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| 11/10/1986 12:00:00 AM

AUXILIO, SOCORRO

La ley del toma y daca en materia de auxilios parlamentarios se apoderó de la política colombiana

AUXILIO, SOCORRO AUXILIO, SOCORRO
Durante las dos últimas semanas, en el Capitolio Nacional hubo un verdadero revuelo. No sólo porque casi todos sus 634 empleados sintieron que sus butacos se movían y tuvieron que correr a las propias oficinas del presidente del Senado a pedir auxilio, sino porque la tradicional cola de "lagartos" y mendigos de recomendaciones, que merodean diariamente el monumento neoclásico del Congreso, se multiplicó notoriamente debido a que sus pasillos se llenaron de gente en busca de otro tipo de auxilio: el parlamentario.

Presidentes de Acción Comunal, directores de colegios, tesoreros de fundaciones y de toda suerte de asociaciones "sin animo de lucro", complementaban el escenario de los congresistas que, apresurados, llevaban sus formularios de solicitud de auxilios parlamentarios, antes de que se venciera el plazo fijado para la primera semana de octubre. Las comisiones cuartas de Cámara y Senado, encargadas del presupuesto, se convirtieron en hormigueros de representantes y senadores que no estaban dispuestos a quedarse por fuera de la repartición del ponqué.

En el tercer piso del edificio del Capitolio, donde funcionan las oficinas de la Comisión Cuarta de la Cámara, se vive un ambiente muy particular.
En medio de muebles de diferentes épocas, escaparates atestados de voluminosos archivos de auxilios parlamentarios desde 1968 y de retratos de padres de la patria, se encuentran varios jóvenes de aspecto provinciano (a los cuales se les nota que están estrenando "corbata"), listos a contestar cualquiera de las lineas telefónicas y a hacer las vueltas que en cualquier momento les encarguen los parlamentarios.

Las secretarias, elegantemente vestidas y peinadas como para una ocasion especial, se reúnen a intercambiar elogios sobre los perfumes que están usando y a comentar la telenovela del día anterior. Los parlamentarios entran y salen preguntando por Silverio Salcedo, secretario de la comisión, a quien casi todos le hacen entrega de sus formularios, no sin antes recomendarle algo al oido.

El secretario, un hombre de 36 años, no más de 1.55 metros de estatura y con cerca de 15 años de trabajo en la comisión, recibe los documentos con una sonrisa complaciente y de vez en cuando se quita un lápiz que lleva en la oreja para visar, casi mecánicamente, alguno de los formularios.

La situación que se vive en los salones de la Comisión Cuarta de la Cámara es todo un espectáculo. Luego de que los representantes han cumplido con la casi ritual entrega de formularios, se encuentran en los pasillos con algún "amigo" que se les olvidó incluir en la partida y tienen que regresar en busca de Silverio, para pedirle el favor de que les deje hacer una "correccioncita ".

El misterio y la espectacularidad que rodea la entrega de formularios Comisión Cuarta, tienen su explicación. La partida presupuestal que entrega anualmente el Ministerio Hacienda a los parlamentarios es, más ni menos, la única fuente de recursos con la que pueden contar para cumplirle a sus electores. Para unos, es la esencia de la democracia porque pueden atender ciertas necesidades regionales, a donde la mano del gobierno central no llega; y para otros, es la única forma de poder hacer política para mantener su curul.

DOS DECADAS DE HISTORIA
La figura jurídica de los auxilios parlamentarios nació en medio de grandes controversias. Se ha dicha que fue la forma como el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo negoció con el Parlamento el paso de la reforma constitucional de 1968.
Constantemente desde entonces, aparece en los periódicos una denuncia contra alguien que está haciendo mal uso de ellos y la polémica se pone de moda.

En 1973, el periódico El Tiempo puso al descubierto una serie de irregularidades según las cuales "muchos auxilios eran destinados a colegios que no existían". En 1976, se desató una polémica entre algunos sectores de la Iglesia, que eran acusados de beneficiarse de estos auxilios, y algunos congresistas, a quienes el presidente de la Confederación Nacional de Centros Docentes (Conaced), el sacerdote saleciano Rodrigo Díaz, señalaba como "legisladores que hacen asignaciones, condicionándolas a una participación porcentual". En agosto de 1985, el columnista Daniel Samper Pizano dedicó más de una nota a "darle palo" al senador barranquillero Juan Slebi, por haber utilizado $ 250 mil de los dineros de los auxilios para pagar la hospitalización de un paciente en el hospital de San Ignacio en Bogotá. En diciembre de 1985, la Unidad Investigativa de El Tiempo le sacó los cueros al sol al senador chocoano Jorge Tadeo Lozano, a quien le demostró cómo había entregado la suma de 2 millones 200 mil pesos al establecimiento educativo María del Socorro y lo acusaba de ser uno de los parlamentarios que utilizaban los colegios de Bogotá como "lavadero de auxilios".

