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| 2/12/2001 12:00:00 AM

Arde la TV

El inminente naufragio de los canales Uno y A pone en serio peligro el pluralismo informativo. ¿Por qué se llegó a esta situación y qué salidas hay?

La historia de la television se vive y se comparte entre millones de colombianos. Por eso sus fracasos no son iguales a los de cualquier otra industria, aun de aquellas que pueden pesar bastante más en la economía nacional. La salida del aire de Producciones Punch, la primera empresa privada de televisión en Colombia, fundada hace 45 años, deja un sabor de nostalgia entre los televidentes. La desaparición de Producciones JES, del legendario Julio E. Sánchez Vanegas, que había entretenido a tres generaciones de colombianos con sus cubrimientos de Miss Universo (“Hoy desde Hollywood, mañana desde cualquier lugar del mundo”), produce un duelo colectivo. El ocaso de Cenpro, la programadora de los jesuitas que desde los años 60 se había preocupado por emitir un contenido con sentido ético, deja un gran vacío en la audiencia. Y también lo da la salida de Tevecine, la creadora de Tabú y Romeo y Buseta, del Noticiero Nacional y del clásico Noticiero 24 Horas. Otros han entregado algunos de sus espacios pero no se dan por vencidos. Entre ellos están Coestrellas, de Fernando González Pacheco y socios; DFL, que aún mantiene el popular No me lo cambie; la programadora del Noticiero TV Hoy, Datos y Mensajes, y la mítica RTI, fundada por el padre de la televisión colombiana, Fernando Gómez Agudelo, ya fallecido. Todas estas pérdidas de la cultura televisiva nacional se sucedieron como en un juego de dominó en menos de un año: desde el 29 de febrero de 2000 hasta el viernes de la semana pasada. Lo peor es que nada garantiza hoy que el derrumbe de las programadoras de los canales A y Uno se detenga. Sólo nueve mantienen los espacios que les fueron adjudicados en 1997, de esas, tres tienen enormes deudas y una de ellas, En Vivo, se acogió a la ley 550 de reestructuración. La pregunta que todo el mundo se hace es si antes de un año los dos canales privados, RCN y Caracol, se van a quedar solos en el mercado de la televisión abierta nacional. Su predominio es ya un hecho. En noviembre del año pasado entre los dos tenían el 56 por ciento de la participación (share) de toda la audiencia de televisión, según datos de Ibope y de los cuatro canales nacionales copan ya el 73 por ciento. Y según empresarios del sector Caracol y RCN hoy absorben el 80 por ciento de la pauta publicitaria de televisión nacional, dejándole sólo el 20 por ciento a las cadenas Uno y A. Esta realidad, que se va conformando de facto, no es sólo un problema porque los empresarios concesionarios del Estado han perdido mucho dinero o han salido del aire o porque el país esté perdiendo una invaluable experiencia en producción de televisión. Es también un problema para el Estado colombiano, que debe garantizar, como se lo ordena el artículo 75 de la Constitución de 1991, “el pluralismo informativo y la competencia”, y para ello debe intervenir “para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”. Si se quedan dos grupos económicos con la única oferta de televisión nacional, con intereses múltiples en la economía colombiana y con el control de otros medios de comunicación tan influyentes como la radio, no es difícil anticipar que la democracia informativa y la equidad en la competencia económica se verían afectados. ¿Quien tuvo la culpa? Prácticamente todos en el sector pronosticaron que el panorama de la televisión no sería el mismo una vez ingresaran los canales privados a competir en 1998. Pero casi nadie pudo adivinar que la transformación sería tan traumática y tan veloz. ¿Qué fue lo que hizo que hoy se esté corriendo el riesgo real de que se tengan que apagar los dos canales mixtos y que después de una Constitución, tres leyes y muchos millones de pesos perdidos la oferta de televisión haya cambiando de dos canales con muchas voces a dos canales con sólo dos voces? “En el momento en que se aprobaron los canales privados no se calcularon las consecuencias y lo estamos pagando todos”, dice Pacheco, socio de Coestrellas, programadora que tuvo 80 empleados y ahora sólo conserva seis. “Todos tuvimos la culpa”. Otros empresarios del sector lo reconocen: estaban mal acostumbrados, a un monopolio, donde aún el que perdía en el rating se podía sostener. “Una vez se ganaba la adjudicación lo demás eran utilidades seguras”, dice uno. El director de Inravisión, Gustavo Samper, también señala que la emoción de la llegada de los privados, junto con el boom que se vivía en general en la economía a mediados de los 90, hizo que algunas programadoras invirtieran en estudios y equipos nuevos e intentaran llevarse a los mejores a cualquier precio. “Fue un auténtico oropel, dice, donde las expectativas de crecimiento estaban marcadas más por el glamour y el poder de la TV que por el volumen de dinero que realmente movía el sector”. El director de la Comisión Nacional de Televisión (Cntv), Ricardo Lombana, coincide: “La industria, por protegida, estaba sobredimensionada, con sueldos absurdos y operaciones