Contra el hambre

Cuando Lucho Garzón anunció que su programa bandera sería Bogotá sin Hambre, en la mente de muchos expertos se anidó un temor. La imagen del caudillo repartiendo mercados, tan conocida en la política clientelista del país, apareció como un fantasma. Y es que el asistencialismo -que no es exclusivo de la izquierda- puede ser un alivio grande para los más pobres o convertirse en su peor pesadilla. Depende de si se hace con demagogia -repartiendo comida y cobrando en votos- o con un enfoque de eficiencia social. ¿Con cuál enfoque lo está haciendo Lucho?

Hasta ahora, Bogotá sin Hambre ha fortalecido lo que ya venía haciendo el Distrito años atrás, y ha empezado a esbozar una política de seguridad alimentaria para el largo plazo. Los tres ejes sobre los que se desarrolla la propuesta -nutrición, abastecimiento y movilización- ya tienen algunos resultados tangibles y una cantidad de proyectos en el papel que si resultan bien, pueden contribuir enormemente a combatir la pobreza.

Para empezar, Bogotá sin Hambre ya ha cumplido más del 30 por ciento de las metas que se propuso, dándoles continuidad a los comedores ya existentes, tanto públicos como privados. La cobertura en refrigerios escolares aumentó en 107.980 cupos; los comedores comunitarios, en 36.840 y se amplió la alimentación a fines de semana y vacaciones a 52.000 niños.

El programa de comedores comunitarios es el que concentra la atención de los opositores de Garzón. La concejal peñalosista Gilma Jiménez dice que la estrategia de montar estos comedores es equivocada pues está probado que generan gastos innecesarios y sirven para hacer politiquería. En concreto, critica que al Distrito cada almuerzo le cueste 2.500 pesos, de los cuales 1.000 son para la adecuación de los comedores y los gastos de administración de las organizaciones que prestan el servicio. Jiménez no entiende por qué muchas de ellas, como Fenavip, una organización viviendista que estuvo en la campaña de Lucho, tienen comedores. Eduardo Díaz, coordinador de Bogotá sin Hambre; defiende la decisión de apoyarse en organizaciones comunitarias, pues casi todas ellas venían trabajando con el banco de alimentos de la Arquidiócesis, que certifica que no son organizaciones de papel y que actúan con transparencia. "Encontramos una enorme solidaridad de los bogotanos. La Arquidiócesis tiene en su base de datos 451 que son iniciativas de la comunidad. ¿Por qué vamos a desconocerlas y empezar de cero? Nosotros no sufrimos del complejo de Adán", dice Díaz. Adicionalmente, el Distrito sólo financia 1.500 pesos del valor total de cada almuerzo, mientras las organizaciones sociales o los fondos locales aportan el resto, generalmente representado en locaciones, trabajo voluntario, servicios públicos, etc. La idea es que en los comedores la gente no sólo reciba un plato de comida, sino que otras secretarías como Salud y Educación les brinden servicios.

Bogotá sin Hambre no es un programa sólo para repartir almuerzos. El Distrito ya está dando los primeros pasos en un ambicioso proyecto de organizar la oferta y la demanda de alimentos en las localidades. Se está trabajando una red de comedores comunitarios, organizando a los tenderos y plazas de mercado para que se surtan directamente de los productores y convertir a las plazas en centros de negocios. Es un hecho que el 33 por ciento de la comida que se produce en el país se cultiva en los alrededores de Bogotá, y esa es la oportunidad que quiere aprovechar la Alcaldía para eliminar intermediarios que generalmente encarecen los costos. Se está iniciando una primera fase en Usme y Ciudad Bolívar, y se espera que con esta estrategia se disminuya en 10 por ciento el valor que hoy tienen los alimentos en estas localidades. De hecho ya se hizo una primera 'rueda de negocios' en la localidad de San Cristóbal, donde participaron tenderos y productores agrícolas de municipios aledaños.

No obstante los significativos avances del programa, una de las preocupaciones que subsisten es que los beneficiarios se vuelvan dependientes y que no se busque una solución estructural a su situación de pobreza, que no es otra que aumentar el ingreso. En muchos programas es importante que además de recibir un beneficio, la gente se comprometa a mantener a sus niños en la escuela o se capacite para que en el mediano plazo ingrese al sistema productivo. Esta es una de las críticas que con más ahínco hace la bancada peñalosista. "No se sabe hasta cuándo una persona reciba este beneficio, algo que no puede ser eterno", dijo Jiménez. Eduardo Díaz, por su parte, dice que la alimentación es un derecho que no prescribe. Este es uno de los aspectos clave que la Alcaldía tendrá que resolver si quiere blindar el programa contra el clientelismo y lograr que los más pobres sean ciudadanos con todas las de la ley. En este tema necesita menos romanticismo y más indicadores para medir el éxito de sus acciones.

De otro lado, la estrategia de movilización ciudadana alrededor del hambre está en ciernes. Ya se firmaron convenios con 41 universidades para trabajo voluntario de por lo menos 10.000 estudiantes, y se han vinculado 29 fundaciones empresariales y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras. También se han canalizado donaciones antes dispersas. Carrefour, por ejemplo, ha donado 14 toneladas de alimentos. "Bogotá sin Hambre y el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis garantizan la transparencia y eficacia en la entrega de estas donaciones, que realmente lleguen a la gente que lo necesita", dice Nicolás Umaña, jefe de comunicaciones de Carrefour. Lo mismo está haciendo Cafam, Éxito, Carulla, Corabastos y hasta el sindicato de la ETB, que aporta el 10 por ciento de lo pactado en su última convención colectiva.

En conclusión, hasta ahora Bogotá sin Hambre ha mostrado un justo equilibrio entre asistencialismo y criterios técnicos. Un equilibrio que se pondrá a prueba ahora que, aprobada la reelección, arranquen las campañas electorales.