Especiales Semana

CORRUPCION

Definitivamente Colombia es un país de cacos: el año pasado le robaron al Estado 100 mil millones de pesos.

8 de abril de 1991

El último estudio sobre delincuencia en Colombia demostró que mientras todos los delito cometidos en el país crecían a una tasa del 39.7 por ciento anual, los atribuído a empleados públicos (celebración indebida de contratos, prevaricato, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, por citar algunos) lo hacían al 164.1 por ciento.
Pero la impunidad es tal que las sentencias condenatorias son negativa en 11.9 por ciento.
El grado de corrupción administrativa tomó tal vuelo que la información de la prensa sobre el asunto ocupa hoy mucho más espacio, que la referente a los actos terroristas o la violencia que vive el país. Durante los primeros ocho días del mes de marzo, la opinión pública conoció un listado casi interminable de delitos e irregularidades de funcinarios públicos de Colombia. Separados de sus cargos 14 empleados del Seguro Social por elaborar pensiones ficticias. Desidia en la Empresa de Transporte Urbano de Bogota. Al descubierto máquina fantasma de trámite en la Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Bogotá. Ultimátum al alcalde de Barranquilla para que sanee las Empresas Públicas. Por la pavimentación de una calle de la capital del Atlántico, que debió costar 900 millones de pesos, se pagaron 2.389 millones de pesos. La Procuraduría denuncia absolución irregular de directivos de la Empresas Municipales de Cali que recibieron sobornos por unos 80 millones de pesos de la Constructora Brugués. El superintendente de Notariado y Registro, Benjamín Ardila Duarte, reconoce que le mintió a la opinión pública sobre anomalías en la entidad a su cargo. El expresidente Carlos Lleras denuncia enriquecimiento ilícito de un senador. De la Tesorería Departamental del Atlántico desaparecen estampillas de licores por 77 millones de pesos.
La Corporación Financiera de Transporte, denunciada por la Contraloría por malos manejos, es tomada por financieras estatales para salvarla. La Procuraduría investiga a 29 parlamentarios y 1.261 funcionarios de Aduanas por enriquecimiento ilícito, mientras advierte que sancionó a 507 miembros de las Fuerzas Armadas. El Instituto de Aguas de Boyacá fue acusado de no invertir dineros entregados por Ecopetrol por concepto de regalías. Recaudos de impuesto predial de Bogotá por 80 millones de pesos fueron esfumados por 14 funcionarios. El alcalde de la capital de la Republica denuncia graves irregularidades en el Registro Unico de Proponentes en la administración distrital. Y al terminar la semana, se pone al descubierto el millonario robo a la Caja de Previsión Nacional.

Ocho días de noticias sobre peculados, prevaricatos, omisiones, abusos, usurpaciones, ineficiencia, impunidad, clientelismo, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y decenas de irregularidades más, que se resumen en una sola palabra: corrupción.
Una enfermedad con la que se acostumbró a vivir el país durante muchos años y que tomó tal fuerza, que muchos ya identifican a ese grupo de funcionarios corruptos como