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| 8/16/1982 12:00:00 AM

CUANDO UN FUCIONARIO DEFIENDE A LOS INDIGENTES

El telón de fondo: una vieja historia de atropellos y violencia complicada ahora por traficantes de coca

CUANDO UN FUCIONARIO DEFIENDE A LOS INDIGENTES CUANDO UN FUCIONARIO DEFIENDE A LOS INDIGENTES
TIMBIQUI, CAUCA
La Junta Acción Comunal Timbiquí lamenta secuestro distinguida Gloria Lara de Echeverri, cuya honestidad tanto ha servido comunidad nación. Esta Junta ofrece 200 mil pesos por liberación dama que hace honor sociedad colombiana. Agradecemos transcripción presente mensaje distinguido esposo y familia.
Jorge Tomás Grues

Cuando este cable llegó a las oficinas de la Acción Comunal en Bogotá, hacía tres días que Gloria Lara estaba secuestrada. Era la respuesta lógica a una serie de relaciones tejidas a lo largo de los cuatro años que ella llevaba al frente de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, entidad del Ministerio de Gobierno que maneja los asuntos indígenas, además de todos los organismos de acción comunal del país.
Poco antes de su secuestro, la dependencia dirigida por Gloria sacó a la luz un libro llamado "Colombia Indígena", cuyo prólogo y epílogo fueron escritos por ella. Por primera vez en la historia reciente, un funcionario gubernamental se pronunciaba claramente sobre el problema indígena del país. Ese funcionario es Gloria Lara. Y su tesis, sostenida en esa publicación, abria el camino de la arena política nacional, y, por qué no, del Congreso de la República, a esas discusiones de vereda que sostienen guahibos o guambianos, paeces y arhuacos, sobre asuntos de vital interés para el país, y a los cuales rara vez se atiende.
El epílogo escrito por Gloria era corto y contundente: "son varios siglos de sometimiento que han dejado honda huella en estas culturas en vía de extinción por fuerzas políticas represivas, equivocadas, hecho que hoy comentamos sin poder volver al pasado, añorando en razón del proceso de desenvolvimiento que ha venido operando en nuestro país. El menosprecío, la persecucion, acoso y el vilipendio se han inflingido al nativo como si fuera un salvaje, un ser inferior que no mereciera tratamiento humano".
Se refería al despojo de que han sido objeto decenas de comunidades indígenas del país, durante casi cuatro siglos, al punto de que la población nacional de estos grupos etnoculturales ha sido calculada en sólo quinientas mil personas.
Este despojo, con el que Gloria debió entenderse directamente al llegar a esa dependencia gubernamental, se centra principalmente en las tierras de los resguardos concedidos a las comunidades por la Corona en documentos tan válidos como los que sustentan las fronteras del país. Los resguardos-amplias extensiones de tierra claramente delimitados en regiones que han sido asiento milenario de los indígenas-han sido mordisqueados y lentamente reducidos por el crecimiento de los latifundios.
El problema hizo explosión en el Cauca, hace aproximadamente doce años, cuando se constituyó el Comité Regional Indígena del Cauca, enteramente integrado por indígenas paeces y guambianos que seguían la tradición de su antecesor Quintín Lame, y cuyos objetivos eran extraordinariamente claros: recuperar las tierras perdidas a través de expropiación física, haciendo prevalecer los títulos virreinales a las escrituras de los terratenientes, que en muchas ocasiones están viciadas de nulidad.
Los mismos indígenas han encontrado mecanismos de defenza en los defectos de la ley colombiana. Desde 1896, el indígena es un menor de edad incapacitado para realizar tratos comerciales, según la legislación que rige desde entonces. Por ello, muchas transacciones de tierra efectuadas en desventajosas condiciones, principalmente por sacerdotes, que concluyeron en un traspaso de tierras a los latifundistas teniendo como intermediario ganancioso a la iglesia, carecerían de validez de acuerdo a los sólidos planteamientos de las comunidades.
Al igual que en el Cuzco a finales de 1960, el Cauca vivió en los setentas la realización de un movimiento comunal indígena. Ellos "recuperaron" tierras que les pertenecieron siempre. Y los terratenientes las "perdieron por invasión".
Estas dos tesis, radicalmente opuestas, han desembocado en una serie de enfrentamientos políticos y sociales traducidos muchas veces en violencia. El colono o el latifundista se siente lesionado, eleva denuncias, y el ejército o la policía inician acciones que después son calificadas como expolios por parte de indígenas indefensos. Los mismos indígenas han ido armándose y preparándose para enfrentar la situación, al punto de crear una zona de guerra virtual o de militarización según la época.
El cultivo de coca en los mismos latifundios recién formados, escudado en la tradición indígena del "mambeo", ha agudizado el problema radicalmente, llevando la violencia del narcotráfico a indígenas que nada tienen que ver con él. Tras la muerte violenta de un policía y varios indígenas de la familia Ulcué, en febrero de 1982, se celebró el Primer Congreso Indígena Nacional, cuya principal conclusión apunta a recuperar las tierras de los resguardos virreinales.
No se permitió a los organizadores del Congreso celebrarlo dentro de Bogotá. Dos mil indígenas debieron reunirse en Bosa, población cercana a la capital. Presiones de algún sector de los terratenientes sobre los políticos se hicieron sentir finalmente sobre los indígenas. Las mismas presiones que abaten a la policía, muchas veces integrada también por indígenas sobre las comunidades, y que afecta a todo aquel que, siendo ajeno, se introduzca en el problema indígena. Como Gloria Lara.

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