Especiales Semana

ASILADO O FUGITIVO

Las últimas investigaciones contra el ex presidente peruano Alan García, cuestionan su asilo político en Colombia. Aquí están las pruebas.

3 de octubre de 1994

NUNCA SE HABIA OIDO HABLAR TANTO EN Perú sobre las Islas Caimán. Las referencias que se tenían en el vecino país sobre el paraíso caribeño tenían que ver más con sus atributos turísticos o financieros, que con cualquier otra cosa. Sin embargo las Caimán se convirtieron en los últimos días en el centro de todas las miradas, por cuenta de las investigaciones que tienen que ver con el presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Alan García Pérez, hoy asilado por Colombia.

En una decisión histórica y tras una dura batalla legal, las autoridades judiciales del "paraíso fiscal" acaban de levantar el secreto bancario y de autorizar la consulta de documentos de unas cuentas bancarias a las que presuntamente llegaron sobornos al ex mandatario peruano, quien en julio de 1985 se posesionó como el presidente más joven en la historia de América Latina.

García, un abogado considerado como el John F. Kennedy del Perú, llegó al poder como abanderado de la lucha contra la corrupción y tras sus primeros meses de gobierno logró tener el 90 por ciento de popularidad. Como líder del Apra, Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre, había conseguido gran simpatía por sus actos antiimperialistas de desafío a Estados Unidos, la negativa de pagar la deuda externa y la nacionalización del sistema financiero.

Sin embargo al culminar su mandato su imagen había cambiado del cielo a la tierra. Entre 1985 y 1990, quinquenio de la Presidencia de García, Perú acumuló una inflación superior a los dos millones por ciento, la banca internacional le tenía vedados los créditos, cuatro de cada cinco de los trabajadores del campo no tenían empleo y la guerrilla se había fortalecido a tal punto que se había extendido por todo el país. El amor se convirtió en odio y sus enemigos se multiplicaron. A tanto llegó su desprestigio que se convirtió en el primer ex presidente del Perú en ser sometido a juicio en 170 años de historia nacional.

Apenas nueve meses después de la conclusión de su período comenzaron a destaparse denuncias de toda índole contra García. Se realizó un minucioso seguimiento a sus propiedades e ingresos y las cuentas no cuadraron para los investigadores del Congreso peruano. Se presumió su enriquecimiento ilícito y se le exigieron explicaciones. Después fue sindicado de tener relaciones poco santas con el tristemente célebre Banco de Crédito y Comercio Internacional, BCCI. Más adelante le "destaparon" un presunto manejo irregular en la reducción de la compra de aviones Mirage a Francia, en una transacción en la que Perú perdió unos 100 millones de dólares. Y el caso que más ha dado de qué hablar tiene que ver con los sobornos que habría recibido por el proyecto de construcción del tren eléctrico de Lima.

La historia en torno de todos esas denuncias acaba de completar tres años y cuatro meses. En su desarrollo ha tenido tanto de ancho como de largo. El apasionamiento con que se hicieron muchas de las acusaciones contra Alan García, las "cuentas de cobro" que se han querido pasar por sus actuaciones como presidente beligerante, los procesos contra el reloj, la búsqueda de culpables por la profunda crisis que vive Perú y posibles acciones encaminadas a desviar la atención sobre el autogolpe del presidente Alberto Fujimori, han sido usadas como herramientas de combate a los señalamientos que diversos sectores, especialmente el Parlamento peruano, han hecho al ex presidente.

"Este es un libreto absurdo rayando en la comicidad, propio de un programa cómico de televisión, por lo burdo de su elaboración. Yo invoco, reto, desafío a que se forme una comisión investigadora. Y si a resultas de la investigación hay algo, pues aquí estoy. . . Seguiré defendiéndome, pero exijo que haya prontitud y que no se me siga usando como un globo inflado para distraer al pueblo peruano", afirmó el ex presidente en los primeros desafíos a sus detractores.

LAS CUENTAS NO CUADRAN
En su discurso de posesión Alan García se había echado en el bolsillo a los peruanos. Anunció que se reduciría su sueldo a la mitad y advirtió que viviría con esos escasos 500 dólares mensuales de allí en adelante. Sin embargo investigaciones posteriores demostraron que su bienestar, en vez de reducirse, mejoró un 100 por ciento. Un repaso a sus declaraciones de renta, sus ingresos y egresos y sus propiedades en su vida profesional de 13 años, demostró que más de medio millón de dólares de sus ingresos no tenían explicación.

De un pequeño apartamento de clase media que habitaba al asumir la Presidencia, pasó a una espaciosa residencia en un exclusivo barrio limeño. Luego adquirió una casa en el balneario turístico de Naplo. Después de ser acusado públicamente de un incremento desproporcionado en su patrimonio, García se defendió elocuentemente ante el Congreso. Nadie desconoce sus grandes dotes como orador y su gran capacidad de convencimiento. Casi que puede compararse con el nivel retórico del parlamentario tolimense Alberto Santofimio Botero. "Nadie que lo escuchara por primera vez, podía dejar de creer, a pie juntillas, en todo lo que decía", asegura el abogado y ex congresista peruano Pedro Cateriano Bellido en su libro "El caso García".