poco eficientes”. Camisa de fuerza Pero no todo fue causado por la falta de visión empresarial. La ley 335 de 1997, o ‘ley Marta Catalina’, (por su impulsora, la senadora Daniels) que le abrió la puerta a los canales privados, nació más de una revancha política que de un interés por crear condiciones equitativas para la competencia entre canales mixtos y privados. “Truncó una licitación que había incentivado inversiones de largo plazo, pues quienes fueron adjudicados en 1991 tenían la opción de renovación automática por otros seis años”, dice un socio de una de las programadoras que aún subsisten. Pero además esa ley arrebató las posibilidades de fusión y unión temporal entre programadoras, que con buen tino había contemplado la legislación anterior, para permitirle a los concesionarios del Uno y el A mayor flexibilidad. Y es esa falta de flexibilidad la que hoy programadores y gobierno reconocen como una de las razones por las cuales los canales Uno y A no pudieron competir. Es que hay dos prácticas clave del éxito en la televisión moderna: programar por franjas para generar fidelidad del público y arrastre en el prime time u horario triple A, y manejar economías de escala. “El gobierno de Samper dio la programación no por franjas sino por espacios, de manera que no nos podíamos unir para programar”, dice Julio E. Sánchez, de JES. Y no fue que no lo intentaran. El comercializador Carlos Mejía y Patricio Wills de RTI, lograron un acuerdo en el canal A —por cierto bastante polémico— para programar en franja y producir y comercializar con economías de escala. En el canal Uno, algunos intentaron liderar acuerdos con varios programadores para competir en mejores condiciones con los privados. Pero no se logró. “Eran 12 empresas, 12 canalitos en un canal, y era complicado unir criterios”, dice Jorge Barón, dueño de su propia programadora. Habiendo sido programadoras por muchos años los canales privados, por su parte, aprendieron su nuevo papel con gran velocidad y en poco tiempo montaron franjas exitosas. “Fueron más creativos y profesionales que muchas programadoras, donde había mucho empresario mediocre que realmente nunca fue profesional de la televisión”, dice un funcionario que trabajó con uno de los canales privados. Llego el nubarron La recesión económica fue el detonante. La torta publicitaria, de por sí pequeña en Colombia (estimada hoy en términos netos en unos 300.000 millones de pesos) se redujo. Según un estudio del Instituto SER cayó en un 10,3 por ciento en 1998 y sólo aumentó en un 0,6 por ciento en 1999. Los descuentos sobre las tarifas ‘oficiales’ llegaron a ser hasta de un 90 por ciento, algo jamás visto en el mundo de la pantalla chica. “Perdimos demasiado dinero, dice Carlos Mejía. No teníamos cómo mantener la unión con semejantes pérdidas”. La suerte de alianza del Canal A se hizo añicos con la crisis. “En ambos canales primó la filosofía antigua de defender su parcela, dice un experto en el tema. Con ese criterio era imposible que alguien aceptara invertirle a un espacio que no daba utilidad por su horario pero que sí podría ir construyendo desde temprano la audiencia que se cosecha en el ‘prime time”. De otra parte, al hacer cada programadora su propio espacio genera costos muy altos. Así, por ejemplo, producir media hora de televisión en un canal privado —que saca al aire cuatro noticieros al día con casi el mismo personal y equipo— puede costar unos 11 millones de pesos. En cambio media hora hecha por una programadora puede costar tres veces más porque tiene casi la misma infraestructura. Los programadores de los canales A y Uno han reducido costos al máximo: personal, gastos administrativos, etc. Pero, claro está, eso ha generado un círculo vicioso, en el cual por la falta de ingresos se bajan los costos, lo que baja la calidad, afecta la sintonía y, por tanto, las ventas. La crisis también impactó a los privados. En 1999 ambos arrojaron pérdidas y a septiembre de 2000 Caracol mostraba utilidades operacionales de 13.000 millones de pesos pero pérdidas totales por 38.000 millones de pesos debido al pago de servicios financieros. RCN mostró mejores utilidades en la operación, 41.000 millones de pesos y una utilidad final de casi 2.800 millones de pesos. La burocracia Prácticamente no hay empresario de los canales Uno y A que no insista en la necesidad de que el Estado también recorte su frondosa burocracia en televisión, la que se ha sostenido sobre los hombros de los empresarios que pagan las licencias y las tarifas. Para citar un ejemplo una programadora recreativa, que tiene 9,5 horas adjudicadas, en noviembre del año pasado vendió 185 millones de pesos. De éstos tuvo que pagar 120 millones a la Cntv por tiempo de emisión, nueve millones a Inravisión por el rodaje de publicidad y de presentación y despedidas y dos millones más a Sayco-Acinpro por derechos de autor. Al final le quedaron sólo 54 millones para cubrir todos los costos de producción de 9,5 horas. “Un negocio así es imposible de sostener”, dice un programador. El Estado ya ha hecho esfuerzos por reclasificar los horarios a las audiencias potenciales reales, ha congelado las tarifas a precios de 