Un cartel infame

El caso del denominado Cartel de los pañales ha causado indignación nacional. Y no es para menos. En un país con una desigualdad tan desbordante no tiene presentación que cinco grandes empresas, algunas de ellas multinacionales, se hayan puesto de acuerdo para aprovecharse durante 15 años de una necesidad básica de cualquier familia: el cuidado de los hijos. La polémica estalló el lunes cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a 44 personas, entre directivos y empleados de menor rango, de las compañías Tecnosur, Tecnoquímicas, Familia, Kimberly y Drypers por presuntamente haber hecho un pacto para manejar a su antojo los precios de venta de pañales desechables para bebés en el país. De inmediato, la opinión se abalanzó sobre el presunto cartel y lo condenó no solo por haber paralizado la libre competencia durante más de una década, sino por explotar de manera engañosa las finanzas de millones de colombianos.

Tal es la magnitud del acuerdo que los implicados pudieron haber ganado entre 700.000 millones y 1,5 billones de pesos por manipular precios durante ese periodo. El caso es histórico, pues por primera vez la SIC destapa un cartel de esas dimensiones. El éxito solo fue posible después de que dos de las empresas decidieron confesar y aportar pruebas tras acogerse a un programa de beneficios. De ser halladas culpables, las firmas podrían recibir multas de hasta 60.000 millones de pesos (una cifra irrisoria frente a lo que ganaron durante esos años); las personas naturales, de hasta 1.200 millones. El caso es un mensaje para las grandes empresas, pues deja claro que el país no está dispuesto a tolerar que los poderosos del sector privado abusen de los consumidores y los pobladores menos favorecidos.