La semana pasada, el tema se puso nuevamente sobre el tapete. La her mana Camila, presidenta de Conaced, afirmó en el noticiero T.V. Hoy, que está "totalmente en desacuerdo con los auxilios para los centros de educación porque tienen que adjudicar becas con cvndicionamientos políticos".

La hermana Camila parece poner el dedo en la llaga. No tanto porque se denuncie que los auxilios se utilizan políticamente, sino porque es en el rubro de la educación por donde se filtra la mayor parte de los dineros adjudicados a los congresistas. Basta echar un vistazo al libro de la ley de Presupuesto Nacional en su II tomo para darse cuenta cómo, en la sección del Ministerio de Educación, le "aflojan la mano" al programa de sostenimiento de fondos del Icetex. La explicación, para muchos, es que las becas se entregan a personas particulares y no a personas jurídicas y esa es la mejor forma de controlar los auxilios.

De acuerdo con esta apreciación, lo que se sugiere es que el parlamentario tiene más control político, aunque no se descarta que en algunas ocasiones se quede con una tajada. "Te doy media beca pero la cobramos entera", parece ser una de las frases que se popularizaron hace algunos años.

EL ANIMO DE LUCRO
Aunque este tipo de negociaciones, que se da a nivel de estudiantes y colegios, no se puede presentar muy fácilmente en los programas de Acción Comunal, debido a que existen tesoreros y vicepresidentes y, al fin y al cabo, está más cerca la misma comunidad, sí es usual que se dé en las corporaciones y asociaciones "sin ánimo de lucro". Se afirma que parlamentario que se respete, tiene una fundación; claro que, en el caso de las fundaciones, el problema no es que éstas se presten para negociaciones de carácter irregular en las que el parlamentario pueda sacar tajada económica, sino que terminan siendo instrumentos de campaña política.

Son de dominio público en el Parlamento, las anécdotas sobre ciertos congresistas y la utilidad política que le dan a sus auxilios. Se habla en los pasillos, por ejemplo, del edificio de 13 pisos que construyó la Fundación Jorge Eliécer Gaitán en pleno centro de la plaza de Florencia, por cuenta de los auxilios que le ha adjudicado su presidente vitalicio, el senador Hernando Turbay. La fundación tiene toda una infraestructura, que incluye la emisora La Voz de la Selva, centro médico y odontológico para sus seguidores y la sede del directorio político de su corriente. Otro de los casos frecuentemente mencionados son los de los parlamentarios chocoanos, que según las malas lenguas han construido carretera desde el aeropuerto de Quibdo hasta las fincas de su propiedad.

Los auxilios parlamentarios, a fin de cuentas, parecen servir para todo.
Se crean fundaciones, se compran sedes para las fundaciones, se compran camionetas y jeeps para las fundaciones; se contratan secretarias, conductores y celadores para las fundaciones. En la gran mayoría de los casos, las fundaciones, que casi siempre llevan algún nombre de prócer y en la Costa Atlántica suelen llevar el nombre de la mamá o el papá del congresista, son exactamente lo mismo que las sedes políticas del parlamentario. No en vano Alfonso Palacio Rudas ha calificado a los auxilios como "la ley de fomento electoral".

Pero los auxilios también son el fomento de muchos otros problemas.
Han llegado a ser la piedra de toque en las relaciones entre muchos políticos y en la práctica, se han convertido en una cuestión de principios. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que desde su aparición en la escena nacional, prácticamente nunca ha existido una divergencia ideológica entre el parlamentario principal y el suplente y que la mayor parte de las contradicciones que se presenta entre ellos son por causa de la repartición de los auxilios.

