar, como sucedió en la época de don Lino de Pombo, el negociador de la Nueva Granada que firmó el tratado Pombo-Michelena mediante el cual se le entregaban a Venezuela nuestras costas a partir del cabo de Chichivacoa. Solo que en Caracas no las quisieron recibir, porque aspiraban a llegar cerca de Santa Marta y negaron la aprobación al convenio.

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