Sin embargo con el paso de los días sus explicaciones fueron desmontándose en forma similar a lo que sucedió con la investigación contra el ex gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, Fabio Puyo Vasco. García declaró en 1987 ingresos por 1.200.000 soles por concepto de ingresos por la venta del libro "El futuro diferente". No obstante al encontrarse el original del contrato de derechos de autor presentado por el editor, se constató que su retribución había sido apenas de 450.000 soles. Lo mismo sucedió cuando García aseguró que no tenía cuentas en dólares en bancos extranjeros, y después fueron apareciendo en Miami y otros lugares del mundo.

La investigación avanzaba bajo el liderazgo del congresista Fernando Olivera, quien presidía la que se llamó Comisión Olivera, que después se convirtió en la Comisión Investigadora del Caso del Tren Eléctrico de Lima. Pero tropezaba con un obstáculo que García aprovechó hábilmente: la circunstancia de que Olivera es el esposo de la hija de uno de los banqueros que había resultado damnificado con el proceso de nacionalización del sistema financiero peruano. Al menos así demerita García a su detractor, en su libro "El mundo de Maquiavelo" que publicó en Colombia.

García fue despojado de su inmunidad parlamentaria como senador vitalicio, pero después fue exonerado por magistrados de la Suprema Corte que fueron tachados de parciales, por haber sido designados por García cuando se desempeñó como presidente. Las sindicaciones de su relación con el BCCI tampoco fueron de recibo de la justicia y al final de cuentas el ex mandatario pareció anotarse un éxito que le devolvió al menos temporalmente, la tranquilidad. Pasaron algunas semanas, sucedió el autogolpe de Fujimori y la situación peruana se convulsionó. García pasó a la clandestinidad y a comienzos de junio de 1992 se asiló en la embajada colombiana en Lima. El hecho hizo recordar el asilo al que acudió el 3 de enero de 1949 su mentor ideológico Víctor Raúl Haya de la Torre, argumentando también persecución política.

EL CASO DEL TREN ELECTRICO
Pero después de que el gobierno colombiano otorgó el asilo, las investigaciones y las acusaciones no cesaron. Comenzó un nuevo juicio en Perú por corrupción contra García, esta vez por posesión de cuentas bancarias secretas, posible intervención en depósitos dolosos de 270 millones de dólares del gobierno en el BCCI y por una supuesta reventa de aviones Mirage a Irak. El caso progresó en la Suprema Corte y se solicitó oficialmente la extradición a Bogotá.

Sin embargo el primero de febrero de 1993 una Comisión Especial de Relaciones Exteriores decidió no acceder a esa petición. El argumento básico fue el de interpretar el 'Caso García' como uno típico de persecución política, además de que las acusaciones de la justicia peruana se basaban en indicios no muy sólidos. En aplicación del Tratado Bolivariano sobre Extradición, de 1911, la Comisión concluyó que dar marcha atrás al derecho de asilo sería ir en contravía con los preceptos aceptados universalmente .

Sin embargo a finales de 1993 y cemienzos de 1994 el 'Caso García' cambió de rumbo dramáticamente, y donde nadie lo esperaba. En medio de la ola anticorrupción que se desató en Italia y que involucró a miembros del gobierno y de la empresa privada, se conocieron en Roma testimonios según los cuales García habría exigido sobornos para entregar a un consorcio italo-peruano la construcción del tren eléctrico de Lima. El empresario italiano Sergio Siragusa declaró ante autoridades peruanas e italianas que había depositado 840.000 dólares en el Barclays Bank de Gran Caimán para el presidente peruano.

Aseguró que hizo tres depósitos a favor de García, como parte de un soborno de 1.040.000 dólares. Siragusa, quien es procesado por el delito de corrupción de funcionarios públicos, confirmó que en 1989 entregó 200.000 dólares en efectivo al presidente peruano en el propio palacio de gobierno y anunció que aportaría documentos que probaban los depósitos. Además aportó los números de las cuentas cifradas donde se depositaron las comisiones.

Las cuentas no resultaron estar a nombre de García ni de su esposa, pero en cambio aparecen a nombre de Worldwide Financial Holding, una firma cuyos gestores son el negociante cubano José Lázaga y el empresario Alfredo Zanatti, propietarios de la aerolínea peruana Faucett Airlines. Zanatti es un controvertido hombre de negocios que es sindicado de haber recibido dólares preferenciales durante la administración García y ya es conocido como el 'Paulo César Farías' de Alan García, en referencia al corrupto consejero del destituido presidente brasileño Fernando Collor de Mello.

