Con mano dura

La educacion superior es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Pero no cualquier educación, sino una responsable y de excelencia. Este propósito de largo aliento es el eje de la política de educación superior contenida en el Plan Estratégico de 2000 a 2002, y en el que están comprometidos el equipo del Ministerio y del Icfes. En los últimos 30 años el número de instituciones de educación superior se multiplicó por 20 y el de programas creció en una proporción aún mayor. En parte por un interés genuino de aumentar la oferta y la calidad y en ocasiones sólo por afán de lucro; lo cierto es que las alternativas en este nivel educativo se han multiplicado. La proliferación de programas ha conducido a un crecimiento de la oferta, en muchos casos de mala calidad. Tal como se ha confirmado con la labor de inspección y vigilancia que adelanta el gobierno, a la par de programas que cumplen con los requerimientos de ley y de calidad se ofrecen otros que constituyen un vil engaño para los estudiantes. Con frecuencia los alumnos no tienen conocimiento si la institución es legal, si el programa que cursan cuenta con el registro en el Icfes, si es financieramente sostenible o las características de su planta docente. Y al final, cuando surgen las investigaciones y las sanciones, más de uno saca el cuerpo y el estudiante queda en ascuas, con su inversión embolatada. Para encarrilar la educación hacia la excelencia se puso en marcha la estrategia referida que consta de cinco programas: la certificación de requisitos básicos para programas e instituciones, estímulos ciertos a la acreditación voluntaria de excelencia, implantación gradual de exámenes de calidad y fortalecimiento de la inspección y vigilancia del Icfes. La Certificación de Requisitos Básicos para programas establece las condiciones mínimas y necesarias para ofrecer un programa de calidad. Se aplicarán primero en ciencias de la salud e ingeniería y luego serán extendidos a otras áreas del conocimiento. Las instituciones deberán cumplir las condiciones para nuevos programas y operar los existentes. La acreditación voluntaria de programas e instituciones constituye una herramienta seria y justa, tanto para estimular la calidad como para imprimirle transparencia al sistema. Reconocer y premiar la excelencia, como ya lo empezamos a hacer con estímulos fiscales, le da un mensaje claro al sector: que la educación de mala calidad no paga ni se necesita. Una de las grandes deficiencias de la educación terciaria, a pesar de sus evidentes logros, es la carencia de mecanismos de evaluación de la calidad. Para superar dicho escollo decidimos implementar los exámenes de calidad para estudiantes de último semestre. Como en el Brasil, la sola medición logra generar procesos de mejoramiento de la calidad. Nos propusimos cumplir a cabalidad la función de inspección y vigilancia que ha depositado el Presidente en el Ministerio y en el Icfes. Desde hace un mes se realizan visitas sorpresa a instituciones a fin de verificar que estén en regla, para erradicar las de garaje y los programas piratas, pues el país necesita una oferta educativa legal y de calidad. Asimismo el Ministerio, con el apoyo de la Comisión Consultiva, ha adoptado una política exigente para la concesión de personerías jurídicas y aprobación de seccionales, lo cual se ha traducido en la negación, en los últimos meses, de más de 35 solicitudes de creación de instituciones y de seccionales, sin que se trate por ello de crear una barrera infranqueable. No faltará quién asevere que por apostarle a la calidad descuidamos el acceso, lo cual no es cierto. Por eso, y porque es necesario avanzar en ambos caminos, que son paralelos, nos propusimos crear un programa de masificación del crédito educativo, al tiempo en que logremos ampliar la oferta pública, hoy altamente subutilizada e incluso desenfocada. La mayor dificultad que enfrentan los jóvenes para poder ingresar a la universidad tiene que ver con la financiación, pues el costo de las carreras en Colombia está fuera del alcance de más de la mitad de la población. De hecho, sólo el 13 por ciento de los colombianos entra a una institución de educación superior, reflejando una enorme inequidad. El programa de crédito está en su fase inicial y consiste en ofrecer crédito educativo a través del sistema financiero. Debido a los temores naturales de algunos bancos, desacostumbrados a los créditos de mediano plazo, el Fondo Nacional de Garantías asume el grueso del riesgo. Es un ejercicio piloto que incluye a algunas universidades y muy promisorio. Mientras tanto y con el fin de asegurarle al proyecto sostenibilidad, Planeación Nacional negocia un crédito de 150 millones de dólares, que le permitirá al país quintuplicar la oferta de crédito educativo actual. Esta es una noticia extraordinaria, que va a complementar la gestión del Icetex y que dejará listo para su ejecución la actual administración. Debo advertir que, con el ánimo de preservar la equidad del sistema de crédito, contemplará un componente de subsidio para los estratos más bajos de la población. Y para ligarlo a la calidad y la pertinencia entre los criterios de asignación estarán la acreditación voluntaria y el tipo de programa para premiar la excelencia y las carreras tecnológicas. Por último, iniciamos un proceso de análisis conjunto con varias de las universidades públicas del país para ampliar la cobertura y llegar más a los más pobres. Hay instituciones con 10 alumnos por profesor, o dándoles educación prácticamente gratis a quienes sí podrían pagar la matrícula. Es un propósito que estoy seguro comparten los rectores. Un recorrido breve por dos temas cruciales: calidad y acceso. Una pincelada a la educación superior, que tanto necesita el país. Para formar profesionales idóneos, para desterrar el mercantilismo educativo. Para cumplir la función social del Estado, que nos obliga en primera instancia a hacer un uso eficiente de los recursos de todos los colombianos.