1999 y ha ampliado los plazos de pago hasta 180 días. “En la práctica, hoy los empresarios disminuyeron sus pagos a la Cntv y a Inravisión en un 50 por ciento frente a 1998”, dice Lombana, de la Cntv. De todos modos, dicen los empresarios, el Estado tiene que replantear sus propias instituciones. Inravisión tiene 600 empleados —300 menos que en 1998— y un pasivo pensional de 300.000 millones de pesos. Con esta carga le queda muy difícil bajar más sus tarifas. Su estructura laboral —con un sindicato tan fuerte que logró protección en la Constitución— es rígida y le impide ser una empresa eficiente que preste servicios de la misma categoría de los que tienen los canales privados. De otra parte, la Cntv aprovechó mal su autonomía, despilfarró recursos en sus primeros años y ya gastó gran parte de los dineros que le pagaron los canales privados por sus licencias —95 millones de dólares RCN y Caracol respectivamente, y CityTV otros 14 millones de dólares— que han debido financiarla por los 10 años que dura la licencia. ¿Que hacer? Ante la crisis el senador Juan Fernando Cristo presentó un proyecto de ley que busca básicamente equilibrar las condiciones de competencia entre canales públicos y privados y aliviar la situación de las programadoras para frenar el colapso. Como quedó aprobado por el Senado, flexibiliza la asociación entre programadoras, con ciertos limitantes; permite la inversión extranjera hasta del 40 por ciento, aumenta las adjudicaciones de seis a 10 años, le da facultades a la Cntv para que baje tarifas y haga acuerdos de pago y les permite a los canales privados utilizar las redes de Inravisión para llegar a sitios apartados en lugar de seguir ampliando su propia red. “Pensábamos que si salía en diciembre de 2000 hubiera salvado a varias empresas, dijo Cristo. Como no se pudo, temo que de aquí a junio pueda suceder una catástrofe”. Y la catástrofe a la que se refiere el senador vuelve al punto central de esta historia: ¿cómo garantizar el pluralismo económico y político —que por demás será tema obligado en cualquier negociación de paz presente o futura— con sólo dos canales privados y encima controlados por gigantes económicos? “El gobierno está apoyando la iniciativa parlamentaria que busca darle mayor flexibilidad a las programadoras de los canales Uno y A para que puedan competir, dice la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Sintes. Pero no podemos tomar medidas de protección. El país ya pasó esa etapa y no vamos a volver para atrás”. “El pluralismo no se garantiza con el hecho de que el Estado haga viable un negocio de unos particulares”, coincide Lombana, de la Cntv. ¿Cómo se garantiza entonces el pluralismo? Una salida puede ser la de dejar un canal mixto al aire en el que operen los programadores sobrevivientes con un criterio de canal. Habría así una tercera voz. Pero quién garantiza que a ese tercero no lo compre un grupo extranjero u otro grupo económico local y la situación quedaría igual, dado el darwinismo económico que ha imperado en el negocio de los medios de comunicación. Además cómo justificar ante RCN y Caracol, que pagaron dinerales por sus licencias, que a una asociación de terceros se le va a dar un canal sin pagar licencias por adelantado. Es cierto que un estudio hecho por Inversiones e Ingeniería Financiera en 1999 determinó que en valor presente las programadoras de un canal mixto pagan un precio más alto por la concesión de espacios que los canales privados. No obstante, también determinó que los canales privados tuvieron que hacer enormes inversiones en infraestructura que no hicieron las programadoras y pagan por el uso del espectro además de la licencia. Por esto Gabriel Reyes, de RCN Televisión, sostiene que si cambian de algún modo las condiciones de competencia entre ellos y los programadores exigirían una indemnización pues se violarían los contratos. En el gobierno parecen estar pensando en soluciones más globales. Seguir trabajando para hacer la competencia más igual, pero no sólo liberando a los canales Uno y A sino regulando a los privados para que, por ejemplo, cumplan de manera mas estricta los horarios. De otra parte, el Ministerio de Comunicaciones, la Cntv y expertos de las universidades Javeriana y del Valle están completando unas propuestas para incentivar la industria, y además lograr que la televisión sea, en efecto, un servicio público. Se ha pensado, por ejemplo, aprovechar la programación regional en los canales nacionales para ampliar la diversidad de la oferta y racionalizar los costos. Pero lo que realmente se tiene que discutir a fondo si se quiere preservar el pluralismo y la democracia informativa es la creación de normas antimonopólicas que regulen el poder de la televisión. Sólo ahí se atacaría la raíz del problema. Todo está en borrador y ponerlo en práctica no será fácil debido a la cantidad de intereses que están en juego. Mientras tanto los sobrevivientes de la TV están luchando para mantenerse a flote echando mano a todo tipo de recursos. Y el tan discutido pluralismo comienza ya a sufrir los coletazos de un libre mercado mal regulado.
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