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| 12/21/2003 12:00:00 AM

Costos y beneficios de la relación 'especial' con Washington

A la guerra antinarco se le sumó la antiterrorista. Pero en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos todo cambió para que todo siga igual.

La politica exterior de la administración de Alvaro Uribe se ha fundamentado en tres supuestos básicos. Primero, en un contexto global caracterizado por la centralidad de la guerra contra el terrorismo (y, en menor medida, contra las drogas ilícitas que financian las actividades terroristas), los intereses colombianos son altamente compatibles con los de Washington. Segundo, y como resultado de lo anterior, las relaciones con Estados Unidos son prioritarias, constituyéndose el filtro por el cual Colombia debe medir su interacción con el resto del mundo. Tercero, la subordinación del país ante los designios estadounidenses trae beneficios considerables que no se podrían obtener ni de otros países ni de posturas más autónomas vis-à-vis Estados Unidos.

Una evaluación somera de las relaciones bilaterales lleva a la conclusión de que esta estrategia, que nació a finales de la administración de Andrés Pastrana, ha sido acertada. Entre 1999 y 2003 Colombia recibió alrededor de 2.500 millones de dólares en ayuda militar, un aumento sustancial si se compara con los valores de años anteriores. De hecho, al cerrar este año, el Congreso de Estados Unidos aprobó más de 700 millones de dólares para 2004. Junto con estos montos, que convierten a Colombia en el tercer receptor de ayuda militar después de Israel y Egipto, la misión de Washington en el país también se ha ampliado.

El combate contra el terrorismo, y no la lucha contra las drogas, es ahora la meta principal del gobierno de George Bush, lo cual ha permitido al gobierno de Uribe hacer compatible su propia política de seguridad democrática con la de su colega estadounidense. El primer mandatario colombiano ha sido elogiado por funcionarios de ese país como el "Tony Blair" de América Latina, en alusión a su compromiso activo con la cruzada mundial antiterrorista.

Y contra algunos pronósticos, Estados Unidos oficializó recientemente su intención de negociar un acuerdo comercial bilateral con Colombia. Todo lo anterior ha hecho a la administración actual merecedora de altas calificaciones en el campo de la política exterior.

Una apuesta arriesgada

Sin el ánimo de ser aguafiestas, ni de desconocer los beneficios tangibles de la relación 'especial' con Washington, una lectura menos ingenua y más sistemática permite afirmar que la apuesta del presidente Uribe es bastante alta y que no está exenta de riesgos cuyos costos potenciales ya empiezan a perfilarse. Veamos:

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y el rompimiento del proceso de paz con las Farc el 20 de febrero de 2002, cambiaron la naturaleza de la relación bilateral y le permitieron a Pastrana armonizar su discurso interno con el de su política exterior, en torno a la guerra contra el terrorismo. Desde que inició su gobierno, Uribe ha sido aún más enfático en la vinculación de la guerra en Colombia con el terrorismo global, con lo cual su alineamiento con la política estadounidense ha sido más estrecho. Prueba de ello fue la decisión de Colombia de sumarse a la coalición de países que respaldaron a Estados Unidos en la guerra en Irak.

La inserción del conflicto armado en la lógica de la guerra mundial antiterrorista ha transformado el carácter de la ayuda militar de Estados Unidos. En vez de circunscribirse a la lucha contra las drogas, para la cual ha sido aprobada la mayoría de la ayuda estadounidense, todos los fondos y equipos que el país recibe pueden usarse hoy para combatir el terrorismo. Así mismo, por primera vez desde la finalización de la Guerra Fría, Washington está financiando actividades militares no relacionadas con el narcotráfico, entre ellas la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas y el entrenamiento militar contrainsurgente.

Si bien la relación bilateral tiene como prioridad la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el problema de las drogas sigue ejerciendo un peso innegable. El presidente Uribe no sólo ha apoyado al Plan Colombia sino que ha intensificado uno de sus componentes más polémicos, la fumigación aérea, con el argumento de que los grupos armados financian sus actividades con fondos derivados del narcotráfico. Estos esfuerzos se vieron reflejados en la disminución del número de hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia en los años 2002 y 2003.

A pesar de ello la guerra contra las drogas no ha sido del todo exitosa. Una porción de los cultivos ilícitos se ha trasladado de las zonas tradicionales del Putumayo y el Caquetá hacia otras partes del país, al tiempo que los cultivadores de hoja de coca han aumentado la velocidad con la que resiembran sus cultivos, ante la inexistencia de políticas efectivas de desarrollo alternativo. Otra parte de las hectáreas erradicadas en Colombia ha sido compensada por aumentos en Bolivia, cuyos cultivos han crecido durante tres años consecutivos. Y la amapola colombiana produce una heroína cuya pureza es dos veces mayor que la de otros países, y que hoy surte alrededor del 60 por ciento del mercado estadounidense.

Además la fumigación aérea con glifosato ha generado problemas de salud pública, la destrucción de otros cultivos legales en las zonas en donde ésta se realiza, la contaminación de aguas, y el deterioro ambiental en general. No obstante, el Congreso estadounidense acaba de autorizar al gobierno Uribe llevar a cabo fumigaciones en las reservas naturales del país.

Las exigencias

La relación 'especial' entre Colombia y Estados Unidos, sin embargo, no implica un cheque en blanco para el gobierno Uribe. El desembolso de la ayuda está condicionado al cumplimiento de varios puntos relacionados con los derechos humanos que van desde la suspensión de militares involucrados en violaciones hasta la eliminación de los nexos entre militares y paramilitares, y el desmantelamiento definitivo de estos últimos. Diversos informes realizados por ONG, el Departamento de Estado y la ONU sugieren que los resultados en este frente han sido relativamente pobres, lo cual podría eventualmente empañar las relaciones con Estados Unidos.

