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| 4/18/2009 12:00:00 AM

Vino amargo

Cuatro años después de estar al frente de las empresas del Grupo Grajales de La Unión (Valle), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) parece no encontrar la fórmula para sacar a flote dicho conglomerado vinícola y frutícola del que dependen cinco municipios de la región. Las seis empresas fueron intervenidas e incluidas en la Lista Clinton en 2005, tras comprobarse que el emporio era utilizado para lavar activos del narcotráfico.

El tema es delicado por cuanto de ese grupo dependen 4.000 empleos directos y otros 10.000 indirectos. Para tener una idea de su impacto económico en la zona, basta recordar que sólo en La Unión el grupo Grajales cancela el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio y el 40 por ciento de predial. Por esa razón, los habitantes de la región tienen los pelos de punta ante el temor de una crisis social por el colapso de dichas empresas. Desde la intervención, el emporio comercial redujo puestos de trabajo en 20 por ciento, ya acumula un pasivo de 25.000 millones de pesos y pide a gritos una inyección de 12.000 millones para garantizar su viabilidad operativa.

El último revés ocurrió hace un par de meses, cuando la DNE suspendió el proceso para entregar en concesión esas empresas a un socio inversionista, porque éste no tenía los 4,5 millones de dólares que requerían para entrar a funcionar. Aunque hoy insisten en fórmulas como buscar otro socio, créditos bancarios o vender activos, aún existe el riesgo que el tema Grajales se convierta en un trago amargo para el gobierno.
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