EL PROBLEMA NO ES EL ROBO
Pero más allá de las irregularidades que se cometen con los auxilios, la verdad es que la idea de que los congresistas "se los embolsillan", es equivocada. Salvo algunas excepciones, lo que sucede es que los parlamentarios entregan los dineros a su gente, y ésta a veces los utiliza bien,
a veces no. Muchos de los auxilios entregados por los parlamentarios se quedan en los ministerios o en varias entidades del gobierno, que los reciben y duran hasta dos y tres años con ellos, mientras pasan por todos los trámites burocráticos habidos y po haber. Cuando el parlamentario se entera, es porque sus electores ya la han volteado la espalda.

No hay orden de ninguna especie sobre estas partidas presupuestales. Se han dado casos en que en un departamento casi todos los parlamentarios le dan a una misma institución sin saber que los otros ya le han dado. Un ex parlamentario comentaba a respecto: "Lo que hace falta en e Congreso es un computador".

Otras veces es por mucho control burocrático que no se permite que lo beneficiarios de las partidas pueda hacerlas efectivas. Un exceso de cuentas de cobro, fianzas, timbres y viaje de diligencias determina que, en muchos casos, ante la cantidad de requisitos que hay que cumplir para cobrar el auxilio, al beneficiario termine saliéndole mas caro el "caldo que los huevos". De acuerdo con la oficina de presupuesto de la Cámara cerca del 10% de las partidas terminan siendo devueltas al Ministerio de Hacienda por este motivo.

El hecho es que cada político es usufructuario y a la vez víctima de los auxilios, pues son los que le garantizan su reelección, pero cualquier error en su correcta distribución, bien se le puede voltear en su contra.

DEMOCRACIA A LA COLOMBIANA
Con razón se ha dicho que el problema de los auxilios es tan grave para la democracia colombiana, como el del artículo 120. Este artículo, o mejor, su ordinal primero, es la clave, con la famosa carrera administrativa, del problema de los puestos. Y puestos y auxilios son la base del funcionamiento de la democracia parlamentaria colombiana.

Por un lado, los electores se han acostumbrado a hacer política con un criterio mendicante, ya que para ellos, el parlamentario es un hombre al que eligen para que les pague con favores. Y por otro, los parlamentarios se han acostumbrado a esto, en vez de al debate de ideas. No porque no quieran, sino por dos razones: porque el Estado no opera y ellos no pueden presentar realizaciones y porque quien no lo haga, se hunde.

El senador Carlos Holguín Sardi, quien se reclama un defensor de los auxilios a ultranza, afirma: "Son inherentes a la democracia. Cuando uno pide votos, le piden luz y es por eso que votan por uno. A la gente de las veredas del Valle, por ejemplo, le importa un pito que yo sea un gran reformador o no de la Constitución.
A mí no me eligen para que venga a posar de Núñez o de Caro".

Según algunos parlamentarios, el problema no son los auxilios, como no lo es la Constitución, sino que todo radica en el criterio con que se manejen. Para los galanistas, por ejemplo, "eso se volvió una vagabunderia" y piden su eliminación. Otros piensan que lo único que falta es que se reglamenten. Gustavo Rodríguez, senador por Cundinamarca, dice que "todo se solucionaría si se publican los pliegos de cada uno de los parlamentarios, porque eso hasta ahora es un secreto de Estado".

En todo caso, reglamentados no están. Y en eso coinciden casi todos.
Pero la reglamentación, en la practica, no solucionaría nada, porque en el país se institucionalizó la relación política del que pide y el que da, cuando se trata de elecciones para las corporaciones públicas.

Si se llegan a eliminar, como proponen los galanistas, seguramente los políticos tendrían que comenzar por aprender a hacer política.

Pero, sobre todo, el gobierno tendría que buscar la fórmula para preocuparse por un millar de minucias presupuestales, como dotar de tableros a las escuelas de las regiones más abandonadas del país, o de plantas eléctricas a diminutos caseríos del territorio nacional.

Sin embargo, esta posibilidad, en términos reales, es utópica, porque parece no tener apoyo alguno entre los congresistas, de quienes depende exclusivamente la eliminación de los auxilios. Los congresistas saben que a la hora del té, sin los auxilios parlamentarios no hay campaña política que funcione, ni elector que viva de cuentos.-

MERCADO PERSA
La "Comisión de Presupuesto", o Comisión Cuarta, es una de las más cotizadas en el Parlamento. Todos quieren llegar a esta, donde cada departamento o circunscripción electoral tiene derecho a un representante.
Es allí donde se tiene el verdadero poder de negociación de los auxilios.