Por otro lado, aunque el gobierno estadounidense ha apoyado el proceso de desmovilización de las AUC, también ha afirmado que no dejará de solicitar en extradición a algunos lideres paramilitares por su participación en casos de narcotráfico. Frente al proyecto de alternatividad penal, el embajador estadounidense, William Wood, dijo hace poco que tiene que haber castigo para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Más problemática aún es la posición de la Unión Europea, cuya ayuda humanitaria a Colombia supera los 165 millones de dólares. En julio de 2003 el gobierno colombiano suscribió y celebró como un triunfo diplomático la declaración de Londres. Según este texto, la ayuda europea se circunscribe al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Además de que la administración Uribe ha incumplido la mayoría de las sugerencias propuestas, algunas de sus políticas, en particular el estatuto antiterrorista, que acaba de ser aprobado por el Congreso de la República, y el proyecto de ley de alternatividad penal, contradicen abiertamente dichas observaciones. Esta incoherencia puede ocasionar bochornosos incidentes diplomáticos y, eventualmente, la pérdida de la ayuda europea.

¿Y los otros países?

El predominio de la relación bilateral de Colombia con Washington puede afectar en forma negativa su interacción con otros países y, en particular, con los vecinos. El presidente Uribe es considerado como el portavoz de las políticas antidrogas y antiterroristas de Estados Unidos en la región. La centralidad de Colombia como aliado incondicional de Washington y reproductor de sus estrategias de seguridad ha hecho difícil convencer a los vecinos a comprometerse activamente con la guerra contra el terrorismo en este país. Declaraciones como la del Grupo de Rio en Cuzco, en mayo de 2003, en donde los países latinoamericanos apoyaron la lucha contra las drogas y el terrorismo, e instaron a la ONU a adoptar un papel de mediación en el conflicto colombiano, no se han traducido en la identificación explícita de los actores armados, especialmente las Farc, como terroristas. En el caso de las relaciones colombo-venezolanas, la crisis de confianza que existe entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez se ha empeorado a raíz de sus posiciones opuestas sobre el papel de Estados Unidos en la región.

Otro ejemplo de la incidencia de la relación 'especial' con Estados Unidos en otras esferas de la política exterior colombiana es el comercio. En mayo de 2003, durante su visita oficial a Washington, el presidente Uribe solicitó una negociación bilateral con Estados Unidos. El 18 de noviembre el representante comercial estadounidense, Robert Zoellick, oficializó la intención del gobierno Bush de iniciar dichas negociaciones. La suscripción de un acuerdo bilateral con Estados Unidos parece oportuna, no sólo porque éste es el socio comercial más atractivo de Colombia sino porque no hacerlo significaría perder competitividad frente a otros países, entre ellos los centroamericanos, en el mercado estadounidense.

Las ventajas y desventajas de un acuerdo de esta naturaleza, sin embargo, no se han identificado con precisión. Por ejemplo, un estudio realizado por la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana indica que la suscripción del acuerdo con Estados Unidos podría afectar a unos 800 productos colombianos que se exportan a Venezuela, el segundo socio más importante de Colombia, los cuales perderían su ventaja frente a productos similares de Estados Unidos. El gobierno colombiano tampoco parece tener una estrategia de negociación clara, ni una definición precisa de sus intereses estratégicos y prioridades, al tiempo que no tiene la certeza de poder mantener el favorable régimen actual que, bajo el Atpdea (el nuevo Atpa) permite el ingreso sin arancel de los principales productos de exportación de Colombia al país del norte.

La política exterior de la administración Uribe refleja su programa nacional, el cual se basa en el fortalecimiento de la seguridad y la guerra contra los denominados actores terroristas. Para ello el mantenimiento de una relación 'especial' con Estados Unidos, así sea a costa de las relaciones con otros actores, ha sido fundamental. El gobierno considera que la coyuntura obliga y hace rentable una estrategia de subordinación. Si bien la política hacia los Estados Unidos difícilmente podría ser distinta -su ayuda es indispensable- sí es válido preguntar si la relación costo-beneficio no se podría mejorar con la introducción de matices distintos o con la diversificación de la política exterior hacia otros países. Al preservar un mínimo de autonomía en su relación con Washington, el presidente Uribe podría fortalecer espacios de interlocución con otros actores internacionales, la Unión Europea, los países latinoamericanos y la ONU, primordialmente, cuya participación en la resolución de la crisis colombiana es fundamental. Estos, a su vez, podrían repercutir positivamente en la capacidad de negociación de Colombia frente a Estados Unidos.

Lo anterior cobra una mayor importancia cuando se considera que hay algunas dudas sobre la viabilidad futura de la 'relación especial' y, en particular, su sostenibilidad en Washington. La bancada demócrata de la Cámara de Representantes ha mostrado una cierta fatiga con el apoyo a Colombia. Además, 2004 será un año electoral en Estados Unidos en el que, además del efecto que tendría un cambio en la composición de fuerzas partidistas, se caracterizará por un mayor peso de los intereses locales, entre ellos la situación económica y el empleo, que se puede traducir en una política exterior más prudente y cuidadosa.

*Profesora de los departamentos de Ciencia Política de las universidades de Los Andes y Nacional de Colombia
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