En su testimonio, Siragusa afirma que en un encuentro con Alan García, "una vez solos, me entregó dos trozos de papel con números e instrucciones de dos bancos. En tono gracioso me dijo que él no podía recibir menos que 'Bettino ' (referencia al ex primer ministro italiano Bettino Craxi) y que por tanto hiciese lo necesario, estando él dispuesto a recibirle gradualmente". La respuesta de García a ese cargo no se dejó esperar: "Cuando aparece un italiano para salvarse de la justicia y dice: 'yo le he entregado a García 200.000 dólares en su propio despacho', yo digo cualquier hijo de vecino se da cuenta que si el presidente quisiera recibir dinero, envía al chofer y le dice recoja de tal casa. Hay que ser idiota para decir esas vulgaridades". Sin embargo con el paso de los días las cosas se han complicado para Alan García. La comisión investigadora peruana consiguió el testimonio de una secretaria de Zanatti en Miami. Lidia Fontanals declaró que a mediados de 1992 recibió una llamada procedente de Bogotá, de un doctor Pérez, quien preguntó por Zanatti. El mismo Zanatti le confirmó más adelante que se trataba de Alan García Pérez. Se descubrió que entre Zanatti y Alan García hubo un gran intercambio de comunicaciones vía fax. En uno de ellos, el 29 de junio de 1992, el ex presidente García le reclama a Zanatti un millón de dólares (ver facsímil).

El fax fue sometido a pruebas grafotécnicas de la División de Criminalística de la Policía peruana y a un grafólogo independiente. Los dos coincidieron en que el fax es de puño y letra del ex presidente. En los demás fax de intercambio de información entre Zanatti y García se habla de un negocio de un avión propiedad de los dos el cual, según se pudo establecer, tiene la matrícula 1200 y perteneció a Aeronaves del Perú, otra empresa de Zanatti.

Los investigadores peruanos consiguieron los documentos y además lograron obtener la relación de llamadas hechas desde la oficina de Zanatti en Miami. Según los registros, algunas de ellas fueron hechas a los números telefónicos 6131839 y 6131496 en Bogotá. SEMANA logró confirmar que los dos números telefónicos aparecen registrados a nombre de Pedro Julio Luque. La dirección corresponde a Antiguo Camino a Suba # 132-99, interior 1, apartamento 101. En ese lugar estuvo viviendo Alan García por esa época.

El pasado 19 de junio la comisión investigadora peruana presentó la solicitud para levantar la reserva existente sobre las cuentas de Worldwide en el Barclays de Gran Caimán, y en contra de todos los pronósticos, tres días después la justicia local se pronunció a favor del levantamiento del secreto bancario.

Como era de esperarse, el Worldwide Financial Holding, la empresa de Zanatti, presunta receptora de los supuestos sobornos se opuso, pero curiosamente el Barclays Bank no hizo oposición.

En una decisión histórica, el levantamiento del secreto fue ratificado el 26 de agosto por el juez supremo de Caimán, David Harre. Durante el pasado fin de semana el examen de la documentación existente avanzaba lentamente, pero según anunció Olivera a SEMANA, el miércoles 7 de septiembre se tendrán nuevos detalles. Después de la consulta de los documentos, la comisión tiene autorización para interrogar a David Roberts, representante de Worldwide Holdings en la isla, y a Alex Wood, representante del Barclays. Como van las cosas, la justicia peruana se prepara a realizar una nueva solicitud de extradición,con énfasis en los delitos comunes.

El nuevo análisis del 'Caso García' no tiene antecedentes en la historia del derecho de asilo en Colombia, pues del carácter político de las primeras acusaciones contra el ex presidente, por lo que se le mantuvo el asilo, ahora se ha pasado a cargos de tipo meramente penal. En estas circunstancias pueden ocurrir dos cosas: es posible que prime el derecho de asilo político si Colombia considera que las acusaciones penales son vagas. Pero de ser contundentes, como parece ser ahora, quizá se conceda la extradición al país de origen. Sin embargo, si surgen dudas, prima lo que en derecho penal se conoce como In dubio pro reo, es decir, que se resuelve, en caso de duda, a favor del sindicado.

De acuerdo con la aplicación clásica del derecho de asilo, sería muy difícil que Colombia revocara el refugio que concedió a García. No obstante, en los últimos años han surgido nuevas tendencias en ese sentido. Por ejemplo, Francia durante mucho tiempo se negó a extraditar a miembros de la organización terrorista vasca ETA a España, pero recientemente cambió esa posición, que parecía inflexible. En este momento, la suerte de García depende de la solidez y contundencia, no sólo de las pruebas, sino de la presentación que haga de ellas la justicia peruana. Con la tendencia universal de lucha contra la corrupción, una negativa colombiana al estilo tradicional podría adquirir una connotación poco presentable para un gobierno que, como el de Ernesto Samper, ha prometido ser un abanderado de esa lucha. Como están las cosas lo que se viene en torno del 'Caso García', está como para alquilar balcón.-