Según un parlamentario que no quiso ser identificado, "llegar a la Comisión Cuarta de la Cámara o del Senado es tener prácticamente asegurado que la partida de sus auxilios será triplicada". Al ser la Comisión Cuarta la encargada de aprobar el paquete presupuestal que presenta el Ministerio de Hacienda, esto coloca a sus miembros en capacidad de "negociar" ciertas prebendas con el gobierno, como la del aumento de sus propios auxilios.

Pero si se es miembro de la junta directiva de dicha comisión, las sumas pueden ascender hasta 500 millones de pesos en auxilios, lo que constituye una suma francamente tentadora que explicaría la pelea a muerte que se libra entre los congresistas de un mismo departamento, para salir elegidos en dicha comisión. Es tal su poder, que la Comisión Cuarta se ha convertido, además, en el mejor trampolin cuando se aspira a la presidencia del Senado o de la Cámara. En resumen, los miembros de la Comisión Cuarta son los dueños del "mercado persa" de los auxilios parlamentarios, que con frecuencia terminan asignándose en proporción a la gratitud que les merezca el apoyo que hayan recibido de los colegas en el Parlamento.

LA DANZA DE LOS MILLONES
Teóricamente, el presupuesto asignado para los auxilios parlamentarios es de 6.800 millones de pesos anuales, que se dividen en partes iguales entre los 23 departamentos y las cuatro circunscripciones electorales de los Territorios Nacionales. Esto, en matematica pura, significaria dividir 6.800 por 27. Lo que daria algo más de 250 millones de pesos por división administrativa.

Pero en la práctica, esta suma está por encima o por debajo, según sea el departamento del que se trate.

Por ejemplo, Cundinamarca, Valle y Antioquia, que tienen un régimen especial, reciben en total auxilios que están muy por encima de los 250 millones reglamentarios, pues a esta cifra se le suman auxilios que les ceden los Territorios Nacionales. Pero en cambio en Bolívar le toca a cada uno de sus ocho parlamentarios $17.600.000, lo que da un total de 140 millones de pesos en auxilios. En Cauca le asignan a cada uno de sus once congresistas la cantidad de $20.700.000, para un total de $227 millones.

Pero en ningún caso la suma "cuadra". Porque en ella influye la "ventanilla siniestra" de los auxilios en la Comisión Cuarta, por la que se negocian sumas extraoficiales como gabelas por ciertos favores políticos entre el gobierno y los parlamentarios.

Pero, si las sumas no dan, tampoco da la lógica. En Cundinamarca, por ejemplo, donde hay 44 parlamentarios, le toca a cada uno aproximadamente 11 millones de pesos. Pero en cambio en el Chocó, donde existen cinco parlamentarios, a cada uno de ellos le corresponde más de 35 millones. En San Andrés, donde existen dos parlamentarios, le toca a cada uno alrededor de 100 millones. Y hay casos, además, donde existe padre senador e hijo representante por una misma circunscripción electoral donde no pasan de cuatro los parlamentarios, lo que significa que una misma familia puede llegar a ser adjudicataria hasta de 200 millones de pesos en auxilios.

La anterior distribución podría parecerle lógica a alguien que ingenuamente pensara: "¡Qué bueno! Más plata para las regiones más pobres". Lo que esa persona no alcanza a razonar es que las sumas son desproporcionadas hasta en relación con el número de votantes del parlamentario. Así, mientras un representante del Chocó tiene 35 millones de pesos para invertir en las necesidades de sus 15 mil electores, un parlamentario de Cundinamarca tiene 11 millones para atender las necesidades de más de 30 mil votantes. En el Caquetá, mientras tanto, un representante tiene 58 millones para invertir entre sus 17 mil electores. Pero en Antioquia, el parlamentario recibe 10 millones para 25 mil sufragantes.

Esta es la razón de que en los departa mentos grandes, donde hay menos plata para invertir por votante, haya más rotación en el Parlamento que en los departamentos o intendencias de menor población, donde hay más plata para "atender" a los electores, lo que convierte a sus parlamentarios en funcionarios prácticamente inamovibles.

El anterior recuento indica que a nivel del funcionamiento de nuestro Parlamento, ocurren cosas que suenan injustas e ilógicas. Pero es que la institución de los auxilios parlamentarios no tiene ni justicia ni lógica.

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